Discurso del Rector de la Universidad de Chile en Sesión extraordinaria del Consejo Universitario, que cuenta con la visita del Señor Ministro de Educación don José Pablo Arellano.

(Transcripción)

Quiero, a nombre de la Corporación, agradecer la presencia esta mañana en el Consejo Universitario del señor Ministro de Educación don José Pablo Arellano, hecho que constituye un acto verdaderamente excepcional considerando que una similar visita no había tenido lugar en muchos años. Su presencia, señor Ministro, constituye una señal muy esperada por parte de nuestra comunidad, y la interpretamos como una saludable disposición de la autoridad a dialogar sobre materias universitarias y los problemas de la Universidad de Chile, los cuales deseamos abordar en forma amplia, propositiva y con visión de país. Por ello, agradecemos esta visita a este Consejo, y la disposición manifestada por usted, señor Ministro, en orden a abordar esta ocasión como una reunión de trabajo en la que podamos intercambiar ideas acerca de política universitaria y sobre el rol de la Universidad de Chile en el sistema. Con ello, se han de abordar temas extraordinariamente sensibles, pero indispensables de tratar en el marco de las relaciones entre esta centenaria Institución y el Estado chileno.

El señor Ministro conoce nuestros planteamientos que como Consejo hemos formulado en relación al Proyecto de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior (MECESUP) que el Gobierno ha impulsado con el propósito de enfrentar los retos que el sistema de Educación Superior enfrenta en relación a su contribución a las metas de desarrollo nacional. Y sabe el señor Ministro que hemos sido críticos de esa iniciativa, valorando en forma justa la preocupación que con ella ha expresado el Gobierno. Sin embargo, pensamos que dicho proyecto no se ha enmarcado en definiciones de política que nos parecen fundamentales y prioritarias. Creemos que no ha existido una política de Estado actualizada y definida sobre Educación Superior y universitaria, y que la práctica ha llevado a entronizar una organización del sistema y un manejo financiero que resultan inadecuados para los tiempos presentes y los retos actuales en materia de investigación y docencia, como asimismo, en cuanto a la relación con el Estado y la colaboración con la problemática del desarrollo nacional a las puertas del nuevo milenio. Estimamos que, previo a intervenir con una operación de tipo financiero sobre las diversas instancias del sistema, un diálogo amplio sobre los enfoques y acciones prioritarias resultaba indispensable. Se requería un diagnóstico de política que permitiera identificar los cambios estructurales necesarios en el sistema, para que sobre esa base se procediera a determinar las prioridades de políticas a ser abordadas en el contexto del Mecesup. Con mucha sinceridad, señor Ministro, pensamos que no se ha tomado el mejor camino, y que se avanzará en ciertos cambios que no abordan los aspectos sustanciales del problema universitario, dejando con ello inalterados los aspectos más cruciales e inconvenientes del sistema prevaleciente. Creemos que, por ello, el Mecesup no logrará cambiar nada sustancial y que, en base a una operación financiera, se mantendrá inalterada la estructura y bases políticas del actual sistema.

Nuestra posición ha hecho claro que habríamos preferido que se distinguiesen los problemas de la educación técnica de aquellos relativos a la universitaria, por responder ambos a prioridades distintas y necesidades de país muy diversas, que se refieren fundamentalmente al insuficiente énfasis en educación técnica, a la necesidad de reponer a esta rama como una alternativa profesional válida y necesaria, y al imperativo de mejorar la calidad y equidad de la educación universitaria. Además de ello, hemos sostenido la necesidad de revisar las actuales estructuras definitorias de la política universitaria, para que se reconozca la existencia de un sistema mucho más complejo y amplio que aquel presente cuando se dio vida al Consejo de Rectores. Asimismo, pensamos que la línea divisoria en materia de política universitaria, para que se reconozca la existencia de un sistema mucho más complejo y amplio que aquel presente cuando se dio vida al Consejo de Rectores, particularmente en relación a los temas de financiamiento y de los instrumentos al efecto, debe basarse en la distinción entre universidades públicas y privadas, y que el concepto de tradicionalidad debe dar paso a una organización que reconozca la mayor complejidad y diversidad del sistema universitario. Definitivamente, sostenemos que las reglas financieras introducidas a comienzos de la década de 1980, no reflejan en nada a las actuales necesidades de la educación universitaria, además de no haberse cumplido con los compromisos que el Estado chileno adquiriera con oportunidad de esa reforma.

El abordar esas materias nos pareció previo a definir aquellas otras contenidas en el Proyecto Mecesup. Nos parece que sobre la base de las anteriores definiciones básicas, y una explícita definición respecto del rol del Estado en el sistema, tanto como propietario de parte del mismo y regulador del conjunto, habría sido más natural el seguir con una revisión de los aportes basales dirigidos a las universidades públicas y privadas, como con una redefinición de los criterios subyacentes en la actual política. En este último contexto, nos parece que el proyecto mencionado parte del supuesto -que no compartimos- de que los niveles y políticas actuales de financiamiento están adecuadamente dimensionados y diseñados. Por el contrario, nuestra apreciación es que ello merece una revisión profunda producto de un diagnóstico previo que debe emprenderse cuanto antes. Naturalmente, los criterios postulados en el proyecto en orden a introducir convenios de desempeño y otros instrumentos destinados a evaluar el impacto académico de los recursos que el Estado coloca en el sistema universitario, nos parecen pertinentes y adecuados, y abogamos por su extensión al conjunto de los aportes directos una vez abordados los temas de niveles de financiamiento basales y estructura del sistema universitario que hemos mencionado.

Otros temas de igual importancia han preocupado a este Consejo en relación al Proyecto Mecesup. Uno de ellos es la notoria ausencia de las áreas de humanidades, artes y ciencias sociales en el diseño disciplinario que se propone para apoyar el desenvolvimiento de la investigación y la creación. Asimismo, siendo partidarios del énfasis que se coloca en materias de posgrado, nos parece que es importante que se fortalezca la calidad de los pregrados, atendiendo problemas pendientes en el ámbito de la docencia y del equipamiento de laboratorios y bibliotecas. En el plano de la acreditación, hemos mencionado que encontramos indispensable que el país aborde este problema con premura y que el Mecesup en este sentido proporciona pautas de importancia en cuanto al establecimiento de un sistema de acreditación basado en carreras y programas, y que puede aplicarse como una pauta de calificaciones que proporcione información indispensable a la comunidad externa, convirtiéndose en el fundamento para un mejoramiento progresivo vía la instauración de sistemas de autoevaluación institucional. Pero nos parece que el sistema no debe ser voluntario ni envolver estímulos financieros adicionales por parte del Estado para el sector privado; por el contrario, pensamos que la obligatoriedad del sistema para las universidades que reciben aporte fiscal directo debe transformarse en un incentivo básico para que todo el sistema se incorpore a la necesidad de ser parte de mecanismos acreditadores. Por lo mismo, sostenemos que el sistema necesita independencia y credibilidad desde sus inicios, por lo cual sería recomendable que se evolucione desde el Consejo Superior de Educación hacia una Superintendencia que se haga responsable de esta delicada materia.

En nuestro comentario sobre el Mecesup, señor Ministro, hemos querido ser críticos pero constructivos y con altura de miras, ya que esa es la forma en que debe relacionarse la primera Universidad del país con la autoridad educacional del Estado. Por eso mismo, deseábamos este diálogo porque lo entendemos como una forma de aportar al mejor desenvolvimiento de la educación chilena, particularmente del mundo de la educación pública del cual esta Universidad es la líder natural, constituyendo ello una responsabilidad que debemos asumir en nuestros planteamientos ante el Estado y sus autoridades.

El tema del Mecesup es de fundamental importancia con relación a los temas financieros y a la situación de la Universidad de Chile, en particular. El señor Ministro sabe que nuestro país ostenta significativos déficit en materia de investigación científica y tecnológica, como también claras distorsiones en cuanto a la formación de profesionales versus personas de nivel técnico. Ambos factores han de inhibir en forma severa el potencial de desarrollo que se busca para comienzos del próximo siglo. Asimismo, debe saber que esta Universidad tiene un claro liderazgo en materia de investigación, con más de un 45% de la producción científica y un dominio absoluto en proyectos concursables del Fondecyt, y que ostentamos una alta producción intelectual en las áreas de las humanidades y ciencias sociales, como también en el campo de la creación artística. Constituimos una Universidad nacional por el diseño de nuestro trabajo de investigación, la preocupación central por los temas de país, la formación de profesionales líderes en sus campos, la existencia de posgrados acreditados, y una dotación de académicos reconocidos internacionalmente en sus respectivas disciplinas. Sabemos que tenemos muchos aspectos de organización interna que mejorar, pero ello no puede llevar a desconocer el aporte que esta Universidad efectúa para el país, más allá de los temas financieros específicos, como lo ha venido haciendo tradicionalmente, ni tampoco a no considerar la necesidad de darle apoyo básico necesario en materia de inversión y de desarrollo académico. Creemos que nuestra Universidad de Chile debe constituirse cada vez más en un aliado indispensable para el Estado chileno en orden a superar las drásticas problemáticas que marcan nuestro desempeño en la investigación y la docencia a nivel superior.

Creemos, señor Ministro, que ha llegado el momento de analizar el tema de financiamiento, pero sobre bases distintas a las discusiones usuales sobre este tema, teniendo en consideración las recientes propuestas y preocupaciones que usted ha manifestado a nombre del Gobierno de la República. La caída sistemática del aporte fiscal directo para la Universidad de Chile durante la pasada década no se ha recuperado en los años recientes, creando tensiones e insatisfacciones que perjudican nuestro trabajo y la propia gobernabilidad de la Institución, especialmente ante el reto de convertirnos en una Universidad paradigmática no sólo por nuestras contribuciones académicas, sino también por nuestra capacidad para utilizar de la mejor forma los recursos que como Universidad pública nos proporciona el Estado chileno. El sistema actual tiene debilidades fundamentales que atentan contra la misión de la Universidad de Chile ya que prácticamente considera similares a todas las instituciones de Educación Superior, sin reconocer nuestra mayor orientación al servicio público y a los temas de país. Eso nos frustra institucionalmente, especialmente cuando la competencia por recursos adicionales del Estado le coloca un límite a la proporción que puede legítimamente ganar la Universidad de Chile. Por eso creemos que debe existir un nuevo contrato, que no se base únicamente en la simple discusión sobre los necesarios mayores incrementos de los aportes basales, sino en el establecimiento de pautas que contribuyan efectivamente a modernizar la política de financiamiento universitario.

En primer lugar, debe existir un contrato entre la Universidad de Chile y la sociedad chilena distinto a los convenios de desempeño por la modalidad Mecesup, ya que éstos enfatizan proyectos específicos y la Universidad de Chile requiere de un financiamiento más global, aunque con objetivos específicos y metas cuantitativas y cualitativas. Dado el quehacer en investigación, posgrado y extensión de la Universidad de Chile, es fundamental reconocerle a través de esta política un financiamiento que permita un salto cualitativo y significativo en estas áreas, elevando con ello las bases de referencia del sistema universitario en su conjunto. Esta es la mejor manera de introducir control de logros y mejor uso de los recursos en el sistema, incluyendo monitoreo de resultados y control de gestión, y la Universidad de Chile está dispuesta a liderar una implementación de esta política. Lo que se requiere es, precisamente, más evaluación de resultados y menos controles burocráticos que obligan a la Institución a cumplir con exámenes carentes de sentido. Con ello, debe impulsarse un mejoramiento global en el sistema universitario en un breve plazo de tiempo. Creemos que este contrato debe acotarse en el tiempo para evaluar sus resultados, y que los objetivos y metas deben establecerse con criterios de interés y alta pertinencia nacional, sin atentar contra la autonomía académica ni excluir áreas disciplinarias relevantes. Se ha de reconocer que la investigación sistemática y la formación de científicos y posgraduados significan cuantiosos recursos que no pueden ser atribuidos sólo a un proyecto específico, sino a un programa de renovación de equipos y formación y retención de académicos que debe formar parte de este contrato entre la Universidad y la sociedad, con criterios de evaluación a 3 ó 5 años.

En segundo lugar, pensamos que un camino adecuado adicional son los convenios de desempeño que postula el Proyecto Mecesup. Pero en este caso es indispensable levantar la restricción que afecta a la Universidad de Chile al limitarla a obtener un máximo de un 18% de los fondos concursables, ya que ello no reconoce las diferencias existentes entre distintas instituciones ni promueve una abierta competencia, como dicho esquema lo requiere.

Un tercer instrumento es la introducción de convenios de desempeño en el plano interno y en relación a las transformaciones de activos por parte de la Institución, dirigiéndose tales recursos a invertir en instalaciones y programas académicos. Esto resulta fundamental como instrumento de mejor uso de los recursos públicos, y requiere respaldo por parte del Estado convirtiéndose en un respaldo a las iniciativas que el Ministerio de Educación propicia. Asimismo, pensamos que la instauración de alianzas estratégicas con otras universidades del Estado, en programas predefinidos y de impacto nacional, constituyen otra prioridad que debe estimularse por medio de convenios de desempeño que garanticen la calidad académica y trascendencia de los programas. El apoyo financiero del Estado y la instauración de mecanismos de evaluación ex post, es otro de los instrumentos que pueden permitir la modernización de la política de financiamiento universitario. Por último, creemos que un programa de este tipo debe dar paso a un apoyo a los instrumentos de solidaridad y de ayuda al estudiante, lo cual se convierte en el factor más crucial para que la Universidad de Chile mantenga su diversidad y pueda construir un sistema más justo y solidario en el desempeño de su tarea formativa.

La administración de la Universidad de Chile se compromete a ordenar las finanzas corporativas y a introducir criterios de racionalidad indispensables para el buen manejo de los recursos públicos. En dicho contexto, se compromete a una política de reconversión de activos exclusivamente para potenciar su desarrollo académico, profundamente resentido por la situación financiera deteriorada de los últimos años. Junto con los recursos incrementales del Estado -tanto en función de su apoyo al financiamiento de estudiantes como en cuanto al marco del nuevo contrato social y el apoyo a los convenios de desempeño- esperamos recuperar la confianza de los académicos en la carrera universitaria, y a reencantar a nuestra comunidad con la misión institucional orientada al servicio público. De otro modo, será difícil recuperar y comprometer la contribución que históricamente ha tenido la Universidad con el país. Baste recordar que el endeudamiento de la Universidad alcanza a cerca de $23.500 millones anuales, la existencia de un déficit persistente tanto en sus operaciones como en infraestructura, la presencia de una tendencia negativa en la retención de académicos resultante de las bajas remuneraciones, y el resultado en términos de un gran desencanto de la comunidad funcionaria y académica, además de los conflictos que esta situación acarrea y que inmoviliza a la Institución para emprender cambios significativos. En estas condiciones es inevitable que la Universidad de Chile extrovierta frustración y conflicto, introduciendo un factor de inestabilidad en todo el sistema.

Responsabilidad en el uso de recursos, atención por los resultados, pertinencia, calidad y acreditación, costo-efectividad, equidad, coherencia con los planes globales de la autoridad educacional son, entre otros, elementos que incorpora nuestra propuesta para discutir los temas financieros. No deseamos abordar esta materia con criterio de corto plazo, ya que pensamos que nuestra Universidad, en su carácter de Universidad nacional y primera, debe anteponer los criterios de desarrollo de largo plazo para un sistema que funciona con evidentes imperfecciones y es causa de insatisfacción a nivel nacional. Estamos disponibles para seguir trabajando sobre estos aspectos en materias específicas, en el convencimiento de que estamos tratando con elementos de decisiva importancia para el país, sus objetivos y el futuro de la juventud chilena. En lo concreto, queremos discutir una agenda específica para implementar estos cambios.

Señor Ministro, quiero agradecerle nuevamente su presencia en el Consejo Universitario. He hecho algunos planteamientos de orden general sobre las propuestas de Gobierno, y también algunas de orden más específico con relación a la Universidad de Chile y a su problemática financiera. He abordado ambos temas en la forma que corresponde a esta Universidad por su historia, su misión institucional y su carácter de Universidad nacional, profundamente ligada a los temas de país tratando de que nuestras críticas a los proyectos de Gobierno sean constructivas y respondan a una visión del sistema universitario y educacional en el conjunto, y de que nuestras propuestas sobre financiamiento sean acordes con los marcos globales que inspiran la política educacional, pero con una visión del proyecto de país y de Universidad que debe construirse.

Por último, señor Ministro, nuestro deseo de que este diálogo continúe y que juntos podamos iniciar un cambio indispensable en el sistema universitario, para que nuestro país progrese en la seguridad de que contará con la base profesional de calidad, además de la creación e investigación adecuada a los ánimos de desarrollo que todos compartimos. La Universidad de Chile desea seguir siendo la referente del sistema, no sólo en términos de la calidad del trabajo académico, sino también en el contexto del más apropiado uso de los recursos públicos y en la introducción de criterios de evaluación de resultados que tanto se necesita para mejorar la efectividad, calidad y equidad del sistema universitario chileno.

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