“Barros con contenidos metálicos” fue la denominación bajo la cual la empresa Procesadora de Metales (Promel) ingresó al país una pila de residuos mineros provenientes de Suecia entre 1984 y 1985. La compañía declaró falsamente ante las autoridades aduaneras y de salud de la época que se trataba de materiales no tóxicos destinados a su reprocesamiento para la supuesta extracción y recuperación de oro y plata. Esto permitió burlar los controles ambientales y depositar el cargamento de metales pesados al aire libre, muy cerca de la población Sica Sica, donde años después también se construyeron poblaciones como Los Industriales y Cerro Chuño. El abandono de estos desechos y el crecimiento de la ciudad, de esta forma, expusieron a miles de personas a altas concentraciones de elementos tóxicos como plomo, arsénico y cadmio, lo que estalló durante la segunda mitad de la década del 90 como una crisis sanitaria y ambiental.
La emergencia significó finalmente el retiro de este vertedero industrial, la relocalización de familias afectadas, procesos judiciales e incluso la presentación de una demanda indemnizatoria en Suecia. A nivel político, en tanto, implicó la constitución de una Comisión Investigadora en 2003 y la promulgación de la llamada “Ley de Polimetales de Arica” en 2012, que estableció un Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la Comuna de Arica. Sin embargo, el impacto de esta pila de desechos tóxicos podría no haber terminado con su remoción y traslado, tal como lo advierte un estudio del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile publicado recientemente en la revista científica CLEAN – Soil, Air, Water.
A más de tres décadas del caso polimetales, la investigación detectó concentraciones elevadas de plomo, zinc, arsénico y otros elementos potencialmente tóxicos en suelos superficiales de distintos sectores de Arica. El hallazgo da cuenta de focos localizados de estos metales que serían compatibles tanto con el legado de los residuos importados desde Suecia como con fuentes urbanas e industriales más recientes. De esta forma, aporta nueva evidencia sobre la permanencia y posible redistribución de contaminantes en el ambiente urbano, pese a las medidas de remediación aplicadas desde la década del 90.
“En Arica pudimos observar que la señal del evento de contaminación ocurrido hace más de 30 años todavía está presente en algunos sectores y contribuye al escenario actual de contaminación. A esto se suman fuentes contemporáneas asociadas a actividades urbanas e industriales, generando una situación particularmente compleja. Además, encontramos concentraciones de algunos elementos que superan valores de referencia internacionales. Esto no significa necesariamente que exista un daño a la salud, pero sí indica que existen sectores que justifican mantener la vigilancia ambiental y sanitaria”, explica Carlos Manzano, académico de la Facultad de Ciencias de la U. de Chile que lideró esta investigación.
El estudio tuvo como origen el interés de un joven ariqueño que se propuso realizar su tesis de pregrado sobre este tema para obtener el título de Químico Ambiental de la Universidad de Chile. Su nombre es Diego Ayala, quien relata que vivió dentro del polígono de riesgo y fue uno de los beneficiarios de la Ley de Polimetales promulgada en 2012, por lo que la motivación de contribuir a la comunidad ariqueña acompañó su proceso formativo desde que ingresó a la Facultad de Ciencias de la U. de Chile. “Creo que mucha gente sufrió por la negligencia que tuvo el Estado en 1984 y que lo sigue manifestando hasta el día de hoy, ya que existen organizaciones que siguen luchando por tener justicia. Este es el caso de 'Mamitas del Plomo', con quienes tuve la oportunidad de conversar y me expusieron sus inquietudes”, comenta el profesional.
Una huella que permanece en el suelo
Arsénico, plomo, zinc, cadmio, cobre, hierro, manganeso y aluminio fueron los elementos identificados por el equipo de investigadores en las muestras obtenidas desde 17 distintos puntos de la ciudad de Arica. Los resultados, obtenidos mediante extracción ácida y espectroscopía de absorción atómica, revelaron una contaminación marcadamente desigual. Mientras algunos elementos presentaron concentraciones relativamente homogéneas, el plomo, el arsénico y el zinc aparecieron concentrados en focos específicos. Los valores máximos alcanzaron 47 miligramos de arsénico por kilogramo de suelo, 487 miligramos de plomo y 1.740 miligramos de zinc. Esta última cifra equivale a 1,74 gramos de zinc por cada kilogramo de suelo en el punto de mayor concentración, lo que muestra la intensidad que puede alcanzar la contaminación en determinadas áreas.
Una de las tareas que asumió Diego Ayala fue la recolección de muestras para su posterior análisis en Santiago. El químico ambiental indica que los puntos de muestreo fueron definidos estratégicamente, tratando de abarcar la mayor área posible, pero en función de los lugares con datos históricos del Plan Maestro de Intervención de 2009. “Los puntos que presentaron mayores concentraciones de metales pesados y que podrían generar preocupación fueron los sectores de las intersecciones de Linderos con Azolas, Óscar Bonilla con Barros Arana y, por último, Luis Beretta Poncel, ya que según los parámetros correspondientes a la Guía de Evaluación para Medios Ambientales (EMEG) tienen un mayor número de metales involucrados (arsénico, cadmio, cobre y plomo) para la categoría de infantes, por lo que la población cercana a los mencionados puntos podría sufrir efectos en su salud”, detalla sobre los resultados de estos análisis.
Respecto a la persistencia de estos contaminantes en la zona, el profesor Carlos Manzano plantea que “los suelos funcionan como reservorios de sustancias químicas y, por lo tanto, pueden conservar información sobre eventos de contaminación ocurridos hace muchos años. En el caso de los metales, esto es particularmente importante porque los elementos no se degradan, sino que pueden cambiar su forma química, quedar asociados a partículas del suelo o movilizarse hacia otros lugares. Arica presenta además condiciones muy particulares: precipitaciones extremadamente bajas, poca materia orgánica y un ambiente árido que favorece la persistencia de estos elementos en el suelo. Al mismo tiempo, el viento y la resuspensión de polvo pueden redistribuir las partículas contaminadas, por lo que ese 'archivo' ambiental no necesariamente permanece en el mismo lugar donde ocurrió originalmente la contaminación”.
¿Herencia del caso polimetales?
Una de las principales conclusiones del estudio es que la localización de los focos es compatible con la influencia del antiguo depósito de residuos de PROMEL y con su posterior dispersión en el ambiente urbano a medida que la ciudad creció y sus suelos fueron intervenidos. No obstante, los resultados también pueden reflejar fuentes contemporáneas, como actividades industriales, tránsito, desgaste de materiales, construcción y movimiento de suelos previamente contaminados. “Establecer con certeza el origen de la contaminación es complejo, porque en una ciudad existen múltiples fuentes que pueden superponerse. Para eso necesitamos hacer estudios de mineralogía y caracterización adicional que puedan conectar mejor lo que se encuentra en el medioambiente con la potencial fuente”, señala el académico de la Facultad de Ciencias de la U. de Chile.
En la misma línea, Diego Ayala sostiene que el trabajo representa un diagnóstico exploratorio que identifica señales de alerta, pero que debe avanzar hacia un levantamiento de datos de mayor amplitud y profundidad. “Lo ideal es tener varias muestras de los sectores elegidos y que ojalá fueran estudiados periódicamente para ver su evolución en el tiempo y ver si las medidas reparatorias han podido disminuir los niveles de contaminación del suelo”, destaca el químico ambiental. Una siguiente etapa, de esta forma, debiera incluir una red de muestreo más densa, campañas en diferentes estaciones del año y mediciones reiteradas que permitan establecer si los focos permanecen estables o continúan desplazándose.
“Hay que mantener una vigilancia ambiental y sanitaria constante porque estamos hablando de contaminantes que pueden permanecer en el ambiente durante décadas. Una vez identificadas zonas con concentraciones elevadas, se deberían evaluar las vías por las cuales las personas pueden entrar en contacto con estos elementos y establecer medidas para reducir esas vías. Las intervenciones pueden ir desde controlar la generación y resuspensión de polvo hasta nuevas acciones de limpieza y remediación”, complementa el profesor Manzano.
Una señal de alerta
El plomo representa una preocupación particular por sus efectos sobre el desarrollo neurológico infantil. El arsénico, dependiendo de su forma química y del tiempo de exposición, se asocia con distintos efectos crónicos, incluido un mayor riesgo de cáncer y alteraciones cardiovasculares. El zinc, en tanto, es un nutriente esencial, pero en concentraciones excesivas puede producir efectos adversos y alterar los ecosistemas del suelo. Los efectos dependen mucho del metal, su concentración y la intensidad de la exposición. Por esta razón, “es importante entender qué proporción de estos elementos se incorpora al organismo humano. En Arica ya existen programas y estudios de biomonitoreo de la población que deberían mantenerse, especialmente en grupos vulnerables como los niños, por lo que integrar esta información con mediciones ambientales de mayor resolución sería muy valioso”, enfatiza Carlos Manzano.
Diego Ayala plantea, además, que “Arica y Parinacota se encuentra dentro de las áreas con mayor incidencia de cáncer de pulmón. El porcentaje de esta patología en la ciudad fue de 25,2% en 2009 respecto a enfermedades de cáncer, el cual está solo por debajo de la región de Antofagasta, que alcanza un 30,6%. Sin embargo, Arica no es una región donde la minería sea la principal actividad económica para que exista de manera tan pronunciada esta patología”. En este sentido, agrega, se requiere estudiar el polvo intradomiciliario y en los techos, el material particulado del aire y las rutas mediante las cuales los contaminantes llegan a las personas, “que es lo que podría incidir en nuevas medidas o modificar otras, ya que estas se tomaron de acuerdo al estudio hecho en 2009, y al día de hoy puede que el panorama sea totalmente distinto debido al movimiento constante que puede tener el material contaminado en la ciudad”.
Para dimensionar el riesgo real, concluyen ambos investigadores, es necesario complementar el análisis químico con pruebas de bioaccesibilidad, es decir, determinar qué fracción de cada metal podría liberarse en el sistema digestivo o respiratorio, ya que el estudio no midió metales en personas ni estableció una relación causal con enfermedades. Tampoco determinó directamente qué proporción de los elementos detectados puede ingresar al organismo. Sus resultados, sin embargo, identifican lugares donde la exposición potencial merece ser investigada con mayor profundidad para determinar los riesgos de que estos elementos entren en contacto con los habitantes mediante la inhalación de polvo, la ingestión accidental de partículas, su manipulación, el consumo de alimentos cultivados en terrenos contaminados o el ingreso de polvo a las viviendas. La integración de estos datos con programas de vigilancia sanitaria, asimismo, permitiría distinguir entre la existencia de contaminación ambiental y una exposición humana efectiva. También ayudaría a priorizar intervenciones en espacios frecuentados por niños, establecimientos educacionales, plazas y sectores residenciales.
Una norma en deuda
La investigación debió apoyarse en valores de referencia internacionales para analizar los resultados, ya que Chile no cuenta actualmente con una norma nacional vinculante que establezca concentraciones máximas de contaminantes en suelos según su uso. La investigación, de esta forma, revive la necesidad de contar con una norma ambiental específica y vinculante que determine cuándo un suelo debe ser declarado contaminado, qué instituciones deben intervenir y las medidas de remediación necesarias para cada caso, tal como ocurre con el aire y el agua. La guía metodológica elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente propone evaluar estos sitios acorde al riesgo y uso del territorio. Sin embargo, una guía técnica no reemplaza una norma obligatoria que establezca responsabilidades, plazos, mecanismos de fiscalización y garantías para las comunidades afectadas.
La futura regulación, en este sentido, debiera considerar las condiciones geológicas particulares del norte del país, donde algunos metales pueden encontrarse naturalmente en concentraciones mayores que en otras regiones. “Chile tiene una enorme diversidad geológica y ambiental, por lo que definir estas normas no siempre es sencillo. Por eso, necesitamos valores de referencia que permitan distinguir el aporte natural de aquel producido por actividades humanas y cuándo esas concentraciones representan un riesgo”, explica el profesor Carlos Manzano, quien destaca que “estudios como este aportan evidencia sobre la necesidad de contar con criterios que consideren tanto la diversidad natural del territorio como los usos del suelo y las potenciales vías de exposición de la población”. Distinguir entre el aporte natural y la contaminación provocada por actividades humanas será fundamental para fijar valores realistas, pero suficientemente protectores. También se necesitarán reglas diferentes según el uso del suelo. Un mismo nivel de contaminación no implica idéntico riesgo en un área industrial, una plaza, una escuela o un barrio residencial.
Respecto al caso específico de Arica, Diego Ayala sostiene que -aunque tardías- se tomaron buenas medidas en su momento y que recientemente se inauguró un nuevo Centro de Salud Ambiental en esta ciudad, pero que uno de los problemas es que no existiría un enfoque dirigido a quienes nacieron después de la Ley 20.590 de Polimetales y que, sin embargo, aún podrían verse afectados. Por ello, expresa su esperanza en que la evidencia científica contribuya a la toma de decisiones en política pública para una vigilancia permanente, remediación efectiva y normas obligatorias. Todas estas medidas serían claves para impedir que un episodio ocurrido hace más de tres décadas continúe proyectándose sobre las generaciones actuales y futuras.