Discurso del Rector de la Universidad de Chile en la Primera Versión de "Diálogos Universitarios". Conversaciones sobre Estado y Educación Pública en el Chile de hoy.

"Educación y Estado: La necesidad de un marco conceptual para abordar un problema de país"

Se ha hecho una costumbre abordar los problemas del ámbito de la educación, particularmente aquellos que dicen relación con el rol que debiera cumplir el Estado, asimilándola con un bien que se transa libremente y respecto del cual la sociedad puede elegir entre una mayor o menor injerencia del mercado. Esta tendencia ideológica se asocia al conjunto de reformas aplicadas sobre el Estado, particularmente con relación a su tamaño y ámbito de acción en forma consonante con una tendencia privatista que ha ido avanzando en todo el mundo. Ello ha correspondido a giros efectuados en las tendencias políticas y económicas de la postguerra, destinados a afianzar el logro de un mayor crecimiento, estabilidad y democratización económica y a rescatar la necesidad de una mayor injerencia privada en las decisiones económicas y, eventualmente, restaurando un Estado más fuerte en ámbitos en los que éste no resulta reemplazable.

Sin embargo, estas tendencias también han puesto un gran énfasis en aspectos de corto plazo y en las implicancias financieras solamente para el sector público que se derivan de tales cambios. Por ello, las cuestiones trascendentes en términos de equidad y de resultados estratégicos para el país en lo social y en lo político, no han sido abordados en forma satisfactoria, quedando las reformas en este campo en una especie de tierra de nadie o en medio de la inconveniente decisión respecto de la mezcla Estado-Mercado.

A menudo estos temas han sido abordados políticamente con superficialidad y por medio de un convencimiento totalmente ideológico, respecto de una cierta natural ineficiencia del Estado, como asimismo, respecto de las mayores ventajas que tendría el mercado y la caso absoluta homogeneidad de la educación con cualquier otro bien que puede ser producido privadamente en forma más eficiente y productiva que en forma pública.

Si bien es cierto, nuestros estados nacionales no han sido en el pasado un ejemplo de buen desempeño en construir el mejor servicio a la comunidad y han respondido más bien a las presiones ejercidas por los intereses corporativos y partidistas, también es cierto que ha llegado la hora de reponer la ausencia de Estado en lo que es estratégico para nuestra sociedad y en un contexto de largo plazo, especialmente en campos en los que dominan problemas de información, poderes monopólicos y altas externalidades y que además destacan por su profundo impacto social. Este es el caso de la educación, la cual debe ser rediseñan en forma sistémica para que recobre su carácter estratégico y de interés nacional, alejado de las ideologías y haciendo primar políticas de estado en forma consonante con una preocupación por el bien común. No es bueno que la educación, la salud, la previsión y otros ámbitos sociales donde debería primar un rol activo del Estado por las razones mencionadas, sean -en verdad- las monedas de pago por reformas que corrigen errores pasados en términos del diseño y rol del Estado en el ámbito global, ya que ello acarreará mayores desequilibrios sociales y políticos y resultará en un factor perjudicial para los logros económicos que estas reformas buscan en un contexto de largo plazo.

El debate acerca del rol del Estado y con relación a su ámbito bis a bis aquel correspondiente a los mecanismos del mercado, comienza a fines de los años setenta y se acentúa a comienzos de la década del ochenta, a raíz de la crisis de la deuda. Los orígenes de esta discusión se extienden a los problemas estructurales derivados del significado crecimiento del Estado en áreas no necesariamente prioritarias y las consecuencias que ello ejerció en términos de desequilibrios financieros que condujeron a inflación endémica y crecientes problemas de eficiencia en casi todos los países en desarrollo.

Incidieron también aquí otros problemas, tales como el cambio en el perfil epidemiológico de la población, la significativa transformación en las estructura de edades de la misma, el progreso técnico y comunicacional y la significativa integración económica mundial basada en ventajas productivas, fenómenos que fueron demandando nuevas funciones por parte del Estado, como también nuevas respuestas por parte de la economía, transformaciones significativas en el tradicional enfoque del estado de bienestar, una reingeniería en su estructura y funciones y un cambio profundo en la concepción política sobre temas de administración de la política pública. Todo este conjunto de nuevas demandas condujo a profundas transformaciones destinadas a construir un estado más pequeño, a la vez que más eficiente y capaz de responder -efectivamente- según se creía a los nuevos retos que planteaban los mencionados desarrollos.

El Estado había crecido en forma significativa en todos los países latinoamericanos al amparo de la estrategia de sustitución de importaciones que había sido originada por la gran crisis, la imposición del esquema del New Deal en los Estados Unidos, como asimismo, debido a la situación creada por la segunda guerra y los eventos militares posteriores, incluyendo la guerra fría. En efecto, el desarrollo de los sistemas de tipo soviético alentó el mantenimiento de un esquema proteccionista global, debido a la amenaza permanente de una conflagración a escala mundial que habría demandado de los países un alto grado de autosuficiencia económica. Las economías latinoamericanas entonces se caracterizaron por un Estado con amplia participación en el ámbito productivo, incluyendo servicios básicos, servicios de turismo, transportes y comunicaciones, minería, pesca, agricultura. El Estado poseía fábricas de licores y cervezas, compañías de seguros, agencias de viajes. Todo esto había tenido origen en el deseo común de construir una basa industrial para el desarrollo, pero también significó crear profundos problemas de financiamiento y una relativa desatención a los servicios sociales de aquellos relativos al desarrollo humano los cuales debían competir en desventaja por recursos materiales y por una eficiente administración frente a un sector empresarial del Estado, dominado por un mayor interés por parte de los políticos que encontraban en él fuentes de poder y de financiamiento. Naturalmente, la creciente inflación, la desatención de serios problemas sociales, las continuas crisis políticas, hicieron entrar a ese diseño de Estado en una crisis que se intentó resolver por la vía de una radicalización de esas mismas tendencias o por el rompimiento de las mismas, pero usualmente por medio de las fuerza.

El debate sobre el rol del Estado estuvo por todo lo anterior marcado por profundos apasionamientos. En nuestro país se dio en medio de un esquema de ruptura institucional donde naturalmente no se generaban las condiciones para introducir reformas equilibradas, tarea difícil después de los profundos desequilibrios económicos y políticos observados a comienzos de la década, pero también por la primera de convencimiento ideológicos más que teóricos y empíricos. El Estado se puso bajo ataque, primero, a través de profundos recortes financieros y de personal y por parejo. Luego, por medio de una reducción en el ámbito temático y productivo. Se aplica el principio del Estado subsidiario para enfatizar la importancia del rol estatal en los ámbitos en que la iniciativa privada no era capaz de representar interés. No se cuidó, sin embargo, en medio del proceso político unilateral en que se desarrollaba este cambio estructural el que se llegara a desvirtuar el ámbito propio de la función estatal para poder así hacerlo atractivo al interés de la iniciativa privada.

Es importante destacar que el fenómeno de un Estado de amplio rango productivo e interventor contradecía las tendencias de comienzos de siglo y de fines del siglo XIX, períodos que habían sido dominados por un mayor liberalismo económico. Sin embargo, y a pesar de su expansión en todas las esferas económicas, el Estado había incursionado notoriamente en los campos sociales, particularmente en los temas de previsión, educación, salud y protección laboral. Fueron, sin embargo, desarrollos insatisfactorios e impulsados asaltos en medio de crisis sociales, políticas y económicas. Y no fue, sino hasta el aparecimiento del Frente Popular que las tendencias hacia el mayor estatismo se profundizaron de manera consistente y centrándose en la necesidad de generar un aparato industrial básico y sistemas de salud y educación más sólidos que aquellos disponibles en los años treinta. Las políticas así generadas no tuvieron, sin embargo, modificaciones sustanciales en el tiempo, como seguramente las habían previsto sus originales inspiradores y más bien se redujeron a una expansión mecánica e insostenible.

El esquema, iniciado a comienzos de los años cuarenta, se mantuvo en forma intacta durante casi treinta años con lo cual no se corrigieron los defectos que tal política naturalmente iba acumulando en el tiempo como producto de la evolución de sus propios resultados. También es importante destacar que la inspiración de un estado de bienestar a la europea estuvo más bien ausente de las intenciones de políticas que se verificaron en Chile a partir de los años cuarenta. En efecto, nunca alcanzó el financiamiento tributario que dicho propósito habría requerido. Se confió más bien en la rentabilidad financiera que habrían proporcionado las empresas públicas que en el tiempo fueron -contrariamente a ese objetivo- las fuentes de demanda financieras, asociadas a problemas de gestión y de utilización política. Por lo tanto, la incidencia de los temas de desfinanciamiento hizo mella en la calidad y cobertura de los servicios sociales provistos por el Estado y crearon presiones e insatisfacción persistentes. Se asistía así a un escenario de continuo deterioro en lo financiero y productivo junto a crecientes problemas para proveer los recursos que permitieran un mejor desempeño de los servicios sociales.

El Estado había ido descuidando tareas fundamentales en el ánimo de proteger intereses corporativos y políticos, demandando un financiamiento que el modesto crecimiento del país no podía permitir. Esas son, en mi opinión, las raíces estructurales del problema. Un profundo desequilibrio de crecimiento del Estado, un financiamiento inadecuado para los objetivos que se habían propuesto y un creciente problema de gestión y de incentivos vinculado a la existencia de un alto grado de aprovechamiento partidista de la maquinaria estatal.

El Estado debe desarrollar una serie de tareas que trascienden ampliamente al rol del mercado y del sector privado, en tanto las mismas constituyen casos de bienes públicos o se conectan con actividades que ejercen externalidades sociales, es decir, una diferencia neta entre el beneficio privado y el propiamente social. Un caso usualmente destacado en este último ámbito, por ejemplo, se refiere al propósito de dar base a un desarrollo industrial o de promover el sector de pequeñas y medianas empresas, lo cual ha sido considerado una tarea de Estado en muchos países que han alcanzado grados importantes de desarrollo y de orientación sustentable a las exportaciones. La Policía, la defensa, la justicia y muchos otros son casos de bienes públicos que deben residir para su provisión en la autoridad del Estado y su capacidad de ejecución.

Dado que las decisiones en salud y educación envuelven decisiones sujetas a riesgo y constituyen inversiones con impacto a futuro, la regulación sobre información y control de calidad debe ser sólida y efectiva; no depositándose meramente en los mecanismos de decisión individual obtenidos a través del libre mercado. La necesidad de contar con una sociedad integrada, con objetivos comunes más o menos establecidos, basada en raíces comunes, valores y propósitos globales, constituye un objetivo de naturaleza fundamental en todo tiempo. Su logro, sin duda, requiere de un amplio envolvimiento del Estado en educación básica y media, por ejemplo, donde se lleva a cabo esta tarea y se promueve el progreso económico en términos de la disponibilidad de recursos humanos calificados. Es decir, existe un enorme beneficio social que se deriva de la acción educativa y que no representa per se los incentivos para que privadamente se alcancen niveles de óptimo. Este es un argumento económico de fundamental importancia para la acción del Estado en educación, tanto como proveedor directo como en condiciones de regulador y de agente financista.

Naturalmente, también es cierto que la acción educativa tiene un beneficio privado, ya que promueve mayor productividad de las personas y -en forma consecuente con su desempeño laboral- lleva a mayores ingresos. En este argumento se basan muchos de quienes postulan que el tema educativo debe -por lo tanto- corresponder sólo a decisiones ejercidas en el ámbito privado. Obviamente y además del problema de la externalidad social positiva que se vincula a la educación, está aquí también presente el tema de la equidad, ya que una distribución del ingreso como la que prevalece en nuestro país no garantiza pleno acceso y, por lo tanto, no asegura que se cumplan con los objetivos de socialización que necesita el desarrollo integral.

Un tema distinto es el de la forma cómo el Estado debe intervenir en materias educativas. Muchos argumentos que el Estado debe restringirse a proporcionar subsidios a la demanda, mientras que la provisión de la educación debe ser exclusivamente privada. En este sentido, algunos dicen que la educación es pública porque se dirige a una audiencia pública, pero que por esa pura razón no debería recurrirse al expediente de soporte o provisión del Estado. Quienes así argumentan se basan en la idea de que el sector privado puede no ser sólo más eficiente que el público en materia de provisión, sino que puede desempeñar su misión en términos equivalentes. Es decir, la educación que provee el Estado es la misma que puede proveer el sector privado. Todo esto es posible, pero bien sabemos que hay un problema de regulación y control de calidad que el Estado tendría igualmente que llevar a cabo para garantizar que se efectúe la tarea en el cumplimiento de los propósitos de fondo en términos de ánimo de país y construcción de Nación. De otro modo no hay forma de asegurar que el desempeño privado satisfaga plenamente el requerimiento del conjunto social en cantidad y calidad, refiriendo este último concepto a los aspectos temáticos concretos que importan a la sociedad y a su desarrollo.

La pregunta es -por tanto- si el Estado no debe intervenir de ninguna manera en educación o si es que debe hacerlo sólo a través de financiamiento y regulaciones del mercado o si es que debería también tener una injerencia en la provisión directa. Un elemento crucial en este análisis es que el tema de la educación pasa a ser uno de seguridad nacional cuando se mira desde la perspectiva de sus objetivos globales, integradores y constructores de una visión de país tan necesaria para el progreso, la estabilidad y el bien común. Naturalmente, ello adiciona para pronunciarse a favor de la intervención del Estado en la regulación y quizás la provisión.

Por otra parte, en educación no hay manera obvia de que la satisfacción del "consumidor" se revele como un eficiente instrumento asignador, ya que ni siquiera percibimos el tema de calidad, sino en términos contingentes. Pero quien sabe desde el punto de vista de los objetivos sociales y aquellos visibles sólo en el largo plazo. Este es un argumento que favorece la provisión pública de la educación.

Lo que parece estar fuera de discusión es que el Estado debe participar en el tema educativo como proveedor directo y/o como financista de última instancia. En ambos esquemas, el Estado debe ser un regulador del sistema instaurando normativas y mecanismos de control de calidad que hagan compatible a la educación con los objetivos trascendentales del proceso desde un punto de vista social. Supongamos, por ejemplo, que el Estado renuncie a la provisión directa, pero que financie el sistema en términos básicos, es decir, a quienes presentan necesidades para que puedan acceder a la educación provista sólo privadamente. Supongamos, también que existe una buena regulación y que la calidad mínima no es discutible en el sistema. Pregunta: ¿Hemos solucionado así nuestro problema real y de largo plazo? Creo que no. El Estado puede regular sobre calidad mínima, pero no es posible tener regulaciones permanentes, actualizadas o detalladas en un proceso que es altamente complejo y cambiante. No hay que olvidar que los aspectos de calidad se unen la costo y siempre se puede hacer rentable una operación si disminuimos suficientemente la calidad si eso es posible. En el caso de la educación lo es, debido a que calidad se puede evaluar solamente en términos del largo plazo. Por ello, es importante que exista una educación pública provista directamente por el Estado que establezca el patrón de referencia en estos temas de calidad. Una educación pública que por cierto mantenga esos patrones de calidad activamente en el tiempo. Por otro lado, la educación pública es también indispensable para que proporcione acceso igualitario a quienes no podrán pagar nunca el margen de mayor precio que significaría la mayor calidad. Es decir, aquí también hay un tema relativo a la equidad, ya que los menores recursos podrían acceder sólo a la educación básica subsidiada y no a la de mejor calidad entregada privadamente como aparentemente ocurre hoy día en Chile.

obviamente, el Estado para hacerse cargo de la educación debe entonces estar en condiciones de proveerla con calidad competitiva, ya que de otra manera no está cumpliendo con su rol de igualador de condiciones. Yo hago aquí, entonces, un caso por la provisión directa como un instrumento más eficiente, no sólo más equitativo desde el punto de vista social, más eficiente en el logro de los objetivos de Estado que rodean a la provisión de educación. Pienso que el Estado debe proveer información sobre los parámetros de calidad por medio de su propia acción educativa. En el ámbito de la equidad el objetivo debe hacerse cargo del objetivo igualador entregando una educación que potencie la productividad de los más desaventajados y permita acercar los frutos del desarrollo a los más pobres, produciendo una efectiva movilidad social.

Es aceptable que exista la competencia pública y privada en el ámbito educativo. Sin embargo, deben darse en mi opinión dos condiciones para que ella tenga correspondencia con los grandes objetivos a nivel social de una política educativa del Estado. Primero, la educación pública debe ser de calidad, ya que de otra forma se genera como una profecía autocumplida aquello de que el sector público siempre lo hace peor.

Segundo, el control de calidad del sector privado debe realizarse con instrumentos adecuados, especialmente en cuestiones de contenido y en relación con los objetivos nacionales e integradores del sistema. Rescato así el principio del Estado Docente que no considero -como muchos- una rémora del pasado "inaceptable" en los días presentes para quienes así piensan. Creo que debemos hablar del Estado Educador, ya que en los días presentes éste debe asumir no el total de la ejecución directa, sino el más importante rol regulador de significativa importancia para el sistema.

Con relación a la Educación Superior, creo que es pertinente formular algunos comentarios específicos que ayudan a ilustrar el anterior tema. Hay quienes argumentan que la Universidad debe ser una pura actividad privada, ya que ella redunda en beneficios privados que podrían en cualquier caso ser estimulados en su logro por medio de subsidios fiscales. Es decir, varios argumentan que la Educación Pública y la acción directa del Estado en relación a provisión y financiamiento debe llegar solamente hasta la educación que se considere más básica o fundamental desde un punto de vista de equidad. Se argumenta que no es posible entregar toda la educación que se demande a todas las personas que lo hagan en términos de sus necesidades. Sin embargo, en el tema de la Educación Superior hay dos elementos que se hacen presentes y que cobran importancia en términos de la acción del Estado. Por una parte, que existen jóvenes de escasos recursos cuyas competencias son adecuadas para la Universidad y que, por lo tanto, y en un esquema de apoyo a la movilidad social, deberían contar con el apoyo solidario del resto de la sociedad. Por otra parte, porque la Universidad desarrolla una tarea social, sea como productora de cierta investigación, docencia o extensión, la cual no es simplemente reproducible para ser entregada vía mercado o por la simulación por medio de un sistema regulado.

En estos días se ha planteado nuevamente un viejo hallazgo. Los salarios promedio de un universitario son más del doble de aquellos correspondientes de un egresado de la educación media. Ello indica un alto beneficio privado de la educación universitaria sin considerar los costos envueltos. Junto con ello, que alega entonces por la existencia de fuertes incentivos privados por el lado de la demanda, se dice que las universidades privadas son más eficientes y que podrían constituir el fundamento de un sistema de mucha calidad. Después de todo, se argumenta, los consumidores serían nacionales y eligirían a los mejores proveedores del servicio, desplazando fuera del mercado a aquellos otros que no cumplen con estándares de calidad.

En consecuencia, un enfoque de oferta y demanda, operando por medio de la libre operatoria del mercado sería totalmente justificado y quizás apropiado en este contexto. Se presentan, sin embargo tres problemas con este esquema simplista, muy popular. Primero, que no hay forma que los consumidores sean racionales en esta actividad, ya que la información de que disponen para la toma de sus decisiones nunca será perfecta. Divisarán los efectos sólo a años de años de distancia impidiendo el pleno y adecuado uso de esta información n las decisiones contingentes. Considérese, por ejemplo, que los abogados de la Universidad XX no estén teniendo ocupación. Ello nada implicará desde el punto de vista de calidad presente, ya que los actuales abogados formados por la Universidad XX se podrían estar preparando de una manera diferente. El mismo ejemplo, por supuesto, se puede dar a la inversa para abogados de una gran aceptabilidad en el mercado que mañana podrán no tenerla.

Un segundo problema con el esquema simple de mercado es que las decisiones en Educación Superior muestran claramente su característica de operación a futuro, ya que las adquisiciones de hoy se reflejarán solamente en productos observables al final del túnel.

Tercero, la normativa sobre calidad es altamente compleja, ya que los distintos proyectos universitarios llevan a producir distintos tipos de profesionales. Por ejemplo, aquellos más intensivos en investigación y sus derivados v/s aquellos que se producen más por la vía de la repetición de esquemas. A estas tres razones se suma el argumento entregado anteriormente con relación a la existencia de externalidades sustanciales para la mayoría de los campos formativos.

Innegablemente, la operatoria libre de la oferta y la demanda puede cuestionarse en forma muy clara a partir de las condicionantes del sector Educación Superior. El Estado debe regular intensamente este sector por la vía de la acreditación de calidad y en función de diversos proyectos educativos, ciertamente no por medio de plantillas vigentes. Y debe también el Estado desempeñarse como proveedor director en mérito a las implicancias distributivas del proceso educativo y a la necesidad de que el sistema estatal constituya un seguro referente de calidad. Est, sin embargo, es un tema en debate, ya que las universidades públicas latinoamericanas no están constituyendo en la experiencia reciente referentes de la calidad efectivos para el adecuado desempeño del sector universitario.

La existencia de universidades públicas, lección para nuestro país, debe llevar aparejada niveles de financiamiento y de compromiso de gestión que las potencie como referentes de calidad, indispensables para el sistema en su conjunto. Indudablemente, tal financiamiento debe dar lugar al aseguramiento de calidad, diversidad y tolerancia compatibles con los objetivos de Estado. Pero además de los aspectos anteriores referidos al ámbito de la formación profesional es necesario considerar que la Universidad no es sólo un medio de docencia de pregrado, sino también un centro de investigación que va en apoyo a dicha actividad docente, como asimismo al desarr5ollo de investigación aplicada a los temas de país y al desarrollo de los postgrados.

Las universidades, como una tarea del Estado, deben desarrollar una actividad de creación y generación de conocimiento en forma preferencial puesto que es de su incumbencia la búsqueda en torno a temas nacionales o públicos, respectos de los cuales no existe un incentivo para un desempeño privado orientado solamente por el sistema de precios. El problema medioambiental es un buen ejemplo de una temática rentable sólo a nivel social, debiendo el Estado hacerse cargo de dicha investigación que ejerce significativas externalidades. Como este caso, es posible encontrar una infinidad de temáticas científicas, artísticas, humanísticas o sociales que requieren envolvimiento directo del Estado por los efectos que ejercerían los resultados derivados de una investigación pertinente y de calidad. Se ha dicho también que las universidades deben ser centros de reflexión sobre la realidad nacional y proveer una visión sobre los temas de país que son inseparables de su ser, que es el Humanismo.

Indudablemente, la Universidad pública es una responsabilidad del Estado, ya que debe ejercer también esta preocupación en forma activa para así dar base a la política pública, con insumo de interés público como también privado. Todos sabemos que el desarrollo económico depende en forma crucial de la acumulación de conocimiento útil para el desarrollo. En este contexto, el desempeño del Estado por medio de sus entidades de investigación superior es irrenunciable, como lo muestran las experiencias de los países desarrollados, caracterizados todos ellos por universidades públicas de primer nivel. Asimismo, el desempeño de estas entidades es fundamental en términos de la orientación de los profesionales y de los postgrados que allí se forman, cuya conexión activa con los problemas nacionales debe ser evidente y fuerte para así cumplir con los objetivos de Estado del gasto universitario.

El caso de una institución pública como esta, reflejar bien los riesgos que se corren al no contarse con una definición apropiada de la Política Pública en educación. La misión de la Universidad de Chile s la de crear y diseminar conocimiento para el desarrollo económico social, cultural, tecnológico del país. Esa es precisamente una misión de entidad pública con responsabilidad sobre la temática de mayor importancia: el desarrollo integral del país. Por ello, la Universidad de Chile debe privilegiar la docencia, investigación y extensión ligada a los temas y problemas de país. En ese sentido, es una Universidad no sólo pública, sino también Nacional, no siendo parte de su tarea la producción de ganancias financieras o la competencia en actividades puras de mercado en un sentido privado.

Indudablemente, ella debe competir en muchas áreas que corresponden a tareas vinculadas con el mundo profesional, científico o artístico. Pero no debe, por ello, abandonar o poner en el segundo plano a aquellas responsabilidades nacionales y públicas que le son propias. Es evidente que la responsabilidad sobre su misión y en forma consecuente con su trascendencia para el país un compromiso del Estado que debe reconocerse en función de las políticas y del financiamiento. De otra forma, se lesiona el cumplimiento de su misión, se lesiona el pluralismo, se privatizan los temas y los enfoques, se debilita el impacto social del trabajo universitario. El descompromiso, por tanto, implica declarar nulos, de hecho, los temas de país, la preocupación por el bien común y por el largo plazo nacional, implica creer que -mutuo propio- el sector privado los asumirá independientemente del hecho que otras misiones legítimas como propagar la fe o impulsar ciertas específicas visiones del mundo no son intrínsecamente compatibles con el interés del conjunto social.

La educación es una tarea inexcusable del Estado. Esta afirmación siempre la entendimos como el compromiso de entregar educación gratuita a nivel básico. En realidad, hoy en día debe entenderse como un compromiso de mucho mayor rango y trascendencia. Primero, debe el Estado con un nivel mucho mayor de educación. Ya no trata de nuestra antigua educación básica, sino niveles superiores que deben establecerse con cuidado y realismo, especialmente considerando nuestros antecedentes socioeconómicos y distributivos. Segundo, se trata de un compromiso con la calidad, no con la cantidad, ya que sólo una educación pública de excelencia puede garantizar un adecuado comportamiento del sector privado en términos del cumplimiento de estándares mínimos. Puesto de otro modo, la escasa preocupación por la calidad de la educación pública pone en riesgo a todo el sistema por la ausencia de incentivos endógenos a que se cumplan con patrones de calidad socialmente deseables. Tercero, se trata de un compromiso con la adecuada regulación en la medida en que la misma debe colocar las reglas del juego en términos aceptables y justos, tanto en relación con el interés público como con el privado. Cuarto, se trata de un compromiso con la equidad para apoyar a quienes son capaces de desempeñarse en los niveles superiores, por ejemplo, pero que no cuentan con las disponibilidades económicas, dando así paso a una movilidad social que debe ser reflejo del crecimiento económico. Quinto, consiste en respaldar la investigación y la docencia a nivel superior por medio de provisión directa que asegure no sólo estándares de calidad, sino el aporte en conexión con temas de país que se espera de las entidades públicas en el estricto cumplimiento de su rol.

El desarrollo es un concepto mucho más amplio y profundo que el de crecimiento económico. El segundo no conducirá al primero a menos que la inversión social en capital humano sea suficiente para garantizar sostenibilidad económica y mayor equidad. Sólo una educación comprometida con los objetivos de país de largo plazo puede combinar los temas de productividad y movilidad social que haga que los efectos del mayor bienestar económico se den también en mayor bienestar social y se traduzcan en la estabilidad social y política que necesita la propia inversión para que el país pueda crecer. La educación pública es -en mi opinión- una palanca fundamental e irrenunciable en la perspectiva de un desarrollo integral.

Muchas gracias.