La forma en que el Estado mide la vulnerabilidad en los asentamientos precarios, conocidos como campamentos, podría abrir un cambio de enfoque. Un reciente estudio desarrollado por la académica Rosemarie Garay, de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, puso sobre la mesa una Propuesta metodológica para incorporar los riesgos socionaturales como indicadores de vulnerabilidad, una herramienta técnica que busca aportar a la gestión habitacional y de emergencia en el país.
En la investigación participan los académicos Jorge Larenas y Ricardo Tapia, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile. El trabajo contó, además, con la colaboración de profesionales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con experiencia previa en la aplicación de indicadores de riesgo en otras áreas.
El estudio surge de una realidad crítica: mientras las métricas tradicionales se enfocan principalmente en la falta de acceso a servicios básicos y los bajos ingresos, no consideran de manera sistemática que gran parte de estos asentamientos se ubica en terrenos de alta peligrosidad geológica o climática.
El núcleo del hallazgo: la vulnerabilidad es territorial
La conclusión central de la investigación establece que la vulnerabilidad de una familia en un asentamiento precario no depende solo de los recursos disponibles, sino también de la ubicación y el entorno. Según el documento, ignorar los riesgos socionaturales, como remociones en masa, inundaciones o incendios forestales, al categorizar los campamentos genera una ceguera institucional que impide priorizar las intervenciones en los lugares donde la vida corre peligro inminente.
Detalles de la propuesta metodológica
El trabajo propone un sistema de indicadores que permite cruzar datos de distinto origen para obtener un mapa más preciso de la urgencia. Los pilares de esta metodología incluyen:
- Integración de sistemas de información geográfica (SIG): la propuesta utiliza capas de datos territoriales para identificar zonas de amenaza, como quebradas, cuencas hídricas y zonas de interfaz urbano-forestal, y las superpone con los mapas de catastro de asentamientos.
- Multidimensionalidad del riesgo: el modelo no se limita a un solo peligro. Permite evaluar la susceptibilidad combinada; por ejemplo, cómo un asentamiento en una pendiente, con riesgo de derrumbe, es doblemente vulnerable si además carece de vías de evacuación.
- Priorización de políticas públicas: la metodología entrega un índice que permite a organismos como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres determinar qué campamentos requieren, de forma inmediata, una erradicación o radicación con obras de mitigación, basándose en la probabilidad de desastre.
Un llamado a la proactividad estatal
La investigación concluye que la incorporación de estos riesgos como indicadores de vulnerabilidad permitiría un uso mucho más eficiente de los recursos públicos. El texto señala que “no se puede hablar de soluciones habitacionales definitivas en asentamientos, más allá de resolver temas legales, si no se resuelve primero la seguridad del suelo”.
Asimismo, la académica Rosemarie Garay destaca que los asentamientos precarios en Chile suelen ser invisibles para los planes de ordenamiento territorial tradicionales hasta que ocurre una catástrofe. Esta metodología busca revertir ese ciclo, con el objetivo de pasar de una gestión reactiva ante los desastres a una planificación preventiva que salve vidas.