La creación de este núcleo surgió a partir del trabajo colaborativo entre académicos de distintas facultades de la Universidad de Chile en torno a la protección de la infancia y la adolescencia. Así lo relataron la doctora Claudia Sagredo, directora alterna del proyecto y académica del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, Cemera, y María José Poblete, del Departamento de Terapia Ocupacional.
Según señala la doctora Sagredo, “en el año 2022 apareció la ley 21.430, que es la concreción a nivel nacional de una ley integral de protección y garantías de los derechos de niñez y adolescencia, definiendo esta última hasta los 18 años. En base a ello, el Ministerio de Salud define la creación de comités de protección en todos los hospitales de Chile que atiendan a este grupo etario, así como de tres unidades de protección y garantía de derechos a nivel país con este mismo fin. Una de estas unidades está en el Hospital Roberto del Río, la cual dirijo. Para su creación, al no haber antecedentes, solicité ayuda a académicos de distintas facultades de la Universidad de Chile, y se unieron los profesores Cecilia Domínguez, de Derecho; Camilo Morales, de Ciencias Sociales, y la profesora Poblete. En ese intercambio nació la idea de desarrollar un núcleo dentro de la universidad que esté correlacionado a lo que es la protección de la infancia”.
De esta forma, postularon a la línea Semillero del concurso “Redes, núcleos e iniciativas de colaboración académica de carácter transdisciplinario (RNIT) 2025” de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, integrando además a la doctora Ignacia Téllez, residente de Pediatría de nuestro plantel; al egresado de Derecho Óscar Olmos y a la estudiante de la misma carrera Sofía Chackiel, ambos ayudantes, así como a estudiantes de pregrado.
Este núcleo interdisciplinario, que dirige la profesora Cecilia Domínguez, “con perspectiva hacia un trabajo transdisciplinario, busca ser una red de colaboración que, desde la Universidad de Chile, articule a diferentes actores de los servicios públicos, gobiernos locales y la sociedad civil para el intercambio de experiencias, identificación y sistematización de buenas prácticas en relación a la coordinación intersectorial para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se busca cimentar la coordinación intersectorial de un problema multicausal que requiere de la participación articulada de distintos actores y que, considerando las múltiples aristas del problema, requiere del compromiso de sectores tales como salud, educación, justicia, protección social, entre otros”, informa el proyecto.
Y es que, reconoce la profesora Domínguez, “los principales elementos que afectan la calidad de atención en problemas de alta complejidad son la falta de capacitación, la fragmentación de los procesos y sistemas y las intervenciones y acciones en paralelismo. Al ser un proyecto de tipo semillero, los objetivos iniciales estarán centrados en el sector salud y este año se instalará el núcleo para realizar un diagnóstico respecto de los actores y dispositivos de trabajo intersectorial de protección infantil-adolescente frente a vulneraciones de derechos. Se prevé replicar este trabajo en los próximos años respecto de otros sectores, como son educación, protección social y acceso a la justicia”.
Prevenir y proveer
Entre las actividades que realizarán durante el año de puesta en marcha del proyecto, la profesora Poblete da a conocer que “mapearemos los diferentes centros y organizaciones que a nivel nacional trabajan en temáticas de derechos de la niñez y adolescencia, como las oficinas locales de la niñez, los centros de justicia juvenil y las residencias de protección del Estado, para conocer qué servicios entregan y ver cómo nosotros podemos aportar en ese sentido, desde la transdisciplinariedad, para que sea el mejor apoyo posible pensando en todos los menores que han sido vulnerados en sus derechos. Pero también realizaremos jornadas de divulgación, como la presentación de este núcleo, el próximo 13 de mayo de 2026, así como un congreso que reúna a investigadores jóvenes en esta materia, y que tendrá lugar durante el segundo semestre”.
A ello, la doctora Sagredo añade que “los grandes déficits que se tienen en este momento parten por la mirada adultocéntrica que existe en políticas públicas, en definición de recursos, lo cual no hace muy fácil la entrega desde el derecho; se trabaja más desde la necesidad, y lo que es más crítico: el sistema opera bajo una lógica reactiva, tendiendo a intervenir cuando la vulneración ya se ha consumado. Nuestra idea es, desde la academia, generar evidencia científica y marcos conceptuales que fortalezcan la toma de decisiones y ser reconocidos por esta mirada desde la prevención y la garantía de derechos, desde la transdisciplinariedad: salud, justicia, educación y todas las que estén relacionadas, porque es una temática altamente compleja”.