Columna de Opinión del Senador Daniel Burgos:

"Administración Universitaria... Se hace inminente un cambio en las Universidades del Estado para igualar condiciones"

La gestión y administración universitaria poseen un grado particular de complejidad, en consideración a la multiplicidad de actores que participan de la toma de decisiones en este tipo de instituciones, lo que se exacerba en una universidad estatal "compleja" en Chile (ejemplo claro es nuestra Universidad de Chile).

Asumiendo la complejidad en la función misma de una casa de estudios superiores, es difícil pretender que exista competencia entre universidades estatales y no estatales, cuando las primeras deben obligadamente convivir con trabas permanentes. La adscripción al Sistema de Compras Públicas, los preceptos establecidos en la ley de transparencia y de procedimiento administrativo, y los rigurosos controles de la Contraloría General de la República (además de los organismos internos de control y las auditorías externas), son un claro ejemplo de aquello para el caso de las instituciones pertenecientes al Estado de Chile. En tanto las otras organizaciones, actúan con la libertad que entrega una persona jurídica privada en este orden de asuntos.

Lo expuesto en el párrafo anterior no solo genera la necesidad de mayor burocracia administrativa (que sin duda es necesaria en el escenario indicado, pero que podría estar destinada a otras importantes funciones de apoyo), sino que también provocan un retraso importante en los tiempos institucionales de las universidades del Estado.

Como muchas veces lo he expresado, a diferencia de cualquier otra repartición pública que presta un servicio monopólico con un flujo presupuestario predecible, financiadas en su mayoría por el presupuesto público y que principalmente adquirieren bienes y servicios de baja complejidad, las universidades del Estado compiten día a día en desigualdad de condiciones con todo el sistema privado de educación superior. Además su presupuesto depende muchas veces del flujo en el pago de aranceles, en un contexto de alto auto-financiamiento, adquiriendo sus insumos (algunos de ellos de altísima especificidad para el desarrollo de las artes, las ciencias, las humanidades y las técnicas) en tiempos más prolongados y a precios muchísimo más altos que sus pares competidores. Todo lo demás se extrema, cuando consideramos los organismos contralores que poseen las instituciones públicas, así como el deber de informar, lo que muchas veces es utilizado por otras instituciones para "hacerse" de datos que en otras circunstancias serían considerados estratégicos, no existiendo bi-direccionalidad en la exigencia de publicidad de ellos.

Es por lo tanto necesario que exista un trato justo en la gestión y administración universitaria que vele por la igualdad de condiciones, y que permita tener un sistema donde ninguno tenga un handicap tan evidente como el actual. Por lo demás, considerando la naturaleza de la función universitaria, aquellos que evalúan las instituciones en prestigiosos rankings nacionales e internacionales, no aplican un factor de corrección en virtud de las trabas y ataduras que se han relatado.

Lo expuesto no le hace bien a las universidades del Estado de Chile, al sistema universitario nacional y, por consiguiente, al país.

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