Un Rediseño Conceptual para Abordar El Problema Educacional Chileno

I. INTRODUCCIÓN

Se ha hecho común el abordar los problemas del ámbito de la educación, particularmente aquellos que dicen relación con el rol que debería cumplir el Estado, asimilándola con un servicio susceptible de ser transado libremente. Esta aproximación se asocia al conjunto de reformas aplicadas sobre el Estado en nuestros países, particularmente con relación a su tamaño y ámbito de acción, en forma consonante con una tendencia otorgada al mayor rol del mercado, y que ha ido avanzando en todo el mundo. Ello ha correspondido a giros efectuados en las tendencias políticas y económicas de la posguerra, destinados a afianzar el logro de un mayor crecimiento, estabilidad y democratización económica, como asimismo a rescatar la necesidad de una mayor ingerencia privada en decisiones económicas, y eventualmente restaurando un Estado más fuerte en ámbitos en los que éste no resulta reemplazable. Sin embargo, estas tendencias también se han derivado de las consecuencias económicas de la expansión del Estado, y la pérdida de condiciones de equilibrio sustentable en lo económico, con riesgo de afectar negativamente al crecimiento. Por el énfasis en este tema, las cuestiones trascendentes en términos de equidad y de resultados estratégicos para el país en lo social y lo político no han sido abordadas en forma satisfactoria, quedando las reformas en este campo en una especie de “tierra de nadie” o en medio de una inconveniente decisión respecto de la mezcla óptima entre Estado y mercado.

Naturalmente, la reforma del Estado en el ámbito educativo abre una serie de temas que tienen que ver con el desarrollo de la educación en el contexto del proceso de desarrollo económico. Está fuera de discusión que el Estado debía reformar sus estructuras anquilosadas, abrir nuevas oportunidades al sector privado, concentrarse en materia de regulación y financiamiento, permitir una labor más amplia para los mercados, y contribuir a la estabilidad económica. Pero es también indudable que la aplicación de una total aproximación privatista a los ámbitos relacionados con los recursos humanos del país, tiene efectos muy negativos en el campo de la eficiencia y en el de la equidad. Nuestro país enfrenta un reto de singular importancia en términos de equidad, lo cual está centralmente vinculado a educación y a las potencialidades que ésta representa en materia de movilidad social y de preparación de los recursos que se necesitan para crecer y diversificar nuestra actividad productiva. Es importante destacar que el retiro del Estado de esta actividad no es, por una parte, compatible con la experiencia internacional exitosa que conocemos ni, por otra, aceptable en términos de la existencia de una brecha en calidad como la hoy día existente entre lo público y lo privado. Creo que un aporte importante en esta discusión debería consistir en proponer ideas y políticas que tiendan a restaurar un sano equilibrio entre el desenvolvimiento privado y el público en materia educacional, teniendo presente las significativas consecuencias que podría acarrear para el futuro económico y social del país el mantener un sistema con los problemas que abriga indiscutiblemente el presente.

II. EL GRAN RETO DEL PAIS

Enfrentamos el gran desafío y la real posibilidad de alcanzar el desarrollo económico. Se trata, indudablemente, de un desafío no menor, ya que el concepto de desarrollo incluye el mejoramiento en una serie de indicadores poblacionales, sociales, económicos y de bienestar, en general, y no únicamente aquél popularizado del ingreso per cápita aunque, sin embargo, éste deba mantenerse en el corazón mismo del objetivo de desarrollo. En efecto, dicho proceso debe también alcanzar estándares satisfactorios y sostenibles en materia ambiental y en cuanto a la gestión de los recursos naturales no renovables, aspectos en los que tienden a primar efectos negativos durante las primeras fases de una expansión económica de tipo permanente. Se trata también de alcanzar con indicadores de salud, educación y previsión que en términos de calidad y cantidad sean aceptables de acuerdo al creciente nivel de ingreso per cápita y los recursos globales disponibles por parte de la sociedad; por supuesto, en estos ámbitos el problema no solo tiene que ver con los promedios alcanzados a nivel de toda la población, sino también con la distribución de estos indicadores de bienestar social entre las personas y grupos sociales, ya que el concepto de justicia distributiva, que se une al concepto de desarrollo, encuentra su manifestación de mayor importancia en estos elementos, tanto como en la mayor disponibilidad de infraestructura social.

Pero, asimismo, el desarrollo implica la generación de oportunidades para que todos puedan contribuir en forma efectiva y relevante a la expansión productiva y que, por esa vía, sean todos también acreedores a los beneficios del crecimiento. Se trata del tema de la productividad, que implica que el desarrollo no pueda desligarse de las necesarias oportunidades que deben proveerse para el mejor desempeño en el mundo del trabajo. Educación capacitación y entrenamiento son entre muchos otros elementos relevantes, factores conducentes a una contribución productiva capaz de deriva en mejoras distributivas.

Finalmente, el desarrollo –en su concepción más integral-- debe llevar en sí mismo la conformación de una sociedad más humanista, más solidaria, en donde prime el respeto mutuo como un factor de convivencia y preservación social, y en donde, de las relaciones de pura dependencia que caracterizan a las etapas más primarias de la organización social, se pase a una de convivencia basada en igualdad. Naturalmente, se trata de una igualdad a nivel de personas y de seres con participación equivalente en el conjunto social, en donde prime una ética de pares. Las personas pueden ascender, para lo cual deben estar dotadas de las mismas oportunidades y el conjunto debe hacer esfuerzos por llevar adelante la igualdad de condiciones para aprovechar tales oportunidades y poder así acceder a mejoras en la esfera material De eso se trata en esencia la igualdad. Se trata de una igualdad entre seres humanos cuyas diferencias deben naturalmente radicar en las diferentes aptitudes y elecciones de cada uno, pero no en la existencia de desiguales condiciones o falta de oportunidades, que el propio conjunto social debe facilitar para garantizar su estabilidad y desarrollo de largo plazo. Aquí hay que hacer un comentario sobre las poco ilustradas interpretaciones respecto del sentido que adquiere el principio de igualdad por parte de algunos, que pretenden leerlo como un ánimo socialista de viejo cuño, en orden a instaurar una igualdad en el campo material a rajatabla, en forma independiente de las aptitudes y elecciones de las personas. La subsistencia del cuerpo social en forma sana, en un contexto de largo plazo, depende de su estabilidad en el sentido más amplio, y de las perspectivas que proporciona la formación de nuevo capital; ese equilibrio está en gran parte asociado a la provisión de adecuada información y a la existencia de igualdad de condiciones para poder acceder a una igualdad de oportunidades, en que puedan todos ejercer adecuadamente sus opciones en función de capacidades y preferencias y con ello se legitimen las naturales diferencias que deben caracterizar a una sociedad diversa y tolerante.

Como puede deducirse de las anteriores consideraciones, nuestro país tiene un largo camino que recorrer para poder constituir una sociedad desarrollada en el ámbito material, pero uno aún más largo y complejo para acceder al desarrollo más ampliamente concebido en el ámbito social y humano. Si uno sólo se restringiera al limitado indicador del ingreso per cápita (esto es, cuantos dólares promedio tiene cada habitante de acuerdo al valor del producto interno bruto) nuestro país tiene al menos para una veintena más de años, pensando en un crecimiento promedio anual de 7 por ciento; si se piensa que esa es una cifra respetable, y que podríamos sólo aspirar al numero más modesto de 5 por ciento por año, entonces nuestras perspectivas de desarrollo (en este limitado concepto cuantitativo) se ubican en el contexto de poco más de treinta años. Definitivamente pues, una labor que se proyectará sólo en beneficio de la generación siguiente (y quizás de la subsiguiente!), lo cual obliga a poner en perspectiva muy crítica nuestro cortoplacismo tan cuestionado pero frecuentemente tan cultivado a todos lo niveles.

Piénsese que el objetivo del desarrollo –en esos limitados conceptos cuantitativos—debe requerir una inversión significativa como porcentaje del PIB, quizás alcanzando a más de 30% del mismo. Y también, por ello, ha de requerir tasas de ahorro nacional mucho mayores que las modestas que tanta inestabilidad causan actualmente a la necesaria inversión. Y todo ello debe requerir estabilidad y claridad en reglas del juego, especialmente en un mundo en que se compite de forma tan cruenta para atraer la inversión externa y conquistar mercados de exportación, sin desatender los ámbitos sociales que la gente exige priorizar y que son, a su vez, condición sine qua non para la ocurrencia de mayor inversión y crecimiento. En definitiva, a pesar de lo bien que ha venido funcionando la economía de Chile durante una docena de años, no olvidemos que hay una historia de décadas y siglos, quizás, que pone firmemente la apuesta en el lado del fracaso, de la influencia de los temores sociales, de los grandes antagonismos internos, del peso negativo de nuestras trabas culturales, de nuestra mediocridad económica, etc. Nuestra Inferioridad Económica, como anotó Encina, manifestada en profundos desequilibrios sociales, como indicó certeramente Aníbal Pinto, puede ser, paradójicamente y en definitiva, la causa de una nueva frustración en nuestro desarrollo.

Por ello, tampoco debe olvidarse que nuestros indicadores en el campo de la equidad, son de los peores del mundo. Chile ha sido comparado muchas veces con los tigres asiáticos en vistas a su exitosa experiencia económica reciente; pues bien, en estos países la diferencia entre pobres y ricos (promedios de los 20% respectivos en la distribución del ingreso familiar) es a lo más de 1 a 11, mientras que en Chile la diferencia es de 1 a 18. Se destaca, pues, nuestra distribución del ingreso como una de las peores situaciones relativas a aquellas prevalecientes en Latinoamérica (con la excepción del Brasil), y ciertamente mantiene un estándar muy por debajo de aquellos observadas en los países industriales. Una desigualdad que en los últimos 12 años no ha cambiado prácticamente en nada, a pesar de los significativos avances que se han efectuado en orden a reducir la pobreza e indigencia. Para algunos, este es un resultado que en nada debe sorprender, ya que lo único que debe importar es el nivel de pobreza, no las diferencias entre los que tienen más y los que menos, por odioso o significativo que sea el monto de la brecha.

Sobre este tema ha existido un prolongado debate en economía, aún no concluido pero enriquecido últimamente por la noción de que importan mucho los desequilibrios sociales en orden a garantizar el medio ambiente apropiado para la inversión y el crecimiento. Tampoco existe un acuerdo claro en economía respecto a cómo proceder para mejorar la distribución del ingreso, aunque está claro que éste sólo puede constituir un objetivo a alcanzar en el mediano a largo plazo. Por otra parte, lo malo de la realidad prevaleciente en este campo es que ella no garantiza igualdad de oportunidades, que hemos dicho es una condición importante para el desarrollo; más bien, esta situación indica que estamos tratando con dos países (o más), un factor que obviamente no es proclive a la estabilidad social que precisa la inversión y el crecimiento. En otras palabras, es difícil pensar que en estas condiciones se pueda alcanzar en forma estable el 7 o aún el modesto 5 por ciento que permitiría alcanzar el desarrollo cuantitativo en una treintena de año. Y ni hablar de lo que ello implicaría en términos de indicadores de calidad y cantidad de salud, educación y previsión que tendrían los miembros de las distintas sociedades al interior de una que pretende constituir un país integrado.

Me parece fuera de discusión que el país tiene que avanzar en el campo distributivo para garantizar la estabilidad que necesita el desarrollo en su sentido más amplio. Con esto no me refiero a que sea necesario introducir políticas de corto plazo que corrijan en forma ex-post las deficiencias de ingreso relativo generadas por políticas inapropiadas del pasado –y reflejadas en distintas condiciones en el presente– con el objeto de igualar oportunidades.- Hay, ciertamente, mucho que corregir en este campo. Pero quiero referirme al más trascendente, que es el del largo plazo y que consiste en la construcción de un mundo de nuevas oportunidades a través de la generación de una igualdad de condiciones para que las personas puedan elegir informada y libremente, y en donde se den a conocer en forma efectiva y libre las aptitudes verdaderas. Y es en este terreno donde es posible concordar en la necesidad de un revolucionario proyecto educacional para Chile.

III. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN EN CHILE

Sabemos que la educación es un factor de igualación de condiciones y un instrumento de movilidad social de alta efectividad. También sabemos, por cierto, que la educación tiene entre sus atributos el de incrementar la productividad de las personas, además de enriquecer sus valores y fortalecer su socialización. Sabemos que, sin embargo, en Chile predominan factores que diferencian la educación que reciben pobres y ricos en términos de calidad, lo cual contribuye a profundizar la brecha. Sabemos, además, que prevalecen profundos desequilibrios interregionales e interculturales, manifestación del mismo problema de inequidad. Sabemos que esta situación no potencia la estabilidad social y económica en un contexto de largo plazo, y que, por el contrario, ella alimenta la actual desigualdad en términos de ingresos y de oportunidades para acceder al bienestar material en el contexto de una economía de mercado, desacreditando injustamente a veces la operatoria de los mecanismos de mercado por su inapropiado uso en materias sociales.

La educación fue en el pasado un poderoso agente de movilidad social; piénsese que país tendríamos hoy si hubiese prevalecido en los años 40, 50 y 60 una educación tan segregada en calidad como la que hoy día existe, y en donde se hubiera competido y puesto a precios de mercado todas las oportunidades disponibles. Un gran número de empresarios, políticos, académicos, profesionales, intelectuales, artistas no estaríamos donde actualmente estamos, no habríamos podido contribuir al país que hoy tenemos y, posiblemente, ni siquiera habría tenido lugar el boom productivo de los últimos 12 o 14 años. Y muchos de esos beneficiados del pasado son los que hoy, paradójicamente, execran en forma taxativa la educación provista por el Estado y alegan por la preeminencia de reglas del mercado parejas para todos, a pesar de los distintos puntos de partida.

Si se examinan los resultados de las pruebas nacionales, es fácil dar de los diferentes tipos de educación que damos en Chile en función de la situación de riqueza (o de pobreza). Si se examinan, por ejemplo, los puntajes de la PAA, las brechas existentes son claramente un indicador de diferentes condiciones para aprovechar una teórica “igualdad de oportunidades” frente a la educación superior. Las escuelas municipalizadas, por ejemplo, obtienen un promedio de 478 puntos, lo cual es sólo un 78% de lo que obtienen los colegios privados; una diferencia de 125 puntos que imposibilita el acceso de tal promedio a las universidades tradicionales y de jerarquía. Aún más, tales estudiantes obtienen en promedio una diferencia de más de 30 puntos menos que sus contrapartes de los colegios privados que subsidia el propio Estado; y esta diferencia es aún mayor en los sectores más pobres del país, alcanzando a 50 y 60 puntos promedio de diferencia en la 8ª y la 4ª Regiones. El aspecto central es que prevalece una educación de segunda clase para la clase media y los pobres; hay falta de recursos y de elementos pedagógicos para la educación pública; existe déficit en la calidad del magisterio e insuficiente capacitación, lo cual afecta más que proporcionalmente a la educación municipalizada; además, las reglas aplicables no están tampoco acordadas y existen conflictos y presiones almacenadas; hay insatisfacción en la gente, y con ello se tiende a culpar al remedio y no a la enfermedad, ya que la economía de mercado no es la culpable, sino la particular (y quizás exagerada) aplicación que hemos hecho de la misma a una situación para la que el mercado no esta totalmente preparado: las decisiones de formación de personas en su contexto de largo plazo. En efecto, el tema educativo está caracterizado por tratarse de una decisión de muy largo plazo, donde predominan problemas de información y de estructuras de mercado que hacen necesario una corrección para evitar que el sistema haga multiplicativa las distorsiones y sus efectos hacia el futuro. Los economistas saben que regulación e información son dos instrumentos esenciales para restaurar las condiciones que un mercado no tiene. Pero, además, debido a que la educación es un bien de tipo “nacional”, donde priman mucho más consideraciones que la rentabilidad privada de las acciones, tal mercado amerita también una participación directa del Estado en la provisión.

IV. ESTADO Y EDUCACIÓN

El Estado debe desarrollar una serie de tareas que trascienden ampliamente al rol del mercado y del sector privado, en tanto las mismas constituyen casos de bienes públicos o se conectan con actividades que ejercen externalidades sociales, es decir una diferencia neta entre el beneficio privado y el propiamente social. Un caso usualmente destacado en este último ámbito, por ejemplo, se refiere al propósito de dar base a un desarrollo industrial o de promover el sector de medianas y pequeñas empresas, lo cual ha sido considerado una tarea del Estado en muchos países que han alcanzado grados importantes de desarrollo y de orientación sustentable a las exportaciones. La policía, la defensa, la justicia y muchos otros, son casos de bienes públicos que deben residir para su provisión en la autoridad del Estado y su capacidad de ejecución. Asimismo, salud y educación se miran desde el punto de vista de sus externalidades sociales, especialmente en cuanto a dos ámbitos: el de la equidad y el de la eficiencia social. Por lo demás, en estos sectores dominan problemas de información y de potenciales monopolios basados en el manejo de la misma; dado que las decisiones en salud y educación envuelven decisiones sujetas a riesgo y constituyen inversiones con impacto a futuro, la regulación sobre información y calidad debe ser sólida y efectiva, no depositándose meramente en los mecanismos de decisión individual obtenidos a través del libre mercado.

La necesidad de contar con una sociedad integrada, con objetivos comunes más o menos establecidos, basada en raíces comunes, valores y propósitos globales constituye un objetivo de naturaleza fundamental en toda sociedad. Su logro, sin duda, requiere de un amplio envolvimiento del Estado en educación básica y media, por ejemplo, donde se lleva a cabo esta tarea y se promueve el progreso económico en términos de la disponibilidad de recursos humanos calificados. Es decir, existe un enorme beneficio social que se deriva de la acción educativa, y que no representa per se los incentivos para que privadamente se alcancen los niveles de óptimo. Este es un argumento económico de fundamental importancia para la acción del Estado en educación tanto como proveedor directo como en condiciones de regulador y agente financiero. Naturalmente, también es cierto que la acción educativa tiene un beneficio privado, ya que promueve mayor productividad de las personas y, en forma consecuente con su desempeño laboral, lleva a mayores ingresos (esto es, el “premio” financiero de la educación); en este argumento se basan muchos de quienes postulan que el tema educativo debe corresponder sólo a decisiones ejercidas en el ámbito privado. Obviamente, y aparte del problema de la externalidad social positiva que se vincula a la educación, está aquí también presente el tema de la equidad –ya que una distribución del ingreso como la que prevalece en nuestro país no garantiza pleno acceso y por lo tanto no asegura que se cumplan con los objetivos de socialización que necesita el desarrollo integral.

Un tema distinto es el de la forma en como el Estado debe intervenir en materias educativas. Muchos argumentan que el Estado debe restringirse a proporcionar subsidios a la demanda, mientras que la provisión de la educación debe ser exclusivamente privada. En este sentido, algunos dicen que la educación es pública porque se dirige a una audiencia pública, pero que por esa pura razón no debería recurrirse al expediente de soporte o provisión del Estado. Quienes así argumentan se basan en la idea de que el sector privado puede no sólo ser más eficiente que el público en materias de provisión, sino que puede desempeñar su misión en términos equivalentes; es decir, la educación que provee el Estado es la misma que puede proveer el sector privado. Todo esto es posible, pero bien sabemos que hay un problema de regulación y de control de calidad que el Estado tendría igualmente que llevar a cabo para garantizar que se efectúe la tarea en el cumplimiento de los propósitos de fondo en términos de ánimos de país y construcción de Nación. De otro modo, no hay forma de asegurar que el desempeño privado satisfaga plenamente el requerimiento de conjunto social en cantidad y calidad –aunque sí pueda satisfacer el objetivo individual-- refiriendo este último concepto a los aspectos temáticos concretos que importan a la sociedad y su desarrollo. La pregunta es, por tanto, si el Estado no debe intervenir de ninguna manera en educación, o si es que debe hacerlo sólo a través de financiamiento y regulaciones del mercado, o si es que debería también tener una ingerencia en la provisión directa. Los dilemas y discusiones de política se encierran en estas tres opciones, que pueden también reducirse a un Estado 0 por ciento hasta un Estado 100 por ciento presente en educación.

Un elemento crucial en este análisis es que el tema de la educación pasa a ser uno de seguridad nacional, cuando se mira desde la perspectiva de sus objetivos globales integradores y constructores de una visión de país tan necesaria para el progreso, la estabilidad y el bien común. Naturalmente, ello adiciona elementos para pronunciarse a favor de la intervención del Estado en la regulación, y quizás la provisión. Por otra parte, en educación no hay una manera obvia en que la “satisfacción del consumidor” se revele como un eficiente instrumento asignador, ya que ni siquiera percibimos el tema de calidad sino en términos contingentes, pero quien sabe del punto de vista de los objetivos sociales y aquellos visibles sólo en el largo plazo. Este es un argumento que favorece la provisión pública de la educación. En el fondo, la educación del Estado debe servir como un instrumento regulador, como una “señal” al mercado en términos de los estándares de calidad que se buscan, especialmente en términos de objetivos sociales. Quizás por esta razón la presencia de una importante educación estatal, de alta calidad y complejidad, es la situación más común en los países desarrollados, independientemente de su mayor o menor proclividad hacia el mercado.

Lo que parece estar fuera de discusión es que el Estado debe participar en el tema educativo como proveedor directo y/o como financista de última instancia. En ambos esquemas, el Estado debe ser un regulador del sistema, instaurando normativas y mecanismos de control de calidad que hagan compatible a la educación con los objetivos trascendentales del proceso desde un punto de vista social. Supongamos que el Estado renuncia a la provisión directa, pero que financia al sistema en términos básicos, es decir a quienes presentan necesidades para que pueda acceder a la educación provista privadamente. Supongamos también que exista una buena regulación y que la calidad (mínima) no es discutible en el sistema. ¿Hemos solucionado así nuestro problema real y de largo plazo? Creo que no. El Estado puede regular sobre “calidad mínima”, pero no es posible tener regulaciones permanentemente actualizadas o detalladas en un proceso que es altamente complejo y cambiante. No hay que olvidar que los aspectos de calidad se unen al costo, y siempre se puede hacer rentable una operación si disminuimos suficientemente la calidad, si eso es posible; en el caso de la educación lo es, debido a que “calidad “se puede evaluar solamente en términos del largo plazo. Por ello es importante que exista una educación pública (provista directamente por el Estado) que establezca el patrón de referencia en estos temas de calidad; una educación pública que, por cierto, mantenga esos patrones de calidad activamente en el tiempo. Por otro lado, la educación pública es indispensable para que proporcione acceso igualitario a quienes no podrán nunca pagar el margen de mayor precio que significaría la mayor calidad.

Yo hago aquí un caso por la provisión directa como un instrumento más eficiente (no sólo más equitativo del punto de vista del necesario envolvimiento estatal) en el logro de los objetivos de Estado que rodean a la provisión de educación. Pienso que el Estado debe proveer información sobre los parámetros de calidad por medio de su propia acción educativa. En el ámbito de la equidad, el Estado debe hacerse cargo del objetivo igualador, entregando una educación que potencie la productividad de los más desventajados, y permita acercar los frutos del desarrollo hacia los más pobres, produciendo una efectiva movilidad social. Es aceptable que exista la competencia pública y privada en el ámbito educativo. Sin embargo, deben darse dos condiciones para que ella tenga correspondencia con los grandes objetivos a nivel social de una política educativa del Estado: primero, la educación pública debe ser de calidad, ya que de otra forma se genera como una profecía autocumplida aquello de que el sector público siempre lo hace peor. Segundo, el control de calidad del sector privado debe realizarse con instrumentos adecuados, especialmente en cuestiones de contenido y en relación con los objetivos nacionales e integradores del sistema.

VI. REFLEXIONES FINALES

El debate a que se nos ha convocado tiene una enorme vigencia. Por una parte, como he dicho, porque el reto del desarrollo no es independiente del reto sobre equidad e integración nacional, y en ambos campos el rol de la educación resulta ser de crucial importancia. Y en tal contexto lo es el rol del Estado, debido a que un puro mercado privado –como lo prueba la evidencia existen en los países industriales—no asegura el logro de los objetivos sociales más trascendentes. Creo que es una tarea importante la de meditar una propuesta que haga de la combinación Estado-mercado, un tema de fondo en materia de política y de financiamiento, para restaurar las condiciones que requiere una sociedad como la nuestra, con un sueño de desarrollo, pero con un gran peso histórico negativo en pos del mismo.

Pero también deseo aludir en forma específica al tema de los contenidos educativos. Me parece que en gran medida estamos sujetos a una completa individualización de los objetivos educativos, donde el afán de éxito personal se impulsa con tal fuerza, que se dejan de lado los aspectos éticos y valóricos que nuestra sociedad necesita para poder subsistir integradamente y para también progresar. Pienso que el actual debilitamiento de la familia, por las formas modernas de nuestra organización productiva, la incorporación de la mujer a la fuerza laboral, y las presiones de una vida difícil y competitiva, no ha encontrado, sin embargo, un reemplazo en términos de una educación fortalecida en los aspectos formativos más integrales y sustanciales a la persona. Estamos arriesgando el caer en una sociedad progresivamente más deshumanizada, además de desintegrada, y fácil presa de los males sociales que hoy día nos atormentan. Pienso, por lo tanto, que una propuesta educativa, en términos de los roles del mercado y del estado, o de lo privado y lo público, para buscar la mayor eficiencia y equidad, no debe separarse de este tema de fondo, que se aludirá también en otras presentaciones posteriores.

La educación es una tarea inexcusable del Estado. Esta afirmación siempre la entendimos como el compromiso de entregar educación gratuita a nivel básico. En realidad hoy en día debe entenderse como un compromiso de mucho mayor rango y trascendencia. Primero, debe el Estado comprometerse con un nivel mucho mayor de educación: ya no se trata de nuestra antigua educación básica, sino niveles superiores que deben establecerse con cuidado y realismo, especialmente considerando nuestros antecedentes socio-económicos y distributivos. Segundo, se trata de un compromiso con la calidad, ya que sólo una educación pública de excelencia puede garantizar un adecuado comportamiento del sector privado en término del cumplimiento de estándares mínimos; puesto de otro modo, la escasa preocupación por la calidad de la educación pública pone en riesgo todo el sistema por la ausencia de incentivos endógenos a que se cumplan con patrones de calidad socialmente deseables. Tercero, se trata de un compromiso con la adecuada regulación, en la medida en que la misma debe colocar las reglas del juego en términos aceptables y justos, tanto en relación con el interés público como con el privado. Cuarto, se trata de un compromiso con la equidad, para apoyar a quienes son capaces de desempeñarse en los niveles superiores pero que no cuentan con las disponibilidades económicas, dando así paso a una movilidad social que debe ser reflejo del crecimiento económico. Quinto, consiste en respaldar la investigación y la docencia a nivel superior por medio de provisión directa que asegure no sólo estándares de calidad, sino el aporte en conexión con temas de país que se espera de las entidades públicas en el estricto cumplimiento de su rol, y que es totalmente imprescindible en relación a nuestro proyecto económico de largo plazo.

El Desarrollo es un concepto mucho más amplio y profundo que el de crecimiento económico. El segundo no conducirá al primero, a menos que la inversión social en capital humano sea suficiente para garantizar sostenibilidad económica y mayor equidad. Sólo una educación comprometida con los objetivos de país de largo plazo, puede combinar los temas de productividad y movilidad social que hagan que los efectos del mayor bienestar económico se den en mayor bienestar social, y se traduzcan en la estabilidad social y política que necesita la propia inversión para poder crecer.