Exposición del Prof. Luis A. Riveros, Rector de la Universidad de Chile, en Foro "Universidad de Chile: ¿Pública o Autofinanciada?"

(Transcripción)

Yo quería, primero que nada, agradecerles la invitación y también felicitarlos, porque son pocos, francamente, los lugares en la Universidad en que se están discutiendo estos temas. Yo creo que es muy importante que estos temas se discutan en la Universidad de Chile, porque los problemas presentes y los futuros no son menores para lo que es la esencia de la Institución.

Yo, frente a la propuesta del temario que ha planteado nuestro invitante, me gustaría partir por el hecho que ha tendido a dominar en nuestra sociedad chilena, a instancias de las experiencias económicas pasadas, a instancias de las crisis económicas, a instancias del rol que cumplió el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial -y ésta es una situación también presente en el resto de los países latinoamericanos, por lo menos- un excesivo afán privatizador, que es fundamentalmente ideológico.

Es cierto que la política de desarrollo de crecimiento del Estado tuvo una crisis en la década del 60, del 70, del 80, en distintos países, pero aquí se ha entrado con una política en que, por definición, el Estado lo hace mal y, por definición, el sector privado lo hace bien. Y por definición, también, todo lo que puede hacer el Estado lo puede hacer el sector privado, y mejor. Por lo tanto, no hay un espacio real para el Estado, ni para la actividad propia tradicionalmente del Estado, que son los sectores sociales, la educación o la salud, menos aún en la producción. De manera que el Estado queda restringido esencialmente a las áreas de la administración del sistema, un poco a su regulación, y a provocar una suerte de financiamiento cuando el sector privado no está dispuesto a envolverse en el tema, que es, esencialmente, la doctrina del Estado Subsidiario.

Si uno mira la experiencia económica de todos los países latinoamericanos, en mayor o menor medida (Chile a la cabeza, al igual que México, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela) es esto un poco lo que ha estado dominando el escenario de los cambios económicos, y también de los cambios sociales en los últimos años. Pero como digo, yo creo que no hay sustantivamente una evidencia que respalde esta política. Porque cuando uno revisa la evidencia de los procesos de desarrollo de los países asiáticos, particularmente de Corea, de Taiwán, de Singapur en el década del 60, no es precisamente esta ideología la que predomina. Muy por el contrario, ahí hay un Estado presente, muy activo, que estimula, un Estado que financia, un Estado muy presente en educación. Sin embargo, esos países, contrariamente a lo que sostiene esta doctrina de los años 70 u 80, son países que logran un estándar de desarrollo bastante alto y, en consecuencia, parecería eso demostrar que no necesariamente el Estado lo hace mal, sino que también puede hacerlo bien. Pero aquí hay una dominancia de ese tema que a mí me parece que es un factor que va mucho más allá de la cosa educacional o de la cosa social. Es una predominancia ideológica muy fuerte, y que ha permeado a todos los sectores políticos, porque éste no es un discurso solamente de la derecha en nuestro país, sino que es un discurso largamente aceptado y promovido por sectores muy importantes de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, en definitiva, hace que exista un consenso, por lo menos en las manifestaciones políticas externas, respecto a este punto que a mí me parece que es un tema y un punto muy central.

Segundo. Esto es naturalmente, entonces, una cosa que, además de afectar a los sectores tradicionales (la producción), afecta también a la educación; y en el caso de las universidades, esta teoría, esta doctrina, sostiene, y está por escrito (el Banco Mundial ha producido una buena cantidad de material sobre esta materia) que dado que las universidades están orientadas hacia los sectores de altos ingresos y a ser un bien de lujo, entonces, el Estado no tiene porque financiar eso, sino que financiar a los estudiantes en mayor necesidad para acceder al sistema, y el resto del problema es esencialmente un problema privado. De manera que eso ha estado presente, y por lo tanto, si uno mira a estos mismos países latinoamericanos, la situación de las universidades públicas es, francamente, desastrosa. Uno ve los casos de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Estatal de Guayaquil, o la Universidad Central de Venezuela, o las universidades uruguayas; y está existiendo el mismo problema -y mucho más marcado que en Chile- derivado de esta manera de poner, y yo diría de definir, el modelo y de respaldarlo, además, con préstamos, con recursos. Por lo tanto, los países tienen que tragarse un poco esta parte de la doctrina, porque viene con contrapartida de recursos para hacer otro tipo de operaciones. De este modo, lo que nos ha sucedido a nosotros, en materia universitaria, no es distinto de lo que ha ocurrido, con mayor intensidad incluso, con las distintas condiciones prevalecientes en otros países latinoamericanos.

Tercero. ¿Qué dice la experiencia internacional respecto a este tema de si debe haber universidad pública o debe ser todo privado? Lo lógico es, probablemente, no mirar a los mismos países en el corte de ingreso en que estamos nosotros, sino mirar a los países que ya están en nivel de desarrollo, han pasado por distintas etapas, han sustentado su propio crecimiento, tienen modelos de bienestar que son distintos a los nuestros. Y entonces, cuando uno se pega un recorrido por esos países, uno se da cuenta que la doctrina allí aplicada, es muy distinta de la que se postula para nuestros propios países. Uno toma el caso, por ejemplo, del propio Estados Unidos, y uno se da cuenta que la presencia de las universidades públicas en Estados Unidos es importante. La Universidad de California, una de las universidades más importantes en los Estados Unidos, es una universidad del Estado, con financiamiento del Estado y con reglas muy claras para el financiamiento. Por lo tanto, tal como la Universidad de Michigan o universidades en el Estado de Nueva York, las universidades públicas tienen un rol importante. En Canadá, el sistema universitario es esencialmente un sistema público. En Europa, el sistema universitario es esencialmente un sistema público, particularmente en países como Alemania, Italia, Francia. Si uno mira hacia Asia, partiendo por las universidades japonesas, naturalmente las Chinas, por cierto, la Universidad de Singapur, en Corea, son universidades públicas todas ellas. Solamente el día de ayer participé en una video conferencia con 32 rectores de otras universidades de la Asociación de Universidades del Asia Pacífico, y la mayoría de ellos (90%) son de universidades públicas. Entonces, esta cuestión que a uno le tratan aquí de vender, que la universidad pública está pasada de moda, que solamente la propiciamos los que somos más estatistas y que todavía creemos en el Estado Docente, que en realidad la eficiencia está efectivamente en el sector privado, que en realidad hay que financiar solamente un poquito de las universidades públicas por alguna razón esencialmente de solidaridad social, y el resto autofinanciamiento: la verdad es que ese no es el cuento que prevalece en el mundo. Es algo que se ha aplicado naturalmente en el caso latinoamericano, pero que presenta una enorme contradicción no sólo con los países desarrollados históricamente, que son los que he mencionado (Europa, Estados Unidos, Japón), sino también con los países de reciente industrialización (Corea, Singapur, Taiwán), y todos ellos tienen un sector de universidades públicas tremendamente importante, de tremenda calidad y con financiamiento del Estado.

Entonces, cuando vamos al caso chileno, yo creo que el caso chileno partió, esencialmente, por una concepción política y una visión política respecto del rol del sistema educacional en general. En primer lugar, aquí no se trata solamente de las universidad estatal o de la Universidad de Chile: se trata de todo el sistema educacional. No olviden ustedes que lo que ha primado en el sistema de la Educación Básica, de la Educación Media, es el llamado financiamiento compartido. Y las escuelas municipalizadas languidecen, son las de menor calidad del sistema, pocos estudiantes de las escuelas municipalizadas pueden aspirar a tener buenos puntajes para ir a la universidad. O sea, es un sistema que tiende a segregar, definitiva y socialmente al sistema de educación.

Y en segundo lugar, se basa en esta idea que se origina en los años 70, junto con el golpe militar, que hay que buscar eficiencia. Y ciertamente, claro, nosotros tenemos, y teníamos, y tendremos, muchas ineficiencias. Es fácil buscar, quizás, sobre todo cuando se buscan ejemplos triviales ¿no?, de cuánto se demora un astrónomo en encontrar una estrella nueva. Entonces, uno podría decir la ineficiencia en astronomía. O cuánto se demora un músico en crear una partitura, y uno podría hablar de la ineficiencia en la creación musical. O la ineficiencia en la investigación en general, porque la gente se demora en encontrar resultados y en publicar. Pero hablando en serio, la verdad es que no ha habido nunca un indicador claro de qué es la eficiencia en el sector universitario y en el sector educacional en general, porque las medidas de eficiencia son usualmente cuantitativas y usualmente muy superficiales. El tema de buscar eficiencia, por otro lado, es un tema que ideológicamente se coloca contra la universidad pública, por la acusación que las universidades públicas son, por definición, ineficientes y que, en consecuencia, sólo el sector privado puede hacerlo eficientemente debido a los incentivos que tiene.

Ahora, ¿cuáles son los incentivos reales del sector privado? Entonces, aquí es bueno hacer una clara distinción. En primer lugar, está el sector privado que pertenece al Consejo de Rectores y que son universidades tradicionales -como la principal universidad que compite con la Chile-, que esa también se define como universidad pública. Nótese: la Universidad Austral, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, se definen ellas mismas como universidades públicas, igual que la Chile. La pregunta es, ¿bueno, entonces cómo estamos definiendo lo público? Y la primera definición que surge, es que es público todo aquello que tiene financiamiento público. Y la verdad, entonces, que creo que tenemos que discutir con un poquito más de cuidado qué es lo público. En segundo lugar, diferenciar también, ciertamente -porque es debido- lo público de lo estatal. Por eso que la afirmación aquella, que la Universidad de Chile es estatal y pública, tiene mucha trascendencia. Yo creo que esta Universidad es pública porque cumple un rol público. Y el rol público no es solamente que atiende clientela, porque desde ese punto de vista el Mc Donald´s también es público, y todas las cosas son públicas por definición: los supermercados, las universidades privadas, todo es público. Es público porque cumple un rol en términos de una misión de tipo público. Y entonces aquí hay un debate ideológico importante.

El señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, escribió hace dos o tres días en "El Mercurio" una cosa con la que yo no estoy en absoluto de acuerdo. Él dice: "lo público se puede hacer también privadamente". O sea, si le pasamos los recursos públicos a una entidad privada, esa entidad privada, entonces, por definición se convierte en pública. Y por definición, entonces, produce lo que él llama "bienes públicos". Y en consecuencia, no habría ninguna razón por la que habría que darle financiamiento a las universidades estatales o tradicionales, o de algún tipo solamente, sino que a todo el sistema, porque así se convierten ellas en públicas. Ahora, yo creo que aquí hay que excluir qué es lo que no debe ser público por definición, inherente al carácter y al desarrollo del sistema.

En primer lugar, no puede ser público entidades que promueven la defensa de ciertos valores, de ciertas creencias, de ciertas doctrinas. Cómo puede ser pública una universidad, por ejemplo, de una secta, de una iglesia. Cómo puede ser pública una universidad que pertenece a un grupo político; o cómo puede ser -como segundo criterio- pública, una universidad o una entidad que genera lucro. Entonces, he aquí una cuestión fundamental de la reforma del Sistema Universitario de los años 80: se definió que las universidades privadas iban a ser entidades sin fines de lucro. Porque con eso, entonces, también se abría una puerta al financiamiento público de estas universidades más tarde, debido a que no hay contradicción, entonces, si no hay lucro con un financiamiento estatal. Pero la cuestión es que en las universidades privadas hay lucro. Distinto es cómo se paga el lucro, cómo se genera, cómo se distribuye. Se puede hacer como lo hace la Universidad Diego Portales, depositándole cantidades de dinero a los propietarios en las cuentas de las AFP. Se puede hacer de muchas maneras, como teniendo los locales y arrendándoselos entonces a la universidad, como lo hace la Universidad Andrés Bello, la Universidad Gabriela Mistral. Pero la cuestión es que hay lucro. Y en consecuencia, yo creo que la línea divisoria entre lo que es público y lo que no es público, es primero esta frontera ideológica: el Estado no puede financiar proyectos ideológicos, proyectos corporativos, proyectos doctrinarios.

Por eso a mí me parece un poquito inconsistente darle crédito solidario, o darle crédito, simplemente, con aval estatal, a estudiantes de los sectores de las universidades privadas, porque son universidades que producen lucro. Entonces, uno en definitiva está financiando el lucro de ciertas instituciones, y eso es como darle un subsidio a Lan Chile para que siga ganando plata vendiendo pasajes. Yo creo que esta discusión a mí me parece que es muy importante, por eso digo que se está discutiendo poco. Creo que lo fundamental en el tema del financiamiento, aparte de todas las cosas que ya conocemos, es que al obligar a universidades como la Chile y a otras que tienen menos fortaleza académica a autofinanciarse, las lleva a desvirtuar totalmente su rol.

Me enteré el día de ayer en una discusión, que una universidad estatal regional tiene 43 sedes (así llamadas) ¿Qué son las sedes? Arriendo de un departamento en Concepción, arriendo de una pieza en otra parte (en Ancud), arriendo de no sé qué cosa en Arica para poder generar ingreso. Esa universidad no es, en absoluto, distinta y probablemente de bastante menos calidad que alguna de las privadas. ¿Y por qué hace eso? Bueno, porque está obligada a generar plata. La Universidad Arturo Prat de Iquique -eso es bien sabido, por eso la nombro- abrió una carrera de Derecho en la ciudad de Victoria ya hace algún tiempo. Qué hace la Universidad de Iquique para el desarrollo regional de la región, y la fortaleza del mar y todas las cosas que están en las declaraciones de principios, si finalmente está haciendo una escuela de Derecho en una ciudad que no tiene nada que ver, y ni siquiera yo sé por qué está en Victoria. Nadie debe saber a esta altura por qué está en Victoria. Entonces esas, claro, son ya cosas un poquito divertidas, pero yo diría bien tragicómicas. Y la Universidad de Chile, claro, tiene más espaldas académicas. La Universidad de Chile en todos los últimos años ha logrado generar recursos. Y por cierto, entonces, la proporción de los recursos estatales va cayendo: ya vamos en un 22% de financiamiento estatal de nuestro presupuesto. Claro, la Universidad Arturo Prat recibe menos de un 1%, entonces, evidentemente la situación es un poco distinta. Nosotros podemos generar mucha plata, ¿pero el problema de fondo? Nosotros no vamos a ir a abrir una carrera de Derecho, espero, nunca a Traiguén, ni vamos a abrir una carrera de Medicina en Lota. Espero que no hagamos esas cosas. Pero de todas maneras, las cosas que hacemos para generar recursos desfiguran el rol y la misión de la Universidad de Chile, porque cada vez más le estamos poniendo presión a nuestros académicos para poder generar los recursos que permitan hacer seguir funcionando como una universidad con cierto potencial académico y no perder a los estudiantes, los posgrados, los desarrollos en investigación.

La gran preocupación -y estas discusiones tuvieron lugar durante la preparación del nuevo proyecto del Estatuto de la Universidad- es esa pérdida del sentido institucional de la Chile. Por lo tanto, cuál es el escenario futuro. Si uno lo proyecta de aquí a 10 ó 15 años, la Universidad de Chile va a tener un financiamiento de alrededor de un 12%, y va a tener, por tanto, una porción privada -que en este minuto puramente privada es como un 40%- que probablemente va a ser más de la mitad del presupuesto. Y con esto quiero terminar, cada vez que uno dice esto es privado, significa que el financiamiento es, por lo menos, 50% más algo privado. Cuando uno dice esto es público -que no es nuestro caso-, el financiamiento debiera ser 50% más algo público, que no lo es. En consecuencia, nosotros vivimos hoy en un estado indefinido, en que no somos realmente una universidad estatal desde el punto de vista del financiamiento, no somos tampoco puramente privados, desde el punto de vista de lo que hacemos o tratamos de hacer en la mayoría de nuestras unidades académicas y, por lo tanto, estamos en un terreno como de nadie. Creo que esa es parte de las grandes angustias que vive permanentemente la Institución para poder seguir sosteniéndose, para poder seguir manteniendo un rol en la sociedad chilena, acorde con su misión y con su tradición y, al mismo tiempo, mantener la excelencia académica con la que tiene que cumplir esos estándares. Yo insisto, esto es un dilema grave, importante. Lo hemos discutido, lo estamos discutiendo con el Gobierno y con el Parlamento, pero creo que aquí la cuestión fundamental es terminar con una ideología privatizadora. Pedir a quienes tienen que tomar decisiones, que efectivamente las tomen, y no simplemente prolonguen decisiones que se tomaron hace 20 años atrás en una instancia, o una situación política que era muy distinta a la prevaleciente ahora.

Gracias.

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