Clase Magistral del Prof. Luis A. Riveros, Rector de la Universidad de Chile, " La Educación Superior en Chile y sus perspectivas para el Siglo XXI".

(Transcripción)

Una de las preocupaciones más centrales de nuestros días es el tema educacional. Hay variadas razones para ello, incluyendo la preocupación de los chilenos por las futuras generaciones y las detectadas fallas de un sistema con grandes innovaciones, pero que enfrenta algunos problemas que parecen resolverse con lentitud. Un tema fundamental, y que constituye un referente general, tiene que ver con el rol del Estado y la existencia de una profunda y creciente brecha en calidad y oportunidades entre los sistemas público y privado. Se alega que falta una regulación adecuada en términos de calidad, que no existe una iniciativa satisfactoria en el campo de formación y capacitación de profesores, que los adelantos en materia curricular transcurren lentamente y, aún, muy por debajo de las expectativas de modernización que reclaman muchos sectores. Se siente la necesidad de políticas con mayores recursos pero, por sobre todo, con una explicitación de objetivos, en un campo de naturaleza crucial para el futuro productivo y distributivo del país. Todo ello, a pesar de que se están efectuando avances en materia de reforma, y los mismos deben ser apoyados en forma sustantiva para que alcancen, en breve, las metas que se han previsto, y con ello ayude a transformar en forma relacionada a los sistemas superiores de educación.

Los esfuerzos de los últimos 8 años en materia de calidad y equidad, parecen aún lentos e insuficientes para restaurar la eficiencia y accesibilidad al sistema que merece un país como el nuestro, que destacó, durante varias décadas como un faro en materia educacional para toda la región latinoamericana. Un país que contó con la mejor universidad del continente latinoamericano, y que produjo educadores y métodos educativos que se expandieron con gran fuerza en muchos países hermanos. Aún, hoy día, es posible observar como en otros países subsiste el germen dejado por especialistas chilenos en aspectos curriculares y organizacionales. Sin duda, es posible que existan dificultades para obtener un avance más rápido en un sistema que se deterioró durante casi tres décadas, pero en verdad, existe la preocupación por un salto en calidad del sistema educativo que el país precisa para obtener los logros que espera en materia productiva. Indudablemente, el recurso humano es el verdadero factor de competencia en el mundo de hoy, y Chile se encuentra en condiciones de acelerar su trabajo en esta área con promisorios resultados.

Más allá de los aspectos coyunturales, hoy en día es altamente necesario pensar en la educación que se precisará en los años 2000, junto a los retos de una sociedad globalizada y de la profunda modernización tecnológica que ya insinúan las actuales tendencias. En el ámbito educacional no nos resulta ya suficiente el "ponerse al día", en relación a los temas no abordados, los cambios no realizados o las reformas pospuestas en las últimas dos décadas. Es indispensable ir más allá, ya que los ánimos de desarrollo que alienta la economía chilena, precisan un serio esfuerzo en el ámbito de la formación de recursos humanos, tanto en un terreno estrictamente productivo, como asimismo en el valórico y moral. El salto en modernidad y productividad que debe dar Chile, no puede venir sino acompañado por un cambio profundo en el campo educacional. La inversión en tecnología, la preparación de profesores, la modernización de contenidos y sistemas de enseñanza, los cambios en estructuras y en formas de regular y administrar la educación, son factores que deben abordarse en forma prioritaria y rápida, con mayor decisión que la observada en años recientes, y con muchos más recursos.

Hay que cerrar las brechas existentes con el mundo con que deseamos competir internacionalmente. Si se observa el grado de cobertura de la educación chilena, ésta alcanza, en promedio, una escolaridad sólo un poco por sobre los 8 años, que es un nivel tres cuartas partes de lo observado en las economías recientemente industrializadas, o la mitad de lo existente en los países industriales. Si se habla, mejor, de calidad de nuestra educación, baste indicar que el promedio de las pruebas SIMCE aplicadas a estudiantes de básica, alcanza no significativamente por encima del 50%. Es decir, contamos con poca educación, y de calidad debatible en sus promedios. A ello, se suman otros indicadores de fatal relevancia, como la existencia de profundas disparidades entre los sistemas público y privado a todos los niveles un abandono sistemático de la enseñanza técnica, un profundo atraso en programas y planes de enseñanza, y una Educación Superior que oculta graves problemas de calidad en medio de un supermercado de carreras de escasa gravitancia para el desarrollo del país y con un insuficiente desarrollo de la investigación científica y tecnológica.

En el campo de la Educación Superior, esas preocupaciones aumentan en forma significativa, ya que las acciones emprendidas en esta área se han pospuesto, mientras se mantiene un conjunto de políticas y estructuras que no parecen responder, ni a lo que esperan los actores del sistema, ni a las necesidades reales de la investigación y de la formación de pre y posgrado para los días que vienen. Las preguntas tienen que ver con eficiencia y equidad, y responden a preocupaciones de país que deben atacarse en forma muy abierta, y con un programa que explicite metas y etapas. En definitiva, se trata de definir una política que ponga a la Educación Superior chilena en el contexto de calidad y equidad que se reclama, para que Chile pueda enfrentar en mejor forma los retos de su anunciado proceso de desarrollo económico y social.

Me propongo plantear, en forma muy sincera, mis particulares preocupaciones y propuesta en este ámbito sin, por cierto, involucrar necesariamente a la Universidad de Chile, pero, por cierto, manteniendo en mente mis responsabilidades en torno al proyecto de innovación universitaria al que aspira la Corporación que encabezo.

I. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

La Educación Superior chilena adolece de serios problemas de eficiencia y equidad. Su nivel de eficiencia es bajo debido a que existe una anquilosa organización que incluye, tanto a universidades como a instituciones de educación técnica superior, así dando lugar a un híbrido que no permite establecer prioridades de política respecto de segmentos educativos de muy distinta índole. Sólo el día de ayer se anunciaba que las instituciones de educación técnica accedían a nada más que un 10% del aporte fiscal indirecto. Eso, evidentemente, refleja el problema que se deriva de poner a competir directamente a este nivel, con las propias entidades universitarias, en el contexto de una significativa desventaja para el mismo, como para el país y sus necesidades reales. Por su parte, el empleo de recursos en formación universitaria, no tiene una necesaria correspondencia en su impacto social y económico, como en cuanto a la efectiva valorización de las formaciones que la juventud obtiene con esfuerzo material e intelectual. Al interior del sistema universitario, prevalecen políticas que tratan en forma homogénea a instituciones privadas y públicas, mientras que ciertas instituciones privadas permanecen, virtualmente, fuera del ámbito regulatorio y de coordinación por la vía del Consejo de Rectores. Parece prevalecer la visión de que el mercado resolvería, por sí mismo, los problemas asignativos presentes, a pesar de las severas deficiencias de este mecanismo cuando prevalecen problemas de información asimétrica, y una realización a futuro de los resultados.

La Educación Superior adolece de problemas de inequidad, debido a que el acceso está limitado a quienes puedan pagar los aranceles vigentes, directamente o por medio de un insuficiente fondo de crédito universitario, que se caracteriza también por una distribución institucional parcializada e inadecuadas reglas sobre este sistema que deben ser revisadas. Ello ha llevado a la virtual exclusión de la llamada clase media de las instituciones tradicionales, llamando a la necesidad de atender urgentemente el problema del crédito y la ayuda solidaria. La inequidad se manifiesta, también, en la presencia de instituciones de muy diversa calidad, diferenciadas por precio, pero no a través de una clara regulación sobre información a los usuarios.

En el campo de la investigación subsiste un sistema basado fuertemente en los fondos competitivos, en base a propuestas de proyectos específicos. Naturalmente, no toda la investigación puede transcurrir a través de esa metodología, especialmente cuando se impulsa en base a proyectos individuales, con escasa conexión con las instituciones universitarias, y por medio de una amplia y creciente descoordinación de los propios organismos administradores del Estado. Los fondos deben mantenerse y alentarse en el contexto de Conycit y de las universidades que realizan investigación, pero al mismo tiempo debe reconocerse que no existen prioridades temáticas o por áreas definidas en forma explícita, y en el contexto de un proyecto global, a pesar de las urgentes necesidades de desarrollo del país, ni tampoco se han definido métodos más productivos desde el punto de vista de la obtención de una investigación de calidad mayormente ligada a los temas de país que necesitamos confrontar.

Todas las fallas que menciono obedecen, en mi opinión, a la carencia de políticas apropiadas, a la ausencia de una modernización de las políticas existentes, y a una creciente irrelevancia de regulaciones y estructuras cuya formulación proviene de mediados de los años sesenta y, la más reciente, de comienzos de la década de los ochenta. Las definiciones que han emanado durante los gobiernos posteriores a 1990 no han satisfecho las demandas por nuevas políticas en relación a todo el sistema, ateniéndose, las mismas, a pasos muy simples, como la Ley Marco de Universidades Estatales, o el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior (Mecesup) que, sin un marco conceptual ni una concepción integral de lo que el Estado busca del sistema, no contribuyen sino a hacer más confusa la situación prevaleciente. Por ejemplo, dichas iniciativas contribuyen a darles mayores incentivos privados a las universidades del Estado, sin acentuar el compromiso de éste para con aquellas, ni introducir la necesidad de coordinación y mayor efectividad entre las mismas. Asimismo, el Mecesup intenta abordar simultáneamente los problemas universitarios y de la educación técnica superior, con pasos que dilatarán enormemente la necesidad de actuar en el campo de la acreditación de carreras e instituciones, y que no impulsan nada en relación al urgente tema de equidad y de mejora en calidad de la investigación básica y aplicada.

Prevalece una creciente inconformidad con el sistema por parte del sector productivo, que busca una mayor oferta de formaciones a nivel técnico y no a una sobreproducción de carreras universitarias de bajo costo, pero también de escaso valor formativo. La inconformidad también se extiende a las familias y a la juventud, quienes se frustran ante mecanismos de crédito que mantienen a la clase media virtualmente excluida de las universidades, y a los más pobres con un crédito que no cubre las indispensables necesidades de alimentación y gastos complementarios básicos. Además, en muchos casos, existe frustración ante los limitados campos ocupacionales que muchas de las carreras provistas que las nuevas instituciones ofrecen, o se advierte, ofrecerán, al menos de acuerdo a las expectativas de los actuales estudiantes, sin prevalecer clara información a los usuarios, ni una correcta visión respecto de los probables campos educacionales futuros. Esta frustración alcanza también a nuestro mundo científico, que se siente sin orientaciones para su trabajo de largo plazo, sensación que se ahonda en el caso de nuestros artistas y humanistas, para quienes no parece existir un nicho de importancia definida en las acciones actuales en materia de educación e investigación.

Es evidente que el énfasis de la política pública ha estado en educación básica y media, cuestión que, naturalmente, es aceptable como una consecuencia del ánimo de equidad que ha inspirado a la administración. Pero, la Educación Superior constituye el necesario siguiente paso, quizás pospuesto en demasía, para abordar con realismo y con recursos una serie de políticas que se dirijan a mejorar la calidad y equidad del sistema. La necesidad de una eficiente Educación Superior se relaciona, de modo muy directo, con los requerimientos de investigación científica y tecnológica que han de dar base al desarrollo económico que el país espera obtener, y que no provendrá, ni necesaria ni exclusivamente, del desarrollo exportador con fuerte base en recursos naturales y bajo valor agregado. Una Educación Superior equitativa significa recuperar el rol de la misma, en cuanto a la necesaria movilidad social que la sostenibilidad política del proceso de desarrollo exige en forma categórica.

La necesidad de atender con prioridad el tema de la Educación Superior, fluye de un conjunto de consideraciones implícitas en las ideas anteriormente expuestas. Primero, por el enorme potencial que este nivel educativo tiene, en cuanto a producir la necesaria movilidad social, reflejo del progreso económico en términos de mayores oportunidades para todos. Segundo, porque sólo el mayor desarrollo de las universidades complejas, podrá producir el conocimiento básico y aplicado que Chile requiere para dar el salto productivo necesario en relación a sus ímpetus de desarrollo económico. Tercero, porque es insostenible la distorsión prevaleciente en términos de formación universitaria de bajo nivel, con escasa información al consumidor, y que refleja una inadecuada dotación de profesionales en relación a técnicos: 7 profesionales por cada técnico, en circunstancias que en los países industriales se trata de 5 técnicos por cada profesional. Cuarto, porque es necesario regular a los sectores público y privado de manera distinta, atenidos los mismos a las reglas del juego propias de su dependencia institucional, vinculación con el mercado y estructura de propiedad. El espacio del mercado debe dejarse, en forma amplia, con la regulación, pero también con la debida abstinencia de intervención estatal en temas de financiamiento directo al sector privado. Quinto, porque el Estado debe tener una actividad directa de importancia en el sistema de Educación Superior, para mantener los estándares mínimos que corresponde a cada formación, como, asimismo, para desarrollar la investigación que se relaciona con los temas de país y aquellos caracterizados por mayores externalidades sociales. Basta mirar la realidad de los países industriales, y los de reciente industrialización, para darse cuenta de que existe una clara intervención del Estado en provisión y regulación de la Educación Superior, y de la educación en general, en vistas a proteger el bien común, aumentar la eficiencia social de la información, promover la equidad y cuidar la calidad de la docencia y la investigación.

II. LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

Uno de los problemas más importantes se relaciona con la actual organización del sistema universitario nacional. Además de la ausencia de un adecuado marco de política pública, que explicite la normativa regulatoria y los criterios de intervención, la organización del sistema es anacrónica. Desconoce los cambios que han operado recientemente, y no promueve una modernización de las estructuras de administración e intervención estatal. En efecto, la organización para efectos de administración y coordinación del sistema universitario, data de la década del 60, a pesar de las profundas transformaciones que el mismo ha adquirido en las últimas dos décadas, manteniendo virtualmente fuera del esquema de coordinación de políticas, a las nuevas universidades privadas autónomas. La coordinación de la Educación Superior por parte del Estado, tiene lugar sólo a través de la respectiva dirección del Ministerio de Educación, siendo necesaria una institucionalidad más participativa y activa, para que esta estructura corresponda, más bien a una superintendencia de Educación Superior o universitaria. La regulación del sistema es muy débil, y no promueve una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, ya que los mismos no se corresponden con objetivos o programas. En general, no se ha establecido un marco conceptual que dé paso a un programa de política pública en el campo universitario, y que se base en una definición del sistema, de sus objetivos y del rol que las entidades de los tres distintos segmentos (estatal, privado con subsidio estatal directo y privado autónomo) cumplen en el contexto de una política global.

A este respecto, una política debe incluir la redefinición del llamado Consejo de Rectores, para que el mismo dé paso a la incorporación de la nueva realidad institucional. Asimismo, es importante que las universidades del Estado cuenten con un organismo de efectiva coordinación y dirección con la autoridad educacional y de Gobierno, dado el rol especial, que se supone estas instituciones deben cumplir, en el marco de una política nacional universitaria. El establecimiento de regímenes financieros y organizativos separados para la educación técnica superior, donde se propugne por la efectiva importancia que esta rama ha de tener en el contexto del desarrollo nacional, parece urgente y necesario a la luz de las actuales distorsiones.

III. LA SITUACIÓN FINANCIERA

En el campo del financiamiento, me parece importante insistir en que la investigación básica y los posgrados merecen tratamientos diferentes como prioridad en un país que tiene una estrategia de desarrollo que requiere conocimiento como uno de sus insumos básicos. Los niveles de financiamiento son adecuados, pero también lo son las políticas. Me parece que las entidades que reciben recursos del Estado deben responder por objetivos, logros y metas, en el contexto de convenios de desempeño elaborados en forma transparente y pública, y dentro del marco de prioridades del país. No soy de los que cree que las universidades no deben responder por los recursos que reciben, ya que ello crea un sentido de poca responsabilidad e ineficiencia, y no a mejorar, como todos deseamos, los estándares de calidad del sistema. El Ministerio de Educación ha comenzado a innovar positivamente en esta materia, y nuestro desacuerdo con ciertas instancias de política se ha basado en la necesidad de ir aún más rápido, y con mucha mayor decisión en un tema tan crucial. Hemos postulado, por ejemplo, que en materia de acreditación parece urgente y necesario que sean las universidades que reciben recursos del Estado, las primeras en someterse a dicho sistema, con normas muy claras en caso del incumplimiento de los estándares, llegando a medidas destinadas a rediseñar o cerrar carreras y programas. Me parece que ese sería el mejor ejemplo de consecuencia con que se puede orientar al desarrollo de la actividad privada.

El país ha experimentado un significativo crecimiento, mientras que las políticas de financiamiento de la Educación Superior e investigación, continúan siendo el característico de una nación significativamente atrasada. Desde un punto de vista conceptual, no se percibe al conocimiento como un factor estratégico para dar el salto en productividad que requiere el desarrollo chileno, y se entiende al quehacer universitario como aquel destinado exclusivamente a la formación profesional, en ausencia de creación, investigación y diseminación de las ciencias, la tecnología, las artes y las humanidades. En la actualidad, el Estado está gastando cerca de un 0,6% del PIB en educación universitaria. Comparado con países industriales, o recientemente industrializados, la cifra corresponde a alrededor de un 20% de la que prevalece en estos últimos. Chile, por otro lado, cuenta con 1,1 científicos por cada mil habitantes, una cifra que se compara pobremente con 5,5 que caracteriza al mundo industrial y de reciente industrialización. Si se considera la necesidad de cerrar la brecha en conocimiento e investigación y desarrollo (I&D), se podrá concluir en la necesidad de aumentar urgentemente los recursos para este propósito, que en la actualidad equivalen a sólo un 0,7% del PIB. La mayor parte de los recursos empleados en I&D son del sector público, ya que la participación de la empresa privada es de sólo un 20% representando una situación inversa de aquella prevaleciente en los países desarrollados, donde existen esquemas de incentivos que promueven la actividad de investigación en la empresa, a menudo asociada con las universidades. Por la misma razón, la mayor parte de los recursos que en Chile se dedican a I&D, no se someten a evaluación por pares.

El país necesita evaluar con objetividad esta situación, y reconocer que el salto al desarrollo requerirá un inevitable esfuerzo en el campo del conocimiento y del desarrollo profesional y del posgrado. Eso necesita de nuevas definiciones en relación a instrumentos de financiamientos y la buscada opción de convenios de desempeño, que privilegien la excelencia académica y la producción de investigación y docencia de calidad como parámetros fundamentales de las reglas financieras.

Si Chile ha de alcanzar efectivamente un nivel de desarrollo equivalente al piso del mundo industrial, ello requerirá un esfuerzo de país en materia universitaria, menos para conformar las demandas por preferencia, sino mucho más por dar paso al sustento de la inversión productiva y financiera que se requerirá para ese salto económico. Si se espera que las tasas de crecimiento e inversión nos permitan alcanzar esa etapa primera de desarrollo en 25 años más, es fundamental que hoy día se elabore una estrategia de Educación Superior que permita dar apoyo a los sectores e industrias que deberán desarrollarse para pasar de lo intensivo en recursos naturales, a lo intensivo en conocimiento y especialización. Si ello ha de ocurrir, el esfuerzo debe comenzar hoy día, puesto que los proyectos educacionales son de larga maduración, pero necesaria para que al fin del camino el país coja el fruto, largamente esperado, de un esfuerzo no menor que debe comenzar a cultivarse prontamente.

No cabe duda que, por tratarse en esta Universidad con los temas del futuro y los estratégicos como foco central de los estudios en las distintas facultades, se comprenderá bien que lo que he dicho tiene que ver con un tema de naturaleza profundamente estratégica para el país. El desarrollo del capital humano y del conocimiento constituye no sólo una ventaja comparativa fundamental en las relaciones comerciales, sino también en un factor de equidad en lo interno, y la base de una independencia en materia económica, elementos que garantizan la estabilidad de largo plazo, que precisa la inversión y el ahorro. En este sentido, el tema que he abordado me parece de gran importancia en el contexto estratégico del país y, pienso, que debe dejar de abordarse como una cuestión meramente propia del campo educativo. Las amplias relaciones de lo que he expresado con la producción, la distribución del ingreso y la movilidad social, les da a ustedes una indicación cierta respecto de la trascendencia de abordar con prontitud y con medidas adecuadas el tema de la educación universitaria y superior.

Muchas gracias.