Desde el 18 de octubre y sin intervalo, la ciudadanía clama, trabaja y participa por cambios estructurales en nuestro país. El primer reflejo de este despertar ha sido el proceso constituyente, que por voluntad ciudadana ya está en curso y en camino hacia una nueva constitución. Este nuevo pacto social deberá reconocer los derechos sociales que tenemos como personas y fijar en el Estado el rol y responsabilidad de garantizarlos con igualdad y equidad. En este tiempo de debates profundos sobre las vulneraciones y sufrimientos acumulados, las exigencias del pueblo han ubicado a la salud dentro de los primeros lugares, junto con educación y pensiones, representando sin duda la enorme deuda en materia de seguridad social que el país tiene hoy para con sus habitantes.
A pocas horas del anuncio oficial del gobierno de una reforma en el sector salud, los contenidos anunciados evidencian, una vez más, su falta de comprensión del momento histórico en el que nos encontramos. Con los ojos suficientemente abiertos y con el diagnóstico hecho respecto de un modelo que no da para más, las medidas anunciadas no dejan indiferente a nadie que haya estado en estos meses pensando la salud que merecemos, la otra salud, la que se construye humana y socialmente, cuya provisión se diseña sin abusos ni discriminación, la que no se consume o se compra en un carro de supermercado.
Lo que el gobierno ofrece en su propuesta tiene un fuerte componente de marketing, con escaso y ambiguo contenido. Se utilizan palabras que supuestamente dicen, pero que en realidad esconden. En medio de una crisis de financiamiento de la red pública y sin cambios estructurales, ¿qué significa Plan de salud universal?, ¿Mejor Fonasa?, ¿Fonasa con mayor autonomía?, y ¿red de prestadores privados por licitación?, ¿qué nos venderán ahora?
La propuesta es un conjunto de anuncios que insisten en el actual modelo y que prometen continuar e incrementar las transferencias de fondos públicos hacia el sector privado, haciéndolas más institucionales y más fáciles, colocando a FONASA como entidad aseguradora para financiar el plan universal. La definición del plan universal que se explicita contiene generalidades de lo que el sistema ya brinda, por lo que esta necesidad de definición advierte sobre posibles recortes y adicionales que podrán ser fuente de negocios para seguros privados y transferencias de fondos.
La provisión se haría con prestadores públicos y también privados, estos últimos definidos por licitación. Hay evidencia suficiente de que esta forma de diseñar la provisión de la atención va en desmedro de la calidad, de la territorialidad y del desarrollo equitativo del sistema.
No cabe duda que las soluciones ofertadas se basan en la apertura de nuevos negocios con la salud privada, pero sobre todo muestran la falta de reflexión sobre lo que hoy se demanda resolver fuera de la lógica del lucro, el abuso y la sociedad del sálvese quien pueda. Las amenazas son el debilitamiento del sistema público de salud y su red de atención, ese que debiera ser tan fuerte como para brindarnos atención de calidad a todos/as sin distinción, ese que debiera marcar la línea en el país en materia de acciones de prevención y promoción de salud, -mucho más por cierto que “medicina preventiva”-, ese que debiese estar conectado territorial e intersectorialmente para velar por la dignidad en nuestras condiciones de vida.
En el contexto actual, lo urgente es responder con recursos en falta y una adecuada gestión ministerial. No se necesita transformar a Fonasa en un seguro, se necesita incrementar los recursos asignados a la red pública y mantenerlos dentro del sistema, mejorando infraestructuras, cumpliendo oportunamente con el financiamiento público de la salud comunal, subiendo sustancialmente el per cápita en APS, acabando con las negociaciones de sociedades médicas al interior del sistema, ofreciendo contratos de dedicación exclusiva a especialistas, y fortaleciendo un funcionamiento integrado de la red pública en los territorios, entre otras cosas; en suma, cumpliendo a cabalidad la función rectora y gestora del Ministerio y Servicios de Salud.
Reformar Fonasa con el paquete de medidas propuestas apunta a resolver en el sector privado lo que el sistema público podría hacer con los recursos necesarios, esto no es eficiente desde el punto de vista económico; llama la atención entonces que se esté disponible para esto y no para incrementar recursos en la atención de un sistema público que lo pide literalmente a gritos.
Finalmente, la demanda de fondo y en primera línea es la garantía constitucional del derecho a la salud y el decidido avance hacia un sistema público universal de salud, con una red pública fortalecida y sin lucro. Las grandes decisiones en esta materia deben contar con la participación amplia de la ciudadanía, ese es uno de los mensajes primordiales de esta movilización, probablemente el menos escuchado por la actual administración.