Clase Magistral del Rector de la Universidad de Chile en la inauguración del año Académico del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación.

RENOVAR UN COMPROMISO DE EDUCACION PARA CHILE

Nuestro país enfrenta el gran desafío y la real posibilidad de alcanzar su desarrollo económico. Se trata, de un desafío no menor, cuestión que debemos entender en forma clara, ya que el concepto de desarrollo incluye el mejoramiento en una serie de indicadores poblacionales, sociales, económicos y de bienestar, en general, y no únicamente aquél popularizado del ingreso per cápita aunque, sin embargo, éste deba mantenerse en el corazón mismo del proceso de desarrollo. En efecto, dicho proceso consiste además en alcanzar estándares sostenibles en materia ambiental y en cuanto a la gestión de los recursos naturales no renovables, aspectos en los que tienden a primar efectos negativos durante las primeras fases de una expansión económica de tipo permanente. Se trata de contar con indicadores de salud, educación y previsión que en términos de calidad y cantidad sean aceptables de acuerdo al creciente nivel de ingreso per cápita y de los recursos globales disponibles por parte de la sociedad; por supuesto, en estos ámbitos el problema no solo tiene que ver con los promedios alcanzados a nivel de toda la población, sino también con la distribución de estos indicadores de bienestar social entre las personas y grupos sociales, ya que el concepto de justicia distributiva, que se une al concepto de desarrollo, encuentra su manifestación de mayor importancia en estos elementos, tanto como en la mayor disponibilidad de infraestructura social.

El desarrollo implica la generación de oportunidades para que todos puedan contribuir en forma efectiva y relevante a la expansión productiva y que, por esa vía, sean todos también acreedores a los beneficios del crecimiento. Se trata del tema de la productividad, porque cierto es que nadie puede esperar que se subsidie la no contribución al proceso social de producción, pero nadie podría tampoco alegar que tal proceso pueda desligarse de las necesarias oportunidades que en forma igualitaria deben proveerse en el mundo del trabajo, la producción y el conocimiento aplicado. Por ello, el desarrollo económico también tiene que ver con el mundo laboral, con el perfeccionamiento de las relaciones laborales en un ámbito participativo y de progreso, con las mayores y mejores oportunidades de empleo en forma acorde con las mejores potencialidades desarrolladas por medio de la educación, la capacitación y el entrenamiento.

Conclusión, el desarrollo –en su concepción más integral-- debe llevar en sí mismo la conformación de una sociedad mas humanista, más solidaria, en que prime el respeto mutuo como un factor de convivencia y preservación social, y en donde, de las relaciones de pura dependencia que caracterizan a las etapas más primarias de la organización social, se pase a una de convivencia basada en igualdad. Obviamente, se trata de una igualdad a nivel de personas y de seres con participación equivalente en el conjunto social, donde no exista la preeminencia basada en el poder económico, político o social, y en donde se implante una ética de pares. Las personas pueden ascender, para lo cual deben estar dotadas de las mismas oportunidades y el conjunto debe hacer esfuerzos por llevar adelante la igualdad de condiciones para aprovechar tales oportunidades y poder así acceder a mejoras en la esfera material De eso se trata en esencia la igualdad. Se trata de una igualdad entre seres humanos, cuyas diferencias deben naturalmente radicar en las diferentes aptitudes y elecciones de cada uno, pero no en la existencia de desiguales condiciones o falta de oportunidades, que el propio conjunto social debe facilitar para garantizar su estabilidad y desarrollo de largo plazo. Aquí hay que hacer un comentario sobre las poco ilustradas interpretaciones respecto del sentido que adquiere el principio de igualdad por parte de algunos, que pretenden leerlo como un ánimo socialista de viejo cuño, en orden a instaurar una igualdad en el campo material a rajatabla, en forma independiente de las aptitudes y elecciones de las personas. La subsistencia del cuerpo social en forma sana, en un contexto de largo plazo, depende de su estabilidad en el sentido más amplio, y de las perspectivas que proporciona la formación de nuevo capital; ese equilibrio está en gran parte asociado a la provisión de adecuada información y a la existencia de igualdad de condiciones para poder acceder a los efectos de una igualdad de oportunidades, en que puedan todos ejercer adecuadamente sus opciones en función de capacidades y preferencias y con ello se legitimen las naturales diferencias que deben caracterizar a una sociedad diversa y tolerante.

Como puede deducirse de las anteriores consideraciones, nuestro país tiene un largo camino que recorrer para poder construir una sociedad desarrollada en el ámbito material, pero uno aún mas largo y complejo para acceder al desarrollo mas ampliamente concebido en el ámbito social y humano. Si sólo se restringiera al limitado indicador del ingreso per capita (esto es, cuantos dólares promedio tiene cada habitante de acuerdo al valor del producto interno bruto) nuestro país tiene al menos para una veintena mas de años, pensando en un crecimiento promedio anual de 7%; si se piensa que esa es una cifra respetable, y que podríamos sólo aspirar al numero más modesto de 5% por año, entonces nuestras perspectivas de desarrollo (en este limitado concepto cuantitativo) se ubican en el contexto de poco mas de treinta años. Definitivamente pues, una labor que se proyectará sólo en beneficio de la generación siguiente (y quizás de la subsiguiente!), lo cual obliga a poner en perspectiva muy crítica nuestro cortoplacismo tan cuestionado pero frecuentemente tan cultivado a todos los niveles, como también nuestros exquisitos triunfalismos puntuales y nuestro embeleso con los mecanismos del mercado en aspectos de largo plazo, cuya operatoria no se percibe ni siquiera contradictoria con el primario estado de nuestra organización social y de nuestra cultura.

Hay que observar que el objetivo del desarrollo –en esos limitados conceptos cuantitativos—debe requerir una inversión significativa como porcentaje del PIB, quizás alcanzando a mas de 30% del mismo. Y también, por ello, ha de necesitar tasas de ahorro mucho mayores que las modestas tasas de ahorro nacional que tanta inestabilidad causan actualmente a la necesaria inversión. Y todo ello necesita de estabilidad y claridad en las reglas del juego, especialmente en un mundo en que se compite de forma tan cruenta para atraer la inversión externa y conquistar mercados de exportación, sin desatender los ámbitos sociales que la gente exige priorizar y que son, a su vez, condición sine qua non para la ocurrencia de mayor inversión y crecimiento. En definitiva, a pesar de lo bien que ha venido funcionando la economía de Chile durante una docena de años, no olvidemos que hay una historia de décadas y siglos, que pone firmemente la apuesta en el lado del fracaso, de la influencia de los temores sociales, de los grandes antagonismos internos, del peso negativo de nuestras trabas culturales, de nuestra mediocridad económica, etc. Nuestra Inferioridad Económica, como anotó Encina, manifestada en profundos desequilibrios sociales, como indicó certeramente Aníbal Pinto, puede ser, paradójicamente y en definitiva, la causa de una nueva frustración en nuestro desarrollo.

Por ello, tampoco debe olvidarse que nuestros indicadores en el campo de la igualdad (o de la equidad, para no perturbar demasiado los oídos negativamente sensibles a los conceptos igualitarios) son de los peores del mundo. Chile ha sido comparado muchas veces con los tigres asiáticos en vistas a su exitosa experiencia económica reciente; pues bien, en estos países la diferencia entre pobres y ricos (promedios de los 20% respectivos en la distribución del ingreso familiar) es a lo más de 1 a 11, mientras que en Chile la diferencia es de 1 a 18. Se destaca, pues, nuestra distribución del ingreso como una de las peores situaciones relativas a aquellas prevalecientes en Latinoamérica (con la excepción del Brasil), y ciertamente mantiene un standard muy por debajo de aquellos observadas en los países industriales. Una desigualdad que en los últimos 12 años no ha cambiado prácticamente en nada, a pesar de los significativos avances que se han efectuado en orden a reducir la pobreza e indigencia. Para algunos, este es un resultado que en nada debe sorprender, ya que lo único que debe importar es el nivel de pobreza, no las diferencias entre los que tienen mas y los que menos, por odioso o significativo que sea el monto de la brecha.

Sobre este tema ha existido un prolongado debate en economía, aún no concluido pero enriquecido últimamente por la noción que importan mucho los desequilibrios sociales en orden a garantizar el medio ambiente apropiado para la inversión y el crecimiento. Tampoco existe un acuerdo claro en economía respecto a cómo proceder para mejorar la distribución del ingreso, aunque está claro que éste sólo puede constituir un objetivo a alcanzar en el de mediano a largo plazo. Por otra parte, lo malo de la realidad prevaleciente en este campo, es que ella no garantiza igualdad de oportunidades, que hemos dicho es una condición importante para el desarrollo; mas bien, esta situación indica que estamos tratando con dos países (o más), un factor que obviamente no es proclive a la estabilidad social que precisa la inversión y el crecimiento. En otras palabras, es difícil pensar que en estas condiciones se pueda alcanzar en forma estable el 7 o aún el modesto 5% que permitiría alcanzar el desarrollo cuantitativo en una treintena de año. Y ni hablar de lo que ello implicaría en términos de indicadores de calidad y cantidad de salud, educación y previsión que tendrían los miembros de las distintas sociedades al interior de una que pretende constituir un país integrado.

Me parece fuera de discusión que el país tiene que avanzar en el campo distributivo para garantizar la estabilidad que necesita el desarrollo en su sentido más amplio. Con esto no me refiero a que sea necesario introducir políticas de corto plazo que corrijan en forma ex-post las deficiencias de ingreso relativo generadas por políticas inapropiadas del pasado –y reflejadas en distintas condiciones en el presente-- con el objeto de igualar oportunidades.- Hay, ciertamente, mucho que corregir en este campo. Pero quiero referirme al más trascendente, que es el del largo plazo y que consiste en la construcción de un mundo de nuevas oportunidades a través de la generación de una igualdad de condiciones para que las personas puedan elegir informada y libremente, y en donde se den a conocer en forma efectiva y libre las aptitudes verdaderas. Y es en este terreno donde es posible concordar en la necesidad de un revolucionario proyecto educacional para Chile.

Sabemos que la educación es un factor de igualación de condiciones y un instrumento de movilidad social de alta efectividad. Es un hecho conocido, por cierto, que la educación tiene entre sus atributos el de incrementar la productividad de las personas, además de enriquecer sus valores y fortalecer su socialización. Conocemos que, sin embargo, en Chile predominan factores que diferencian la educación que reciben pobres y ricos en términos de calidad, lo cual contribuye a profundizar la brecha. Sabemos, además, que prevalecen profundos desequilibrios interregionales e interculturales, manifestación del mismo problema de inequidad. Sabemos que esta situación no potencia la estabilidad social y económica en un contexto de largo plazo, y que, por el contrario, ella alimenta la actual desigualdad en términos de ingresos y de oportunidades para acceder al bienestar material en el contexto de una economía de mercado, desacreditando injustamente a veces la operatoria de los mecanismos de mercado por su inapropiado uso en materias sociales.

La educación fue en el pasado un poderoso agente de movilidad social; analicemos, que país tendríamos hoy si hubiese prevalecido en los años 40, 50 y 60, una educación tan segregada en calidad como la que hoy día existe, y en donde se hubiera competido y puesto a precios de mercado todas las oportunidades disponibles. Un gran número de empresarios, políticos, académicos, profesionales, intelectuales, artistas no estaríamos donde actualmente estamos, no habríamos podido contribuir al país que hoy tenemos y, posiblemente, ni siquiera habría tenido lugar el boom productivo de los últimos 12 o 14 años. Y muchos de esos beneficiados del pasado son los que hoy día, paradójicamente, execran en forma taxativa la educación provista por el Estado y alegan por la preeminencia de reglas del mercado parejas para todos, a pesar de los distintos puntos de partida.

Si se examinan los resultados de las pruebas nacionales, es fácil identificar los diferentes tipos de educación que damos en Chile en función de la situación de riqueza (o de pobreza). Si observamos, por ejemplo, los puntajes de la PAA, las brechas existentes son claramente un indicador de diferentes condiciones para aprovechar una teórica "igualdad de oportunidades" frente a la educación superior. Las escuelas municipalizadas, por ejemplo, obtienen un promedio de 478 puntos, lo cual es sólo un 78% de lo que obtienen los colegios privados; una diferencia de 125 puntos que imposibilita el acceso de tal promedio a las universidades tradicionales y de jerarquía. Aún más, tales estudiantes obtienen en promedio una diferencia de mas de 30 puntos menos que sus contrapartes de los colegios privados que subsidia el propio Estado; y esta diferencia es aún mayor en los sectores más pobres del país, alcanzando a 50 y 60 puntos promedio de diferencia en la 8ª y la 4ª Regiones. El aspecto central es que prevalece una educación de segunda clase para la clase media y los pobres; hay falta de recursos y de elementos pedagógicos para la educación pública; existe déficit en la calidad del magisterio e insuficiente capacitación, lo cual afecta mas que proporcionalmente a la educación municipalizada; además, las reglas aplicables no están consensuadas y existen conflictos y presiones almacenadas; hay insatisfacción en la gente, y con ello se tiende a culpar al remedio y no a la enfermedad, ya que la economía de mercado no es la culpable, sino la particular (y quizás exagerada) aplicación que hemos hecho de la misma a una situación para la que el mercado no esta totalmente preparado: las decisiones de formación de personas en su contexto de largo plazo. En efecto, el tema educativo está caracterizado por tratarse de una decisión de muy largo plazo, donde predominan problemas de información y de estructuras de mercado que hacen necesario una corrección para evitar que el sistema haga multiplicativa las distorsiones y sus efectos hacia el futuro. Los economistas saben que regulación e información son dos instrumentos esenciales para restaurar las condiciones que un mercado no tiene. Pero, además, debido a que la educación es un bien de tipo "nacional", donde priman mucho mas consideraciones que la rentabilidad privada de las acciones, tal mercado amerita también una participación directa del Estado en la provisión.

Posiblemente una objeción que se hará de inmediato a mis palabras entre los "innovadores", es el sabor a rancio de la idea que el Estado deba tener un rol más importante que jugar en materia educacional. Algunos postulan, a partir de la evidencia que el sector privado tiene sustancialmente mejores resultados que el municipalizado, que todo el sistema debe entonces ser privado; que lo único que se precisa es dar libertad de mercado para una libre toma de opciones, y que el Estado se aboque a subsidiar la demanda. Baste para eso observar editoriales insistentes en cierta prensa. Me gustaría que se aplicara similar raciocinio y mentalidad privatizadora a otras áreas de nuestro quehacer social, político y económico, para mostrar que se comete un error de lógica, y se muestra ignorancia respecto de la complejidad que envuelve el trabajo del mercado.

El Estado debe ser un nivelador de condiciones y garante de una igualdad de oportunidades, lo cual requiere su participación directa en la provisión de educación, ya que no existen "incentivos de mercado" para que esta tarea –plena de externalidades, problemas de información, de agencia y de distorsiones, que uno asume ausentes en un mercado perfectamente competitivo—pueda ser plenamente desarrollada en el sector privado. Y, si queremos ser una sola Nación, y no varias, el Estado debe ser también el conductor efectivo de una política y una orientación de contenidos que garantice que todos los niños y jóvenes tengan acceso a similar nivel, contenidos y enfoques educativos, independientemente de su particular posición social. Creo que esto constituye la base de una concepción moderna de Estado- Educador, basada en la necesidad de un funcionamiento social y económicamente eficiente del llamado "mercado educativo".

Hago notar que la intervención del Estado en materia de educación pública, como lo prueba la experiencia de todos los países industriales, los de reciente industrialización, y hasta el reciente debate presidencial en los Estados Unidos, es importante y considerada vital en el proyecto de desarrollo de las naciones avanzadas. No me parece justo ni adecuado que las acciones en educación sigan respondiendo con premura a las visiones simplistas de quienes prefieren entregar toda la ejecución a los privados y dedicarnos como Estado a ser meros otorgadores de un "subsidio a la demanda"; pienso, por ello, que es necesario un debate que no ha existido en el país sobre esta materia, en que los resultados visibles hasta ahora en el campo social y en el de los problemas del sector educación que he anotado precedentemente, ameriten una discusión profunda para determinar sobre la base del juicio, y no de la imposición, un criterio de política educacional de largo plazo. Otra cosa es, ciertamente, que las acciones educativas del Estado y sus iniciativas reguladoras y orientadoras se efectúen en forma eficiente y efectiva, lo cual va directamente en beneficio de un proyecto educativo seriamente fundado.

Los avances en el último tiempo han residido en los programas de mejoramiento de la calidad, en la instauración de la reforma en marcha y en el haber doblado entre 1990 y 1998 los recursos financieros del sistema. Sin lugar a dudas, son esfuerzos meritorios, especialmente después de una quincena de años de absoluto retroceso en materia de recursos, de innovaciones, de adecuada formación pedagógica, de acceso con equidad. La pregunta es, sin embargo, si existe un aumento en la satisfacción de la gente frente a estas acciones, o si los resultados del sistema se han orientado a variar en forma significativa. Creo que hemos sido proclives a ser mas autocomplacientes, y en ese contexto se han desenfatizado aspectos que son cruciales para que exista el verdadero proyecto innovador que precisa la educación chilena, atendiendo firmemente la formación y capacitación pedagógicas, la protección de la diversidad formativa, el fortalecimiento de la educación pública como instrumento de regulación e igualación, la instauración de una reforma que garantice que no habrá contenidos mínimos y efectivos que difieran sistemáticamente por razones de recursos o de medio socio económico. La reforma que necesita la educación –que es un concepto y necesidad de tipo permanente-- requiere mayor participación de los actores del proceso educativo, mayor descentralización de los organismos de gestión superior para escuchar la voz de la gente, y una reforma de estructuras que debe ser diagnosticada y propuesta en forma participativa.

Ahora mismo, los colegios más pobres tendrán probablemente que esperar para poder contar con los recursos que efectivamente le permitan implementar la extensión de jornada; ¿y quien ha considerado la desigualdad que tal medida provocará como efecto? ¿No debiéramos enfatizar este tema prioritariamente ahora que se ha comprometido el hacer más igualitario o equitativo el crecimiento? ¿No es cierto que la educación debe volver a ser concebida como un instrumento estratégico del Estado en torno a objetivos políticos –y no sólo económicos y productivos?

En ese sentido, hay que recuperar, en mi opinión, un proyecto educativo para Chile, que recoja la experiencia y los avances innegables en estos últimos años, pero que los proyecte en el contexto de la realidad de desarrollo que se quiere alcanzar para el país. Esto requiere un profundo debate político, ya que el Estado tiene el deber (no solo el derecho) de invertir mas en los servicios que provee directamente al país, incluyendo educación. ¿Porqué no hay un debate cuando el Estado incrementa su gasto en salud, defensa, justicia y sí lo hay –particularmente del punto de vista del interés privado—cuando se trata de educación? La iniciativa del Estado tiene que ver con la igualación de condiciones, con el propósito de crear una educación para el desarrollo integral del país, y con la noción que gastar en educación es, en realidad, una inversión en perspectivas de crecimiento y hasta en seguridad nacional. La discusión no puede seguir siendo si es que acaso el Estado puede (o debe) o no poner mas recursos en la educación que provee directamente, porque en realidad la misma es insustituible considerando los grandes problemas y desafíos del país en un contexto de largo plazo.

En la definición de ese proyecto educativo me parece fundamental que se enfatice el aspecto de equidad, y que se profundicen las acciones en las comunas más pobres. Este constituye un eje decisivo para una estrategia de reforma, en que el ánimo principal se ubica en los temas de equidad y se implemente una política de discriminación positiva. Para ello, deben haber más recursos, requiriéndose una revisión integral del gasto, de la necesidad de eliminar duplicaciones, de hacer más efectiva la contribución hacia el sector privado, de revisar el financiamiento compartido y de también hacer más eficiente la provisión directa por parte del Estado. Pero resulta indudable, en mi opinión, que Chile todavía está gastando un monto de recursos insuficientes en educación, y que como porcentaje del PIB el mismo debería por lo mismo aumentar significativamente. Pienso que estamos todavía 2 puntos del producto por debajo de lo que han gastado los países que han dado el salto mas recientemente a la industrialización, y todavía estamos por debajo de la proporción que observan los países industriales, frente a los cuales tenemos además que cerrar la brecha productiva que nos afecta. "Existe la necesidad de impulsar la revalorización de la Educación Pública como eje del sistema educacional chileno y como componente esencial de una sociedad democrática" ("Diagnóstico y propuestas en Educación General", Concertación de Partidos por la Democracia) Estimo que este postulado debe estar en el corazón mismo de las acciones de este Gobierno, en el ánimo de proyectar las reformas hasta ahora implementadas, en el contexto de sus efectos de largo plazo en lo social y económico.

Pienso que el proyecto educacional que requerimos debe poner un énfasis especial en la educación técnica. Resulta ser un requisito innegable en el campo de la equidad, como también lo es en el de la productividad y en cuanto a la necesaria ligazón que debe existir entre educación y mundo del trabajo. Esto hace necesario, por lo demás, el poner un énfasis en materia de educación superior, para delinear una política de Estado que promueva una efectiva mejora en calidad y equidad.

El otro eje fundamental es el de la capacitación y preparación de profesores. No habrá reforma exitosa si no tenemos primero un enfoque sobre el capital humano indispensable e insustituible en un proceso que es intensivo en personas, en tiempo, en destrezas y en capacidad de comunicación y creación. Me parece injusto e inconveniente la situación en extremo comprometida de las dos universidades públicas y estatales abocadas a la formación de profesores. Cuando compiten con el resto, obtienen no mas del 3.5% del fondo total de recursos concursables. ¿Es realmente ése el énfasis que el Estado desea imprimir a su esfuerzo en la formación pedagógica?. Es evidente que tales universidades son aún víctimas de un pasado de destrucción y de intervención, y que es necesario una política distinta y definida por parte del propietario para rescatarlas como un proyecto viable. Si no se hace, estamos condenando el futuro del sistema a una aún mayor segmentación, ya que habrá oferta de profesores para escuelas pobres, con problemas y con ausencia de estímulos reales en el aspecto material, y otras para el sector privado o subsidiado que se financia con sobriedad, si se quiere, pero con recursos suficientes de parte de los usuarios y del propio Estado. Estamos también condenando a que el país tenga por maestros de calidad y exitosos a aquellos que se forman al amparo de instituciones privadas ligadas a grupos de interés de todo tipo; una manera, diría yo, de garantizar una sociedad menos tolerante, más sectaria y menos proclive a reconocer su necesaria diversidad.

Creo que los esfuerzos en torno a una política estatal de formación universitaria pedagógica debe complementarse con el rol de este Centro. Una visión simplista, de poca visión trascendental, postularía que esto debe ser privatizado, ya que el incentivo privado constituiría el elemento fundamental para atraer a los mejores, preparar del modo más efectivo ante las presiones de una competencia, y maximizando la rentabilidad de los recursos. El Estado debería, en esta visión, ser un mero administrador de fondos para que los usuarios –profesores en necesidad de capacitación—acudan a los distintos proveedores. La falta de igualdad de condiciones iniciales, las debilidades propias de la información en tal mercado, la ausencia de incentivos para mantener calidad a un costo dado, las muy primarias e insuficientes condiciones para garantizar la competencia de oferentes, la necesidad de establecer estándares nacionales de calidad, de introducir homogeneidad en las visiones, etc., son razones que hacen poco razonable ese proyecto, que lo menciono como una manera de ratificar el convencimiento sobre la importancia de este Centro, históricamente mucho mas que un mero regulador o una mera oficina de acreditación de programas privados.

Me parece que la capacitación de profesores es, hoy, con la revolución tecnológica e informacional, una cuestión que debe concebirse como una necesidad de tipo permanente. Por ello, debería también prevalecer la idea de una asociación estratégica con el sector privado, pero donde la acción del Estado constituya precisamente la vara que se desea introducir en materia de calidad y de orientación. El diseño de un sistema que aborde esta materia de modo satisfactorio, que introduzca la verdadera revolución que necesita la formación y la capacitación docentes en el presente, constituye un reto de crucial importancia en la actualidad en que no sólo se debe reafirmar el compromiso con la reforma y los cambios de fondo que precisa nuestra educación, sino también de establecer con claridad la conexión indisoluble entre la acción educativa y la estabilidad de largo plazo que se precisa para favorecer el crecimiento y el desarrollo económicos. Para ello, me parece que debe existir un esfuerzo integral, no basado en pequeños programas cuya efectividad es discutible, a pesar de su visibilidad a la hora de implementarlos.

Señoras y señores, colegas: Creo que nuestro país tiene en su historia dos hitos de singular importancia en cuanto a cómo una visión de largo plazo es capaz de proyectarse en un modelo de educación. El primero es en la década de 1840, cuando Montt y otros impulsan y concretan la creación de la Universidad de Chile, de la Escuela de Artes y Oficios y de la Escuela Normal de Preceptores, tres pilares de fortaleza indudable que permitieron al país avizorar ánimos de desarrollo hacia fines del siglo XIX, pero que constituyó una fase de frustración debido a la existencia de un profundo desequilibrio entre la escasa base material y los requerimientos de un rico desarrollo en los ámbitos de la cultura, la política, la sociedad. El segundo hito ocurre un siglo mas tarde, con un esfuerzo de Estado destinado a ampliar la base de la educación y extender sólidamente la pirámide en un sentido vertical. Los años del Gobernar es Educar –como acuñara aquél ilustre educador, Rector de la Universidad de Chile don Valentín Letelier—se fueron desvirtuando en medio de tanto fragor social, frustración económica y desencanto con la política tradicional. La culminación de este triste proceso se encontró durante el período del quiebre democrático.

Hoy Chile tiene la oportunidad de generar un proyecto con visión de país y de futuro en cuanto a educación. Crecer con igualdad, lo requiere. Evitar una segunda frustración económica, por lo débil ahora de nuestra base social, cultural y política frente a frente nuestro fuerte potencial económico, constituye una necesidad urgente, para no tener que bajar la vista ante las generaciones que vienen, como nuestros padres y abuelos debieron hacerlo ante nosotros por los esfuerzos perdidos, el peso innegable de las malas decisiones y, muchas veces, la falta de valentía para reconocer que la historia es una fuente inagotable de experiencia para aprender, y también una vacuna de fuerte efecto para evitar la contaminación indeseable e improductiva con los muchas veces atractivos slogans de cada tiempo.

Agradezco con sinceridad y respeto la invitación que Uds. me formularon para expresar algunas ideas en la inauguración de vuestro año académico. Las mías son las ideas de un educador y de un académico. No les pido excusas, sin embargo, si Uds. discrepan de ellas. Como hombre de Universidad les agradezco que lo hagan, para así buscar la forma de pulir las imperfecciones evidentes de la piedra bruta de mis convicciones, lo cual sólo surgirá del debate franco y abierto sobre el país que, como cosa segura, todos ambicionamos para nuestros descendientes.

Santiago, Marzo 17 de 2000