Un reciente estudio liderado por Verónica Figueroa Huencho, académica de la Facultad de Gobierno de la U. de Chile, analiza una de las tensiones más complejas de las políticas públicas actuales: la administración de los espacios costeros por parte de los pueblos originarios.
El artículo, cuyo título puede traducirse como "Desafíos para la implementación de políticas públicas indígenas: el caso de los espacios marinos costeros de los pueblos indígenas en Chile", fue publicado recientemente en la revista internacional Policy Studies. Esta publicación destaca por estar indexada en el primer cuartil (Q1) de Web of Science (WoS), lo que posiciona a esta investigación en un espacio relevante del debate global sobre políticas públicas.
El nudo crítico: de la ley a la realidad
La investigación se centra en la implementación de la política que creó los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Si bien esta normativa nació como un avance histórico para reconocer los usos consuetudinarios y la gestión ancestral del mar, el estudio advierte que el camino desde el papel hasta una gobernanza efectiva está lleno de obstáculos.
El trabajo identifica que, aunque las comunidades fueron protagonistas en la creación de la ley, su ejecución ha generado tensiones profundas entre:
- Instituciones estatales: burocracias que a menudo chocan con los tiempos y formas indígenas.
- Normativas sectoriales: intereses industriales y extractivos que compiten por el mismo espacio geográfico.
- Cosmovisiones: la dificultad de integrar la visión y los derechos de los pueblos indígenas en el territorio dentro de un marco normativo rígido.
"El principal nudo crítico no son los ECMPO. Hay que recordar que esta ley nació de manera participativa y contó con un apoyo político transversal. Sin embargo, el Estado no ha avanzado hacia una transferencia real y efectiva de poder. Se reconoce el derecho simbólicamente, pero no se crean las condiciones materiales, institucionales ni políticas para ejercer la administración de estos espacios, especialmente considerando que Chile ha ratificado tratados internacionales que amparan a los pueblos indígenas. Más bien, el Estado sigue operando de manera centralizada y homogénea, limitando la cogobernanza efectiva del territorio, por lo que las comunidades han debido enfrentar la presión permanente de otros actores, como las empresas salmoneras. En definitiva, es una responsabilización sin poder efectivo", detalló la académica.
Voces desde el territorio
Para comprender estas dinámicas, la investigación utilizó una metodología cualitativa que recogió directamente las experiencias de sus protagonistas. Mediante tres grupos focales, se reunieron los testimonios de 28 líderes y lideresas indígenas que representan a los 16 ECMPO del país.
"Los resultados ponen de manifiesto cómo los procesos de implementación exponen asimetrías persistentes entre las comunidades indígenas y otros actores, lo que supone un desafío para el desarrollo de una verdadera gobernanza intercultural", señala el artículo.
Un marco para el futuro
Más allá del diagnóstico, el trabajo de la académica propone un marco analítico innovador. Este modelo permite examinar la implementación no como un proceso técnico lineal, sino como un fenómeno vivo en el que interactúan actores, valores, intereses y circunstancias específicas.
Este aporte resulta fundamental para el diseño de futuras políticas públicas, pues sugiere que, sin un reconocimiento real de las asimetrías de poder, la justicia territorial seguirá siendo una tarea pendiente para el Estado.
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