Clase Magistral del Rector de la Universidad de Chile profesor Luis A. Riveros, Con motivo de la Inauguración del Año Académico 2000 de la Universidad de Atacama
Considero una distinción importante que esta Universidad me hayan invitado a dictar la clase magistral con motivo de la inauguración del año académico 2000. Soy ex alumno de la Universidad Técnica del Estado, y me enorgullece profundamente estar aquí, en esta Universidad hija de aquella, en donde emergió el estudio, la investigación aplicada en minería, junto con el desarrollo del entrenamiento profesional en una área que ha constituido, y constituirá, el más fuerte basamento económico del país. Copiapó fue la cuna de grandes movimientos sociales, que impregnaron al país con un mensaje de emancipación, de tolerancia y de construcción de un futuro mejor. Estar aquí, hace evocar, inevitablemente los días mejores que cada día todos alentamos por nuestro Chile.
También desde Copiapó emergió la enseñanza técnica e ingenieril, como un mensaje a Chile, para el fortalecimiento de su Educación, en el esfuerzo inspirador de Manuel Montt, y de otros grandes como Bello, Domeyko, Abelardo Núñez, y más tarde Valentín Letelier y Juvenal Hernández. Ese esfuerzo inspirador de la gran Educación del Estado, entregada con criterio generoso –por encima de los pequeños argumentos financieros y de la ganancia con criterio privado—con visión de país, privilegiando el rol social del profesional, mirando por encima de las rentabilidades presentes y de corto plazo el verdadero futuro del país que es su largo plazo. Esta Universidad es la heredera de una rica tradición en lo académico, pero también en cuanto al esfuerzo del Estado chileno por dar Educación y Cultura al pueblo, y enriquecer con compromiso el desarrollo de nuestra actividad productiva. Saludo con orgullo de chileno, y con la convicción de universitario, a esta Universidad que debe seguir constituyendo un símbolo de la Educación Pública que le debemos al país para su progreso y equidad.
Uno de los temas que debe concitar mayor preocupación actual en la sociedad chilena se refiere a la tarea universitaria y al como, en el contexto de una definición de política, se organiza mejor el sistema, se establece de modo adecuado su financiamiento, y se propugnan políticas en materia de acreditación y de desarrollo académico consonantes con reales objetivos de calidad y equidad. Quiero referirme a este tema en la inauguración de vuestro año académico, puesto que el adoptar decisiones sobre el mismo es relevante y urgente, en muchos sentidos. No debo quizás mencionar aquí la necesidad de debate sobre esas materias, expresando también lo lamentable que ha resultado el que tal discusión se haya pospuesto por diversas razones pertenecientes al ámbito de la política pública. No quiero ser reiterativo, pero al no haberse abordado en forma oportuna la discusión de este tema y la definición de una política de Estado integral y adecuada, se han ido acumulando una serie de problemas, los más graves de los cuales son el crecimiento inorgánico, la ausencia de patrones de calidad y, porque no decirlo, una gran mercantilización de la Educación Superior, que ha causado gran daño, que engaña al país con logros de cobertura, pero que levanta serias preguntas sobre calidad y respecto al futuro de tantos jóvenes que ilusionadamente emprenden formación profesional.
Sin lugar a dudas es necesaria una política que deposite la responsabilidad en el Estado y el mercado en forma efectiva, eficiente y en el marco de proteger el interés nacional y la fe pública, dando al mismo tiempo igualdad de oportunidades y condiciones a todos para entregar su inteligencia y capacidad al servicio del país. Pero una visión moderna y efectiva de la Educación Superior no debe, ni mucho menos, consistir en dejar a la libre operatoria del mercado un tema tan sensible, llevando a concebir a las universidades como entes de instrucción, y reclamando que las instituciones tradicionales, que llevan a cabo labores mucho más complejas y de tipo nacional, pasen a constituir "competencia desleal" del Estado con las contrapartes privadas. Es necesario volver a reponer los temas básicos y decidir en forma efectiva lo que deseamos hacer como país, que no puede ser un "más de lo mismo", ya que ello nos llevará irremediablemente a un caos irreparable.
La importancia del tema universitario tiene que ver con el proyecto país que todos, de una manera u otra y desde distintas perspectivas, imaginamos y propugnamos a partir de nuestras tareas. Chile tiene un futuro que puede ser más promisorio para nuestros hijos y las generaciones que sigan, que aquel Chile que nosotros heredamos. Hemos sido el objeto de tanta necesidad, de tanta pobreza, de tanta división, y de tanta falta de expectativas; hemos sido una economía limitada, marginal en el contexto del mundo y de la propia región latinoamericana, y nuestros sueños se han visto frustrados repetidamente. No hemos sido capaces de construir un mejor país, y se nos ha legado una historia de fracasos y de explicaciones muchas veces basadas en ideologías, pero altamente inefectivas para enseñarnos un camino de mayor efectividad para enfrentar nuestras debilidades estructurales.
Hoy el país puede pensar en una posibilidad de desarrollo cierta, en sus aspectos económicos y sociales, medioambientales y humanos, que nos permitan saltar al mundo de las mayores posibilidades. Hay 20 o 30 años para alcanzar ciertas metas visibles en el plano de indicadores económicos que nos acerquen al piso del mundo industrial. Pero ello será posible solo si hoy hacemos lo correcto en la política pública que debe ser el motor orientador de un proceso destinado al despegue, y que sea capaz de superar nuestras diferencias y nuestras angustias seculares. Los temas de la distribución del ingreso están hoy al centro de las discusiones acerca de la factibilidad real de la inversión y el crecimiento; en ello el rol de la Educación como instrumento de movilidad social y de igualador de condiciones, constituye una herramienta vital que el Estado debe volver a potenciar como un vital proyecto – país con destino a establecer equilibrio social que requiere el desarrollo integral.
El sueño del desarrollo tiene que ver con una Política Universitaria y de Educación Superior. ¿De qué otra manera, se tendrá el conocimiento nuevo que nos permitirá estar en la punta tecnológica para competir de verdad en un mundo global? ¿En que otra forma se tendrá la capacidad para innovar permanentemente sobre la base de creación de conocimiento basado en investigación básica y aplicada? ¿Cómo, de otra forma, se podrán conciliar los temas nacionales, que son los que importan al momento de evaluar el impacto político de un proceso de dos o tres décadas de despegue y de cambios sostenibles, con el legítimo interés privado que demandará también prioridad en la investigación y la política pública? ¿Cómo podría concebirse, sin una adecuada Educación Superior, una manera más justa de poder efectivamente introducir equidad sostenible en una sociedad caracterizada por extrema desigualdad y profundas contradicciones atentatorias contra el desarrollo, la inversión y el crecimiento? ¿Cómo en definitiva, podría tener éxito un país con ventajas en términos de su dotación de recursos humanos, si no los tiene calificados al más alto nivel en áreas y disciplinas no necesariamente rentables en el corto plazo desde el punto de vista financiero?
No se trata de enunciar que el mercado es un instrumento que debe rechazarse de la esfera de nuestras relaciones sociales y económicas. El mercado es una herramienta de gran importancia y valor para asignar los recursos correctamente, maximizando su efectividad social. Con sus defectos –corregibles después de todo— el mercado es una solución para la asignación de recursos escasos a fines múltiples. Pero es evidente que el mercado es un instrumento limitado para operar en ciertas áreas de nuestra sociedad; en el caso de la Educación –una verdadera operación a futuro donde priman problemas de riesgos, de información, y de modos de operar que no favorecen verdadera competencia. El tema central es regular adecuadamente un mercado para que contenga toda la potencialidad positiva en términos de su tarea asignativa. La cuestión no es contra el mercado, sino a favor de más Estado para recuperar y proyectar adecuadamente las potencialidades de un proyecto de desarrollo de la Educación Superior.
Sobre el tema de fondo quiero expresar que, en mi opinión, no existe en la actualidad una Política de Educación Superior. La misma debería comprender reglas de juego frente al desarrollo actual del sistema, que explicite los objetivos de Estado que deberían prevalecer en la materia, especialmente en cuanto a formación técnica versus la profesional, investigación básica y aplicada, tecnología educativa y desarrollos innovativos en formación profesional. Un objetivo de Estado no puede ser que "se deje hacer", y que exista una total desregulación en un área en donde prevalecen serios problemas de información, de incentivos equivocados y de efectos externos al resultado educativo, que un país, a través de su Estado que no es sino la nación organizada, debe cuidar a través de políticas específicas y de explicitación de objetivos. Una política, por tanto, no consiste en seguir haciendo más de lo mismo, especialmente cuando las reglas de funcionamiento del actual sistema de Educación Superior se originaron en un país muy distinto a comienzos de los años ochenta. Era un país en el que no existía democracia, cuando se venía saliendo de una cruenta crisis financiera, cuando aun no se preveían singulares transformaciones y resultados económicos y sociales que cambiarían en forma notable el rostro de los requerimientos mundiales y nacionales en materia de investigación y de docencia. Tal propuesta de Educación Superior fue concebida en un marco muy primario de aplicación del instrumental básico de oferta y demanda, pero se descuidó el objetivo de equidad y el concepto de calidad que en el ámbito del tema que nos ocupa corresponde a cuestiones de fondo insuficientemente atendidas.
El marco regulatorio de las universidades del Estado se encuentra desactualizado, e inhibe a estas entidades de cumplir adecuadamente con parte del mandato que surge del propio concepto de sistema que se impuso, más bien, en forma vertical. Lo que ha acontecido durante estos años de gobiernos de la concertación ha sido una extensión de aquellos mismos instrumentos, conceptos y estructuras, no ha existido un cambio basado en imaginar un sistema más rico, más diverso, mejor regulado y organizado. Lo único que se ha hecho es poner más recursos para seguir haciendo más de lo mismo, y creando fondos adicionales de todo tipo para reemplazar la instauración de una política global, además de una gran cantidad de improvisación para enfrentar los nuevos temas y las crecientes necesidades que hoy enfrenta el sector.
Es cierto que el haber pospuesto la discusión sobre el tema de la Educación Superior se asoció en forma muy clara, a la decisión tomada en orden a abordar primero los problemas de la Educación Básica, y luego los de la Media, en un sentido de mejoramiento en calidad y equidad que era necesario en vista del sustantivo retroceso que el país había experimentado en el campo educativo en general. Esa decisión no se corresponde con la necesidad de una verdadera revolución en educación que se requería y se requiere, para lograr cambiar en forma sustantiva y en paralelo los conceptos en que se basaban los distintos componentes del sistema. Es también cierto que la decisión estuvo más que nada fundamentada en la obtención de diversos préstamos escalonados por parte del Banco Mundial, lo que obligaba a un esfuerzo por "etapas cumplidas". No se puede negar que tal estrategia está creando singulares cuellos de botella; por ejemplo, el profesorado que necesita el éxito de la reforma de la Enseñanza Media no se está produciendo debido al abandono y falta de orden que existe en cuanto a la Educación Universitaria en Pedagogías y Educación. Por otra parte, al posponerse el tratamiento de los problemas de la Educación Superior se han acumulado resultados indeseables, situaciones de inequidad y problemas en cuanto al desarrollo de ciertas corporaciones, que hoy día representan riesgos graves de dislocación y pérdida permanente del sentido de integridad del sistema. Me parece que las declaraciones del Presidente de la República, don Ricardo Lagos en este tema son fundamentales, porque él ha comprendido, como hombre de Universidad que es, lo necesario de una discusión y del establecimiento de las correcciones que correspondan en cuanto a orientar los rumbos de desarrollo de las Políticas de Educación Superior. Es esperanzador que el Presidente de la República haya expresado que el corazón del sistema está en las Universidades del Estado y en las del Consejo de Rectores, y que a este sector debe incrementársele en forma significativa los recursos. Hay hoy, una oportunidad para volver a creer en la posibilidad de una política amplia destinada a mejorar la calidad y la equidad de la Educación Superior, considerando los retos actuales para el sistema.
Existen cuatro temas básicos a los que debemos abocarnos en el desarrollo de una discusión para formular una Política de Educación Superior. Ellos son: la organización del sistema, la calidad del mismo, los problemas de equidad, y el rol de la política de Estado.
La organización del sistema de Educación Superior debe reconocer la existencia de diversas formas o expresiones del trabajo formativo y de investigación. En este contexto me parece inconveniente que sigamos concibiendo a la Educación Superior como un agregado que incluye a Universidades y a la Educación Técnica, ya que esta última es el ámbito que resulta con mayor desventaja desde el punto de vista del financiamiento y los incentivos, llevando, por lo mismo, a una notable distorsión que se expresa en el hecho que Chile produzca siete profesionales por cada técnico, una situación a la inversa de la que prevalece en países desarrollados y que debiera corresponder mejor a la realidad productiva y sus requerimientos. Ello ocurre puesto que la Educación Técnica no solo está totalmente privatizada, sino también porque con respecto a los estudiantes que a ella acuden –que se encuentran entre los más pobres de todo el sistema superior—no tienen elegibilidad para crédito ni ayudas del Estado. Por otra parte, la Educación Técnica organizada en institutos profesionales y centros de formación, no es elegible para recibir ninguna ayuda del Estado. Por esa razón y en medio de los incentivos del moderno marketing y del verdadero festival de ofertas universitarias hoy existente, prefieren convertirse en Universidades, para lo cual existe suficiente amplitud y libertad en medio de las reglas prevalecientes.
Esta situación debe ser corregida, y ello requiere que exista total independencia del sector de Educación Técnica al interior del ministerio, con mayor autonomía para instaurar políticas, y con el mandato de recuperar para el Estado un rol activo en un campo que siempre fue de vital importancia –como hoy día también lo es— para el país, como lo prueba la existencia de esta Universidad de Atacama que heredó la tradición de la Escuela de Minas y el desarrollo de las profesiones técnicas ligadas a nuestro subsuelo y al desarrollo industrial. El Estado tiene hoy en esto una responsabilidad, que está más ligada con el ámbito de los servicios, donde hoy mayormente abundan las ofertas a nivel de la Educación Técnica, sino en el de la producción, donde existen déficits de gran importancia que han llevado, incluso a la circunstancia de estar contratando a profesionales universitarios para desempeñar tareas a nivel técnico, lo cual refleja la distorsión que contiene la mantención del actual estado de cosas.
En el ámbito universitario es necesario reconocer que existe una diversidad de instituciones con diversas misiones y diversos roles dentro del sistema. No se puede seguir pensando que es una Universidad equivalente a las otras, toda aquella institución que forma profesionales a través de clases y actividades sistemáticas. Las Universidades deben llevar a cabo investigación, independientemente del grado de especialización que ellas cultiven en función de su misión y rol; pero la formación de profesionales con contenido de investigación y en la dirección del desarrollo de posgrados de relevancia para el país –o educación de cuarto nivel– son parte de lo que la sociedad espera de instituciones Universitarias. Pero hay otras que en forma legítima realizan una labor docente formativa, donde se disemina conocimiento, a pesar de no crearse en la forma sustantiva y libre como debe acometerse esta tarea de nivel de una Universidad. En consecuencia, reconocer el grado de complejidad de las instituciones de Educación Universitaria, es un paso primero que debe envolver en un profundo diagnóstico del sistema, y en una organización que desde el punto de vista financiero y de gestión a nivel del ministerio, sea compatible con los objetivos de calidad y de progreso en la escala del quehacer.
Lo expresado requiere hacer más sofisticado el sistema de asignación de recursos para investigación, de modo que el Estado pueda efectivamente establecer prioridades y demandar resultados. Asimismo, dicho objetivo requiere enfatizar la enseñanza de posgrado y poner en funcionamiento un sistema de acreditación de los mismos. No puede ser que los posgrados y postítulos sean hoy día fundamentalmente mecanismos de financiamiento, y se aboquen en gran medida al ámbito de los servicios y de la difusión superficial de conocimiento.
Otra dimensión importante se refiere a la Educación Estatal y Pública versus la privada. Este aspecto cobra relevancia en relación a políticas de financiamiento, reconociendo que el Estado es propietario de una diversidad de instituciones con distinto énfasis en materia de investigación y docencia de pre y posgrado. Pero en este ámbito es importante definir un problema que en virtud de nuestro entusiasmo con los mecanismos del mercado y con las potencialidades del desempeño privado, hemos ido dejando de lado. ¿qué es lo que justifica la existencia de instituciones Universitarias Estatales? Naturalmente, sabemos que existen varias privadas que reciben recursos directos del Estado y que por ello se han denominado "de interés público", anteponiendo un esquema financiero al tema de la misión que es –o debiera ser– el fundamento. Si la Educación del Estado está presente para verificar los distintos intereses del país, no solo aquellos de las instituciones privadas o de los grupos de interés económico o ideológico, es justificable y deseable que ella exista porque antepone el bien común. También lo es si el Estado puede priorizar una investigación distinta en términos de énfasis, áreas, objetivos de país, etc., que aquella que puede ser permitida privadamente. El Estado tiene objetivos superiores como el desarrollo de la nación, su integración y preservación –incluyendo los necesarios enfoques en materia de equidad social— que ameritan una Educación Pública Estatal fuerte y bien financiada. La misma debe constituir un patrón de referencia para el quehacer privado y debe ser el fundamento para la preparación de profesionales con sentido de su misión social, no solo como producto de una inversión con rédito privado.
La distinción entre Universidades complejas y docentes, tanto Públicas como privadas, constituye un conjunto de criterios que deben permitir un diseño razonable de la política que reclamamos en el campo de la regulación y el financiamento. También lo es, la existente entre Universidades Regionales y Metropolitanas, en función de los diversos énfasis que deben existir en términos de los temas y desarrollos de interés para el país y la región. Quizás, deben existir mecanismos distintos de financiamiento para las Universidades Regionales que interese más promover en función de objetivos que no puedan protegerse de otro modo. Pero, en cualquier caso, las Universidades del Estado deben hacer un esfuerzo por coordinarse y utilizar mejor los recursos disponibles, ya que se trata del mismo objetivo, del mismo dueño, que es la sociedad organizada, y que debe producir con un criterio distinto a la competencia pequeña que hace ineficiente hasta la misma evaluación de resultados que debe buscarse. En este sentido, es urgente que exista un diagnóstico de verdad en torno a la tarea de las Universidades Estatales, para redimensionar los proyectos en términos de la mayor y más profunda colaboración que debe existir para rendir un mejor servicio al país, y para evitar que las mismas se conciban simplemente como centros generadores de réditos financieros.
En relación a los temas de calidad, es necesario hacer notar que el mercado educacional adolece de profundas fallas debido a que la información es imperfecta. Denominamos del mismo modo a formaciones que envuelven profundas diferencias en contenidos, los cuales pueden ser entregados de modos diametralmente distintos. Y el sistema, a través de una superficial competencia, puede llevar a una sistemática declinación en calidad, ya que la misma se asocia a costos decrecientes. No se reclama a este respecto, sin embargo, por una intervención arbitraria del Estado. Los fundamentos para atacar este problema son dos: la necesidad de que exista información transparente acerca de las condiciones de la oferta educativa, especialmente en cuanto a las personas que enseñan. Lo segundo, es un sistema de acreditación reconocido, que asegure a las familias la calidad del proveedor. El actual sistema para darle autonomía a las Universidades Privadas es insuficiente, y se precisa una acreditación comparada, que pueda ser supervisada sistemática y periódicamente. A la misma se deben someter Universidades Privadas y Estatales, con iguales reglas, sin descartarse la posible acreditación de profesionales en las instancias que así lo requieran. No debe olvidarse que Chile tuvo una Educación Universitaria seria y reconocida internacionalmente, y no se puede arriesgar un prestigio en base al deseo de expandir la cobertura para satisfacer otras presiones, especialmente las que se derivan del ánimo de concluir buenos negocios. El futuro de la juventud chilena no puede llevarse al ámbito de un rentable y productivo negocio financiero.
Los problemas de equidad merecen nota especial. Hemos dicho en forma insistente que un joven capaz no puede quedar fuera de la Educación Superior en función de su situación de ingresos. El tema de equidad se proyecta mucho más abajo en el sistema educacional chileno, donde muchos niños y jóvenes no acceden al término de la Educación Media, y ni siquiera postulan a la Superior, por la falta de equidad en lo económico y social, y las insuficientes políticas solidarias en esta materia, especialmente en cuanto al desarrollo y fortalecimiento de la Educación Pública Municipal. A este respecto, es notable señalar que hay diferencias en rendimiento, medido a través de la PAA, que indican resultados muy desfavorables para la Educación Municipal, que pone a este segmento en total desventaja para postular a las Universidades tradicionales. Pienso, en este mismo campo de la equidad, que el sistema de crédito debe ser rediseñado. Los mejores se asocian fuertemente en el actual esquema educacional chileno, a los colegios más privilegiados y a sectores de altos ingresos; desde el punto de vista de equidad (no desde la óptica de eficiencia, quizás) no se justifica que el Estado los subsidie, llamando a terminar con el aporte fiscal indirecto. Sin embargo, calificados los mejores de entre quienes provienen de colegios Públicos o privados pobres, y muestran necesidad de financiamiento, deberían tener un fin sustancial que cubra en forma decisiva los costos de la Universidad. Aquí se cumple un objetivo de equidad, dando lugar a mejores oportunidades a los más desposeídos. Es una propuesta que será criticada por quienes defienden la eficiencia, un objetivo para el cual este sistema no puede ser diseñado, y que requeriría instrumentos distintos, aparte de la decisión política sobre si el Estado financia o no cuestiones que apuntan a resultados opuestos en materia de equidad. El crédito universitario, para quienes acceden, pero no a nivel de excelencia, debe complementarse con ayuda solidaria para los de más bajos ingresos. En la actualidad, hay muchos que tienen crédito, pero no pueden tener una vida normal y sostenible para llevar a cabo sus estudios universitarios. En función de objetivos de equidad, la sociedad debe brindar una ayuda que no sea esencialmente un fondo retornable, sino que un apoyo para el éxito en el proyecto principal. Todo esto requiere ampliar el sistema a toda la Educación Superior, siempre y cuando exista una acreditación que de apoyo al proyecto académico y formativo que pueden iniciar los jóvenes chilenos.
En los aspectos que he mencionado se encuentra implícito el cuarto tema que señalé inicialmente, y que se refiere al rol de la Política Pública en Educación Superior. En materia de organización, debe establecer los organismos y estructuras para llevar cabo el diálogo y la implementación de la normativa. He sugerido, por ejemplo, que se cree una Superintendencia de Educación Superior, que con criterio independiente de los organismos de gobierno, dicte normas, supervigile el sistema, regule y mantenga el sistema de acreditación. He sugerido ampliar el Consejo de Rectores a todas las Universidades Autónomas, y crear a la vez un Consejo de Rectores de Universidades Estatales, para coordinar sus acciones en torno a una política de Estado. Pienso que es necesario separar la Educación Técnica de la Universitaria en materia de regulación y políticas al interior de la estructura del Ministerio de Educación. En cuanto a calidad, el Estado debe promover un mecanismo de aseguramiento a través de instrumentos de información, regulación y acreditación, lo cual no excluye la existencia de entidades acreditadoras privadas, reconocidas internacionalmente. El Estado debe tener instrumentos de intervención en aquellas instituciones que no cumplen con los patrones esperados en las distintas actividades para las cuales han sido autorizadas; en este sentido, debe procederse por carreras o áreas, y no en cuanto a instituciones en su conjunto. En materia de equidad, el Estado debe cambiar drásticamente la política de financiamiento actual, especialmente en cuanto a cobertura y énfasis en materias de iniquidad social y económica. Se debe cambiar el actual esquema de funcionamiento del crédito solidario, que está en crisis y que requiere un manejo más centralizado y con mayores recursos. En materia de financiamiento, el Estado debe acometer la entrega de recursos en base a resultados de investigación, estableciendo convenios de desempeño que permitan que, junto con incrementar sustancialmente los recursos como ha anunciado el Presidente de la República, se aumente también la efectividad y la calidad de la investigación nacional, favorecedora del desarrollo.
Estimados colegas, señoras y señores
Nuestro país tiene una gran oportunidad, como he señalado precedentemente. Podemos dejar atrás nuestra pobreza y entregar a nuestros hijos y nietos un país con mayor bienestar, incluyendo una mejor vida y relaciones más humanas. Esto requiere de un gran esfuerzo en Educación hoy, privilegiando el bien común, la modernización de la enseñanza, la amplitud y la tolerancia, al mismo tiempo que la efectividad. No podemos conformarnos con seguir administrando un sistema que contiene sinnúmero de problemas. La cobertura no es todo. La calidad de la Educación se observa en la calidad de la instrucción que provee, pero también en la formación moral que deja en nuestros jóvenes. Y hay tanto que hacer en este terreno, en una sociedad como la nuestra que se debate en profunda violencia, en divisiones extremas, y en el progreso sustancial de tantos males sociales, a los que pretendemos cerrar nuestros ojos. Debe reconstruirse una Educación inspirada en el bien común, no solo en el deseo de una inversión privada de buen rendimiento. Esto requiere reponer al Estado como un actor, sin la vergüenza que sectores desean imprimir a este acto, como un acto impropio que constituye una vuelta al pasado. Pero hay lecciones buenas del pasado que no deben olvidarse. El ejemplo de la Escuela de Minas de Copiapó o de la Universidad de Chile, que han dejado una huella indeleble en Chile y en muchas partes del mundo, no es una aventura, ni un resultado del que convenga olvidarse. Al contrario, son hechos representativos del país que queremos ser y que deseamos incentivar para cumplir con ese gran otro objetivo que es el desarrollo integral de la nación, en una democracia sostenible y realmente participativa
Llamo con fuerza, al raciocinio y a la decisión para emprender un cambio en nuestra Educación. Para profundizar lo que se ha hecho y hacerlo aun mejor en el campo de la equidad y de los valores. Para poder desarrollar un proyecto que no divida, sino que aúne los intereses envueltos en el uso de recursos escasos, pero que deben producir solo en el destino único de la nación y de sus grandes objetivos. Llamo a apoyar las buenas iniciativas que surgen del gobierno, y a empujar con fuerza para que se produzcan las ideas que echamos de menos y que son urgentes para reponer una verdadera Política Universitaria de Estado. Llamo a constituir una defensa abierta de la Educación Pública Chilena, para recuperar su carácter de instrumento estratégico para el país. Llamo a que sigamos soñando esperanzados, como universitarios, para que podamos mirar a la generación que sigue a los ojos, y no tengamos que avergonzarnos en explicaciones que solo desnudaran nuestra debilidad, falta de convicción, ausencia de voluntad política y total carencia de generosidad. Llamo, en definitiva, a que hagamos Universidad en términos de propuesta y de defensa de las ideas buenas para Chile y para su gente joven.
Muchas gracias por la invitación formulada, señor Rector Meza, y muchas gracias a todos ustedes por su atención.