DECLARACION PÚBLICA
En el marco de la propuesta de reforma al sistema de educación superior presentada por el gobierno de Chile, los decanos, decanas y directora de Instituto abajo firmantes invitamos a las comunidades universitarias y, más ampliamente, a la ciudadanía toda a hacerse parte de un debate serio, crítico y propositivo que, fundado en las necesidades del país, restituya el rol del Estado y sus instituciones en el desarrollo de una educación superior de vocación pública.
Reconocemos los avances que, en materia de regulación de un sistema mercantilizado que ha operado durante más de treinta años, representa la propuesta gubernamental. Valoramos el esfuerzo por recoger las demandas de equidad que han inspirado la crítica ciudadana y de las comunidades universitarias durante los últimos años, en el marco del cuestionamiento radical a un sistema basado en la competencia y en la privatización de derechos de naturaleza pública. Un sistema instaurado en el contexto de un gobierno ilegítimo y que ha definido una lógica neoliberal que trata a la educación superior como un bien de consumo.
Sin embargo, observamos con franca preocupación que tales avances no se enmarquen en una política de Estado que transforme sustancialmente las condiciones vigentes. La reforma propuesta sólo representa, en su estado actual, una mejora regulatoria, pero no una verdadera transformación política que sitúe la formación profesional, técnica, la investigación y la extensión universitaria como pilares del desarrollo y la democracia de nuestro país, en estrecho vínculo con las realidades regionales y con perspectiva nacional.
Apelamos a una reforma de alcance nacional que restituya la condición pública de los derechos de educación superior garantizados por el Estado y sus instituciones, diferenciándolas de aquellas que desarrollan sus propuestas formativas en el contexto de sus iniciativas empresariales.
Consideramos que el subsidio a la demanda, a través de las lógicas de gratuidad que definen esta propuesta, consolida un modelo más que avanzar en su necesaria transformación. Chile requiere un sistema de educación superior que sea verdaderamente un modelo paradigmático de desarrollo democráticamente articulado, el cual no puede sustentarse, de manera exclusiva, en mecanismos regulatorios o en el subsidio a expectativas individuales. Más aun, este debe sustentarse en definiciones sobre la calidad, la pertinencia y las dinámicas institucionales de comunidades participativas, sujetas a principios democráticos y a un financiamiento que valorice lo público por sobre lo privado.
Nos anima el deber de decir con franqueza que la actual reforma no reforma lo esencial del modelo neoliberal de educación superior vigente. Por qué:
1. Porque mantiene la indiferenciación de lo público y lo privado respecto a instituciones de naturaleza diversa, que la propuesta tiende a hermanar, sobre la base de un subsidio a la demanda –vía gratuidad- y una regulación necesaria pero insuficiente.
2. Porque no define una política cuyo alcance nacional debería establecer como primer punto el rol diferencial de las instituciones del Estado, restituyendo el sentido de lo público y de sus recursos asociados a un sistema mercantilizado por más de treinta años.
3. Porque no se basa, como una verdadera reforma, en una definición política y cultural de lo que se entiende por educación superior y sus exigencias a partir de un análisis detenido sobre lo que el sistema debería aportar al país, a la sociedad, a la ciudadanía, más allá de sus “beneficiarios” individuales –clientes- y/o institucionales.
4. Porque deja entrever un riesgo mayor, éticamente cuestionable, que desconoce –sin sanción ninguna- que muchas instituciones han acumulado capital, patrimonio, reconocimiento, sin regulación durante treinta años, con el agravante que varias de ellas se encuentran comprometidas judicialmente. Es importante destacar que la propuesta actual de la reforma vendría a consolidar el “lucro” de las instituciones privadas, el cual quedaría regulado al momento de ser aprobado el proyecto en su formulación actual, en un escenario mercantil del todo favorable para ellas y desfavorable para otras, de naturaleza estatal.
No desconocemos la buena voluntad que, aparentemente, inspira estas propuestas. Muchos de los elementos que menciona deberían ser parte de una reforma verdadera como lo son la acreditación obligatoria, prohibición del lucro, exigencias de participación democrática, eliminación de la gestión empresarial si se postula a recibir recursos del Estado. Pero sin las condiciones de base que hemos expuesto, caeríamos en la trampa de intentar una reforma que no transforma lo esencial del modelo neoliberal vigente.
Convocamos a un debate ciudadano y universitario para que la reforma no sea la consolidación de un modelo que subsidia las ganancias privadas a costa de los derechos sociales. Las universidades estatales tienen la libertad de decirle a su dueño, el Estado, que está actuando sin un análisis serio de los efectos de las políticas que propone.
María Eugenia Góngora
Decana Facultad de Filosofa y Humanidades
Clara Luz Cárdenas
Decana Facultad de Artes
Víctor Cifuentes
Decano Facultad de Ciencias
Roberto Aceituno
Decano Facultad de Ciencias Sociales
María Olivia Mönckeberg
Directora Instituto de la Comunicación e Imagen.
Santiago, 13 de Agosto 2015