Cada año, miles de personas con cáncer de mama, colon o estómago reciben quimioterapias basadas en medicamentos llamados fluoropirimidinas. Aunque estos tratamientos son efectivos para la mayoría de los pacientes con cánceres sólidos, pueden provocar complicaciones graves en algunas personas. Entre el 10 % y el 30 % de los pacientes presentan reacciones graves, como diarreas intensas, llagas dolorosas en la boca, infecciones o una disminución peligrosa de las defensas, y hasta el 1 % puede fallecer a causa de esta toxicidad.
La razón detrás de este problema está en la genética. El cuerpo humano utiliza una enzima llamada DPD para procesar y eliminar cerca del 80 % del medicamento. Si una persona nace con variaciones en el gen DPYD, que contiene la información necesaria para producir la enzima DPD o dihidropirimidina deshidrogenasa, su organismo puede no producirla o hacerlo en una cantidad insuficiente. Como consecuencia, el medicamento no se elimina adecuadamente del organismo, se acumula y puede alcanzar niveles tóxicos.
Frente a esta realidad, académicos de la Universidad de Chile y del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN) presentaron un documento de recomendación de políticas públicas (policy brief) que propone aplicar un examen genético preventivo. Mediante una muestra tomada antes de iniciar la quimioterapia, el oncólogo puede determinar si el organismo del paciente procesa adecuadamente el fármaco. Si se detecta un riesgo, el médico puede reducir la dosis o cambiar el medicamento, disminuyendo los riesgos para el paciente sin comprometer la eficacia del tratamiento.
El policy brief “Testeo genético de DPYD previo a fluoropirimidinas en cánceres sólidos: una política sanitaria para reducir la toxicidad grave en oncología” fue elaborado en el marco de la línea de Policy Briefs de la Unidad de Transdisciplina, Redes e Interfaz de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile.
El documento señala que el test no solo permite identificar a los pacientes en riesgo, sino también adecuar el tratamiento, ya sea mediante dosis menores o, en casos excepcionales, un medicamento alternativo. Esta decisión puede reducir significativamente el riesgo de toxicidad grave sin comprometer la eficacia del tratamiento.
La evidencia internacional respalda esta estrategia desde hace años. Agencias como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por su sigla en inglés) y consorcios como el Consorcio para la Implementación de la Farmacogenética Clínica (CPIC, por su sigla en inglés) recomiendan evaluar la actividad de la DPD antes de iniciar el tratamiento. Países como el Reino Unido ya han integrado el test como una práctica rutinaria.
En Chile, en cambio, la implementación sigue siendo limitada. “Las principales barreras no son científicas, sino de implementación”, precisa Luis Quiñones, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. “Aún no existe una política pública que incorpore el genotipado de DPYD como parte del estándar de atención, y a ello se suman la ausencia de financiamiento específico, la falta de protocolos nacionales y la necesidad de fortalecer la infraestructura y la capacitación para su implementación”, añade.
“Hoy sabemos que este riesgo puede identificarse antes de iniciar la quimioterapia mediante un examen genético, permitiendo adaptar el tratamiento y prevenir gran parte de estas complicaciones”, explica Quiñones. “Sin embargo, en Chile la mayoría de los pacientes aún inicia la terapia sin acceder a este test”, agrega.
El policy brief recoge, además, estudios realizados en pacientes oncológicos chilenos que respaldan la viabilidad de implementar esta estrategia en el país y agrega un argumento económico: el testeo es una intervención costo-efectiva y, en algunos escenarios, incluso puede generar ahorros. Su costo es considerablemente menor que el de una hospitalización por toxicidad grave, que puede llegar a los 15.000 dólares. “La seguridad del paciente y la sostenibilidad financiera del sistema público no son objetivos contrapuestos, sino complementarios”, plantea Enrique A. Castellón. “Al evitar estas hospitalizaciones críticas, FONASA no solo ahorra recursos públicos valiosos que pueden ser reasignados a otras necesidades oncológicas, sino que además previene el sufrimiento evitable y el riesgo de muerte de cientos de chilenos”, añade.
“El país no puede seguir tratando el cáncer bajo un estándar de 'talla única', ignorando las diferencias individuales”, sostiene Enrique A. Castellón, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y parte del equipo que elaboró el documento. La propuesta busca que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) incluya este examen en las canastas de prestaciones de las Garantías Explícitas en Salud (GES) para los cánceres gástrico y colorrectal, transformando la evidencia científica en una medida concreta de seguridad para los pacientes.