Agustín Squella analizó la competencia entre planteles de Educación Superior. Al respecto argumentó: "En materia de universidades distingo entre planteles estatales, que hoy suman 16; planteles privados con financiamiento estatal, que son 9; y planteles particulares, que llegan a 40. Estos últimos, salvo un par de muy estimables excepciones, son auténticas empresas, en el sentido económico del término, y representan poco más que negocios educacionales, legítimos por cierto, pero a los que debería pedírseles que no se presenten como si fueran otra cosa. Otras veces se trata de planteles confesionales, preocupados de difundir una determinada fe, a cuyos dogmas subordinan sus procesos de enseñanza y la investigación que puedan realizar".
"Los otros dos tipos de universidades -que sumadas constituyen las 25 con asiento en el Consejo de Rectores- difieren bastante entre sí y no sólo desde el punto de vista de su propiedad -en un caso pública y en el otro privada-, sino en que las Universidades del Estado tienen deberes que no tienen las nueve privadas, por ejemplo, el pluralismo. No digo que entre esas nueve no existan universidades pluralistas, o que tampoco las haya entre las 40 que llamé particulares, pero lo que para ellas es una opción -el pluralismo- para las Estatales constituye una obligación. Entre esas nueve universidades hay seis que son católicas y que, por lo mismo, tienen un sello confesional y practican un pluralismo limitado por ese mismo sello o carácter. Así, por ejemplo, un no católico, e incluso un católico que se haya vuelto a casar sin anular su matrimonio religioso previo, no puede ser rector y ni siquiera decano de alguna de nuestras universidades católicas".
Sostuvo, por tanto, que "se puede entender perfectamente que haya universidades que no se declaren pluralistas, o que opten por un pluralismo limitado, pero lo que no comprendo es que, a la hora de optar a recursos públicos, se presenten como si fueran iguales a las estatales".
Universidades Estatales "en desventaja"
El sistema normativo vigente que regula la Educación Superior y que permite que las universidades privadas puedan recibir recursos del Estado, sin rendir cuentas de esas inversiones ante Contraloría, mientras sus pares estatales deben cumplir con este trámite es una situación que fue comentada por el Premio Nacional.
"Las Universidades Estatales -aseveró- están en ello en abierta desventaja respecto de las que no siéndolo reciben también aportes directos del Estado -las nueve privadas con financiamiento público- y ni qué decir de las 40 particulares que no reciben tales aportes. Como lo están también en cuanto a la posibilidad legal de contraer endeudamiento de largo plazo con fines de infraestructura y equipamiento. Hay que modernizar el estatuto constitucional y legal de las Universidades Estatales, pero también el marco patrimonial y financiero en que se desenvuelven, lo cual no significa prescindir de los razonables controles internos y externos a que debe estar sometida toda institución que maneja recursos del volumen y de la naturaleza que administran las Universidades Estatales".
Misión universitaria
El académico de la U. de Valparaíso manifestó que cada universidad "es libre para establecer su misión, aunque casi todas incurren en una retórica tan majadera como ampulosa a la hora de expresarla". Desde su perspectiva "es evidente que las Universidades del Estado tienen una misión compartida, sin perjuicio de las especificidades de cada cual, puesto que todas ellas representan al Estado, y en el fondo al conjunto de la sociedad chilena, en el campo de la Educación Superior, conformando un genuino e importante espacio público de ésta".
Presupuesto insuficiente
Respecto del apoyo presupuestario actual que reciben las Universidades Públicas para realizar investigación de punta y facilitar la preservación de un cuerpo académico compuesto en su mayoría por profesores con grado de Doctor, Agustín Squella advirtió que "es inferior al que deberían tener".
A su juicio tal situación "es grave porque no sólo hay que formar Doctores, sino saber luego darles una plaza y retenerlos en nuestras universidades, de manera que puedan desplegar en ellas su capacidad docente y de investigación. Y para ello se requieren condiciones materiales de trabajo que condigan con tales propósitos y un clima intelectual al interior de cada universidad que refuerce y no debilite ese sentido de pertenencia y que de auténtica esperanza y posibilidades de realizar en ellas una carrera académica prolongada y fecunda".
Nuevo Trato "es una propuesta justa"
En este aspecto apeló a la relevancia de la iniciativa impulsada por el Consorcio de Universidades Estatales. "Ignoro si será o no viable, aunque no tengo dudas de que es una propuesta justa. Justa y, asimismo, sensata y oportuna. Chile debe ser el único país del mundo donde hay que dar explicaciones para que el Estado apoye preferentemente a sus propias universidades, algo que me parece a mí de simple sentido común. El privatismo excesivo que se aprecia hoy en Chile, a veces ingenuo y otras simplemente interesado, pone absurdamente el peso de la prueba del lado de las instituciones públicas cuando éstas reclaman lo que precisan para cumplir sus funciones: recursos igualmente públicos".
"El Estado debe dar un trato preferente a sus propias universidades, lo cual no significa que deba excluir a las demás", dijo, precisando que "preferir no es excluir. Pero ya es tiempo de que el Estado, la clase política y la sociedad en su conjunto acaben de entender que no estamos en el momento fundacional de la República -en el que podría tener algún sentido preguntarse si acaso el Estado debe o no tener universidades-, sino a las puertas de un bicentenario en el que el Estado de Chile cuenta con 16 importantes universidades, cuatro metropolitanas y las doce restantes distribuidas por todo el territorio nacional. Un verdadero sistema estatal de universidades que puede colaborar mucho más al desarrollo del país y, sobre todo, a que ese desarrollo sea más equitativo y armónico desde el punto de vista territorial".
Acceso a la Educación Superior
En nuestro país "el acceso es cada vez más equitativo, y en esto, como en todo, hay que poner un ojo alegre en el camino recorrido y otro ojo preocupado en el que falta aún por transitar".
El Doctor en Derecho relevó, en esta línea, que se debe cuidar que no sólo el acceso a la Educación Superior sea equitativo, sino también la permanencia en ella, "porque jóvenes provenientes de hogares pobres y carentes de aquello que a falta de un mejor nombre se llama ‘capital cultural', acceden con dificultad a la Educación Superior y encuentran luego nuevas y a veces mayores dificultades para permanecer en ella y concluir satisfactoriamente sus estudios".
Y agregó: "Si el derecho a la educación permite hoy a muchos más jóvenes que antes acceder a la Educación Superior, en cualquiera de sus tres pisos institucionales, una vez en ella esos jóvenes tendrían que tomar conciencia del deber de aprovechar la posición que han conseguido. Un deber que se relaciona con cotas de estudio, esfuerzo y autoexigencia que tienen que estar a la altura de un nivel de la enseñanza que no por nada se llama ‘superior'. Derecho a la educación, por cierto, pero también deber de hacer algo una vez que se ha ejercitado con éxito ese derecho".
Ad portas de un nuevo Gobierno
"Los candidatos presidenciales debaten poco y mal, y no se puede esperar mucho de ellos. A su vez, los medios están menos preocupados de las propuestas que salen de su boca que de los chascarros que protagonizan o de los enfrentamientos verbales que tienen entre sí", acusó crítico ante la situación que enfrenta el escenario electoral.
"Es efectivo que faltan propuestas, pero también lo es el desinterés de los medios para recogerlas, explicarlas y difundirlas. Tuvo mucha razón uno de los candidatos cuando, terminado el reciente debate que presenciamos por televisión, se quejó de que ésta les diera 30 segundos para responder sobre cuestiones de educación, salud, vivienda u otras, mientras se otorgan horas a las banales peripecias de los personajes de teleseries y realities", expresó.
El Derecho en el desarrollo social
Sobre el rol de la investigación en Ciencias Sociales, y en particular del Derecho, para el desarrollo nacional, el Prof. Squella aseguró que éste rige en sociedad y, en tal sentido, es un fenómeno social, en cuanto se da o aparece como condición de la vida social del hombre.
No obstante "su especificidad es normativa, o preferentemente normativa de manera que el saber que lo estudia (ciencia del derecho o dogmática jurídica) es también un saber normativo, un saber acerca de las normas y otros estándares jurídicos -como los principios, por ejemplo- sin perjuicio de que otros saberes jurídicos como filosofía del Derecho, sociología del Derecho y/o historia del Derecho, pongan su atención en los factores que influyen en tales normas y estándares y en los procesos por medio de los cuales son producidos, aplicados, interpretados y obedecidos".
Por eso, el Prof. Squella hizo hincapié en que "la ciencia del derecho no es una ciencia social, sino un saber normativo, y, en tal sentido, ha tenido un importante desarrollo en Chile. El estado del Derecho en el país -y digo ‘del', no ‘de', para significar con ello que me refiero a la situación y calidad de nuestro Derecho- depende en medida importante de cuál sea la situación y la calidad del saber que lo estudia, examina, critica, difunde y hace progresar", concluyó.
"Necesitamos culminar una discusión"
"Mi área de trabajo -la filosofía del derecho- es muy rara, extravagante casi, y no es mucho lo que debe esperarse de ella. Tampoco podemos esperar mucho de la propia filosofía, es decir, de la filosofía general, de la filosofía sin apellidos, salvo hacer realidad -y esto no es poco- ese llamado del mejor de nuestros filósofos -Jorge Millas- en el sentido de habituarnos a poner en tensión al inteligencia, a pensar hacia el límite de nuestras posibilidades y a antagonizar de ese modo contra la complacencia en lo obvio y toda otra forma de embotamiento espiritual, como el espíritu gregario o de partido, la intolerancia mesiánica, la pereza escéptica, y el conformismo, sea éste tradicional o revolucionario".
"Isaiah Berlin decía también que la filosofía nos enseña a actuar a plena luz en vez de salvajemente en la oscuridad. Pues bien, necesitamos culminar una discusión a plena luz sobre nuestra Educación Superior. Y si digo ‘culminar' es porque ya se ha discutido bastante sobre la materia y lo que ahora faltan son decisiones. Pero para definir y adoptar políticas y decisiones hacen falta mayores dosis de atrevimiento del que han mostrado hasta ahora los dos poderes del Estado que intervienen en la aprobación de las leyes".
"Esto último -destacó- es bastante visible en el caso de las Universidades Estatales, puesto que algunas decisiones a su respecto se han visto paralizadas por los intereses y la presión de las que no lo son. Pero, seamos francos, algunas de esas decisiones se han visto paralizadas por la propia inercia de los planteles estatales y por comunidades académicas, estudiantiles y funcionarias más preocupados de conseguir ventajas estamentales que por el bien común o general de las instituciones a las cuales pertenecen".
Así, por ejemplo, advirtió que "prácticamente todas las Universidades Estatales, con la sola excepción de la U. de Chile, tengan hasta hoy los mismos estatutos que les fueron impuestos por la dictadura militar constituye un hecho tan insólito como vergonzante que no cabe imputar sino a las propias universidades del Estado y a los poderes de éste que intervienen en la dictación de las leyes. Y no vaya a creerse que lo de los estatutos es un asunto de alcances puramente jurídicos: en ellos se fija la misión de cada universidad, su estructura, sus órganos de poder y decisión, los límites y controles a que están sujetos quienes tienen potestad para decidir, los principales derechos y deberes de su comunidad, y las bases de la carrera académica".
"Entonces uno se pregunta lo siguiente: ¿puede resultar satisfactorio, o incluso tan sólo aceptable, que en todos esos aspectos las universidades estatales continúen rigiéndose por estatutos dictados en un momento político y universitario enteramente distinto del que vivimos en la actualidad?", finalizó, dejando abierta para el debate esta inquietud.
Su trayectoria
En 1969, Agustín Squella se tituló como Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Valparaíso -actual Universidad de Valparaíso-, mientras que, en 1976, obtuvo el título de Doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Fue Profesor de Introducción al Derecho en la Facultad de Derecho (1975-1976) y Profesor en Programa de Doctorado en Derecho, con un curso de Teoría del Derecho sobre "Razonar Jurídicamente (2007-2008)"; e integra el Consejo Académico del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho.
Es Miembro de Número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile desde 1995; fue Rector de la Universidad de Valparaíso y Presidente del Consorcio de Universidades Estatales. Además, entre 2000 y 2003 fue Asesor Cultural de la Presidencia.
Actualmente se desempeña como Profesor Titular de Introducción al Derecho y de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valparaíso y en la Universidad Diego Portales. En el ámbito periodístico, es columnista regular de El Mercurio y colaborador de El Mercurio de Valparaíso.