A fines de los años 60 Chile era un país en el que la desnutrición era un mal endémico que afectaba no sólo a miles de personas directamente, sino que también al conjunto de la sociedad a través de las enfermedades que acarreaba, y a sus efectos sobre la calidad de vida de las familias. Debido a ella existía una importante tasa de mortalidad infantil: de cada mil nacidos vivos, 200 morían antes de un año, y quienes sobrevivían con desnutrición lo hacían con efectos negativos a nivel físico e intelectual.
Para contrarrestar esta realidad durante la campaña presidencial de 1970 el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, incluyó entre sus 40 medidas la distribución de medio litro de leche para todos los menores de 15 años, y para aquellas mujeres que estuvieran embarazadas o amamantando: era la famosa medida 15.
Esta iniciativa estuvo a cargo del Dr. Giorgio Solimano, académico de la Escuela de Salud Pública (ESP) de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, entonces un joven pediatra en la Casa de Bello que había participado en la elaboración del Programa de Salud del candidato Allende, quien asumió el desafío de distribuir la leche en todo el país. Su alcance fue claro: si en 1970 habían recibido leche gratis 650 mil personas, la mayoría niños, en 1973 los beneficiados fueron 3 millones 600 mil personas, distribuyéndose 49 millones de litros de leche.
“Los programas de alimentación complementaria son muy antiguos, hay antecedentes de que en 1925 aparecieron las primeras iniciativas de distribución de leche y alimentos para la población infantil. El programa de “Medio Litro de Leche” se inserta en ese contexto”, recordó el profesor Solimano.
En sus palabras, la medida permitió “combatir la mala alimentación que producía graves niveles de desnutrición, afectando el crecimiento y el aprendizaje de los niños. Es por eso que se decidió incluirla en las 40 medidas”. Como botón de muestra de su impacto en la mejoría de la salud infantil, se cita que mientras en enero de 1971 el 60 por ciento de los menores de dos años internados en el Hospital Roberto del Río presentaba algún grado de desnutrición, en junio tras el inicio del programa la cifra se había reducido al 12 por ciento entre los lactantes.
Se escogió la leche entre distintos alimentos, porque su consumo es un hábito establecido en la población, y porque en esa época no existían la variedad de productos de alimentos no lácteos que desde los 80 se han difundido en distintos programas de alimentación.
“Definimos que se le daría el equivalente a medio litro de leche entera reconstituida a los menores de 15 años, a mujeres embarazadas y alas que estuvieran amamantando a sus bebés” explicó el profesor Solimano, determinándose que los menores de 7 años la recibirían a través de los consultorios de atención primara del Sistema Nacional de Salud (SNS), mientras que los escolares hasta 15 años lo harían mediante la JUNAEB y las embarazadas y nodrizas la recibirían desde el SNS.
Otra característica de este programa era que desde un primer minuto se entendió como un beneficio universal, sin realizar distinción social entre quienes podrían acceder al medio litro de leche. “Esta decisión se tomó debido a los principios que levantó el gobierno de la época, y existen estudios que alcanzamos a realizar antes del Golpe de Estado que era un programa apreciado y valorado por los beneficiarios. Un 70 por ciento de la población reconocía el aporte que se hacía a la salud infantil”, afirmó el académico.
Post Golpe: Represión y alcance internacional
A pesar de ser una política emblemática del gobierno, tras el Golpe las nuevas autoridades militares no cancelaron el programa sino que continuó a escala nacional.
“Creo que esta decisión tiene que ver con que hubo expertos del ámbito académico en salud que asumieron responsabilidades de gobierno en la dictadura y permitieron que continuara el programa. Un punto en el que se avanzó fue algo en que nosotros veníamos trabajando pero de manera aún precaria: diversificar la distribución con otros alimentos no necesariamente lácteos, un avance que llega hasta los programas actuales en salud y educación”, aseguró Solimano.
Sin embargo, los profesionales responsables de la iniciativa corrieron peor suerte que el programa en sí. “Yo y otros colegas fuimos presos políticos, yo pasé por Tejas Verdes y fui torturado, y un grupo de médicos y profesionales de la salud fuimos recluidos en la “cárcel de los médicos” en calle Agustinas, a cargo de la fiscalía de la FACH”, recordó el académico.
“La pregunta central era dónde estaban los depósitos de alimentos para los hospitales clandestinos que se preparaban para la guerra civil. Como no habían tales depósitos ni hospitales clandestinos ni preparación para una guerra civil, era imposible contestar”, remarcó.
Tras el Golpe Militar y mientras Solimano estaba en el exilio, la iniciativa tuvo repercusión continental, generando interés en países como Perú, Panamá y Argentina, entre otros. “Pude trabajar en lugares como la Oficina Sanitaria Panamericana y UNICEF, y fui contratado porque estos gobiernos querían conocer nuestra experiencia para implementaran programas similares para enfrentar los problemas nutricionales y de salud que ellos tenían”.
Consultado sobre la actualidad, el profesor Solimano aseguró que el país enfrenta problemas nutricionales de diferente naturaleza, y que incluso son más difíciles de enfrentar y resolver: el sobrepeso y la obesidad.
“Digo esto porque a diferencia de la desnutrición, ambos tienen aspectos conductuales y culturales más complicados. Sobrealimentarse tiene un valor para algunos: uno se reúne comer, y es un motivo central de la socialización”, explicó Solimano, quien agregó que el tipo de alimento que se consume no son nutricionalmente adecuados por son más baratos, por lo tanto son más accesibles: “Estas comidas producen saciedad, y si la desnutrición mataba o dañaba, ahora esto es tanto o más dañino porque afecta tanto en la infancia como en edades avanzadas”, concluyó el académico.