Por su alta recurrencia y capacidad destructiva, los terremotos de subducción han concentrado gran parte de la atención de la ciudadanía y las autoridades chilenas. Esto ha relegado hasta ahora a un segundo plano los terremotos asociados a fallas activas que, aunque menos frecuentes, pueden tener un impacto local potencialmente mayor.
El pasado 10 de agosto se publicó en el Diario Oficial el decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que aprobó y declaró oficial la NCh433:2026 sobre diseño sísmico de edificios, la actualización más importante de esta normativa en casi veinte años. Entre sus principales cambios destaca la incorporación de criterios relacionados con las fallas corticales activas y los sitios susceptibles de deformación.
La nueva norma, que entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, establece que los emplazamientos sobre fallas corticales capaces de imponer desplazamientos relativos significativos a las fundaciones quedan fuera de su alcance. Además, contempla exigencias especiales para determinados edificios y estructuras ubicados en las cercanías de fallas activas.
La norma había sido técnicamente validada y aprobada por el Instituto Nacional de Normalización (INN) a inicios de este año y posteriormente fue oficializada mediante el decreto del Minvu.
Esta actualización tiene una historia que se remonta al terremoto de 2010. Tras el 27F, la normativa de diseño sísmico mostró algunas deficiencias que fueron subsanadas mediante el Decreto Supremo N° 61 de 2011, por lo que durante quince años coexistieron distintas disposiciones aplicables al diseño sísmico de edificios.
“Aunque el decreto fue muy útil porque liberó ciertas dificultades, en la práctica teníamos dos documentos que no eran completamente compatibles”, señala el profesor Rubén Boroschek, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile y uno de los integrantes del comité del INN que concretó los cambios en la norma.
Boroschek es un referente en la materia, ya que participó en el comité de expertos convocado por el presidente Sebastián Piñera tras el terremoto de 2010.
Esta actualización tiene dos enfoques que la inspiran: uno probabilista (¿cuál es la probabilidad de que un evento sísmico ocurra?) y uno determinista (¿qué pasa si efectivamente ocurre?). Por ejemplo, aunque el último terremoto en la Falla San Ramón (FSR) ocurrió hace unos ocho mil años, eso “no significa que no deba hacerse nada”, agrega Boroschek.
En este sentido, la norma actualizada incorpora un enfoque determinista que antes no estaba considerado de la misma manera. “Ya nadie va a poder ignorar la información pública sobre la existencia de las fallas activas”, dice.
Históricamente, la mayor atención en Chile se la han llevado los terremotos de subducción. Su alta recurrencia e impacto geográfico los mantienen frescos en la memoria de ciudadanos, ciudadanas y autoridades, por lo que fueron incorporados tempranamente en las normas de diseño de infraestructura.
Un caso distinto es el de los sismos corticales asociados a fallas activas, cuya baja recurrencia los ha relegado a un segundo plano. Sin embargo, uno de sus principales peligros es que son capaces de romper la superficie y “alcanzar aceleraciones del suelo localmente mucho mayores y con espectros de frecuencia distintos de los de los terremotos generados en el contacto de subducción de las placas tectónicas, cosa que puede destruir o impactar fuertemente la infraestructura”, dice el profesor Gabriel Easton, académico del Departamento de Geología de la FCFM.
En Chile se han identificado casi mil fallas activas, con la Falla San Ramón como uno de los ejemplos más emblemáticos del país. Casi dos millones de personas viven en las comunas que atraviesa esta falla y miles habitan directamente sobre esta estructura geológica, que se extiende por cerca de 50 kilómetros a lo largo del piedemonte de Santiago.
A pesar de su importancia, la FSR no aparece contemplada dentro del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), principal instrumento de ordenamiento territorial de la capital. Esto se ha traducido en que gran parte de su traza se encuentra urbanizada, especialmente en el sector oriente de la ciudad. De todas formas, todavía existe entre un 30% y un 40% de la falla sin urbanizar entre los ríos Mapocho y Maipo, proporción que aumenta en la comuna de Pirque.
Las fallas geológicas son estructuras que pueden constituir una fuente de peligro en la corteza terrestre, lo que ha motivado a geocientíficos de la Universidad de Chile a desarrollar proyectos de investigación para describir su geometría, extensión y potencial para generar sismos en distintos lugares del país.
Entre ellos, José González-Alfaro, del Departamento de Geofísica, investiga la falla Puerto Aldea en la Región de Coquimbo; Luisa Pinto, del Departamento de Geología, estudia la falla Cariño Botado de la precordillera de Valparaíso; y Gabriel Easton, del Departamento de Geología, desarrolla proyectos en la Falla San Ramón, en el piedemonte de Santiago.
“Llevamos más de veinte años estudiando el peligro sísmico de la Falla San Ramón, con avances científicos que han develado su carácter activo, evaluado el riesgo sísmico para Santiago y con recomendaciones específicas para la política pública. Esta modificación de la norma sísmica NCh433 representa un avance importante en la materia, que junto con la elaboración de planes de respuesta ante la activación de la amenaza, su incorporación en planes reguladores regionales y comunales y otras medidas que apunten a la educación y un mayor conocimiento de las fallas activas, contribuirá a incrementar la sostenibilidad y la resiliencia de nuestro país”, señala el profesor Easton.
En Chile existen distintas normas para el diseño sísmico de estructuras. La NCh2369:2025 regula el diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales, mientras que existen disposiciones específicas para otras obras e instalaciones. Por su parte, la NCh433 establece requisitos para el diseño sísmico de edificios y otras estructuras comprendidas dentro de su ámbito de aplicación.
El terremoto del 27F demostró la calidad de la ingeniería sísmica chilena. De los cerca de diez mil edificios ubicados en la zona afectada por el sismo, una proporción muy reducida presentó daños estructurales graves y prácticamente no se registraron colapsos. “Hubo 100 edificios que no colapsaron pero que tuvieron que ser demolidos, por lo que vimos la oportunidad de mejorar esa situación”, agrega el profesor Boroschek en el programa de radio Rocadictos.