El estudio More Pills, Safer Sex? Emergency Contraception and Sexual and Reproductive Behavior Among Youths in Chile, realizado por Francisco Pino, académico del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, junto con Ana Nuevo-Chiquero, de la Universidad de Edimburgo, y Pablo Villalobos, de la Universidad Mayor, fue publicado el 25 de junio de 2026 en la revista especializada Archives of Sexual Behavior.
Con el fin de evaluar los efectos de la disponibilidad de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) sobre el comportamiento sexual y reproductivo de la población joven, los autores aprovecharon la implementación diferenciada de esta política pública a nivel local entre 2003 y 2015, periodo en el que la entrega gratuita del medicamento en los centros públicos de salud dependía de la decisión de cada autoridad comunal.
Para medir las repercusiones del acceso a la PAE, los académicos utilizaron un modelo econométrico de efectos fijos que consideró características específicas de los municipios. Además, analizaron datos de la Encuesta Nacional de Juventudes, aplicada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) a personas de entre 15 y 29 años.
Mitos frente a la evidencia
Los resultados del estudio no respaldan el argumento de que facilitar el acceso a la PAE aumentaría la actividad sexual o las conductas sexuales de riesgo entre las personas jóvenes. De esta manera, la investigación cuestiona ideas preconcebidas sobre los efectos del medicamento en la conducta sexual.
Así lo explica el profesor Francisco Pino: "Nuestros resultados muestran que mayor acceso a la PAE no aumentó el número de parejas sexuales ni la proporción de personas que se iniciaron sexualmente. A partir de los datos de la encuesta ENJUV controlamos según características específicas de los individuos encuestados, del municipio y del período en que se aplicó la encuesta y encontramos que la disponibilidad de la píldora no tuvo efecto en el haberse iniciado sexualmente o en tener dos o más parejas sexuales. Por lo tanto, no hubo una mayor hipersexualización o promiscuidad".
La investigación reveló, además, que la disponibilidad de la PAE produjo un aumento significativo en el uso de métodos anticonceptivos hormonales, especialmente entre las personas menores de 20 años y quienes no convivían con una pareja.
Por otra parte, el investigador agrega que "nuestra investigación descartó que la entrega de este fármaco fomentara conductas de riesgo no sexuales, como el consumo de alcohol, tabaco o drogas".
Una puerta de entrada al sistema público de salud
Desde la perspectiva de las políticas públicas, el estudio aporta importantes conclusiones. Por una parte, demuestra que las políticas de salud sexual y reproductiva no solo tienen efectos directos, como prevenir embarazos no deseados, sino también indirectos, pues pueden generar cambios de conducta hacia prácticas más protegidas.
Los autores destacan la provisión de anticonceptivos como una "puerta de entrada" al sistema público de salud. Al acudir a los centros de la red pública, las personas jóvenes pudieron recibir consejería sobre regulación de la fertilidad, lo que, a largo plazo, puede fomentar el autocuidado.
Acceso desigual y brechas territoriales
El académico Francisco Pino señala que "nuestra interpretación es que puede haber existido una asimetría de información o barreras al acceso a la información respecto al uso de métodos anticonceptivos en la población, especialmente la población joven. La entrega de la píldora del día después puede haber producido una mejora en el acceso a esa información, por lo tanto, una mayor adopción de métodos anticonceptivos de uso cotidiano".
Asimismo, las disparidades observadas entre las comunas evidencian que la falta de un marco legal unificado puede generar importantes inequidades territoriales en el ejercicio de los derechos reproductivos y, de esa manera, profundizar las brechas de desigualdad.
"El acceso a la salud afecta de múltiples maneras a las personas, desde su desempeño laboral hasta su calidad de vida y, en consecuencia, se intensifican las inequidades salariales y de bienestar", dice Pino.
En definitiva, el estudio refuerza la importancia de que el Estado garantice políticas públicas de salud homogéneas y universales, respaldadas por una educación sexual integral, para contribuir a reducir el embarazo adolescente y mejorar los programas de salud pública.
Justamente, dice el profesor Pino, "uno de los desafíos de la política pública es llegar a las personas que más las necesitan, lo que muchas veces es difícil hacer, por eso, acceder a ese público a través de otras políticas, sin duda significa mejorar la provisión de beneficios sociales".