La fecha 26 de Abril, desde el año 2008, en varios países se reivindica como el Día de la Visibilidad Lésbica. Nace como una forma de reclamar un espacio público para las mujeres lesbianas y una forma de combatir las expresiones diversas de lesbofobia que persisten en las diferentes sociedades. Sin embargo, este día no sólo debe reinvidicarse como un espacio de visibilidad de un colectivo social que, muchas veces, es situado en un espacio de dominación y control social, sino también como una exigencia hacia el Estado para que puedan gozar de derechos comunes al resto de la ciudadanía y no ser ubicadas en espacios de subalternidad.
En diferentes países, los movimientos LGTBI han conseguido avanzar en la consecución de algunos derechos de este colectivo, como puede ser el derecho a matrimonio igualitario, la adopción de hijos/as y la inclusión en sistemas de inseminación artificial, entre otros. Esto puede posicionar una cierta idea de “falsa igualdad” cuando se siguen viviendo situaciones de desigualdad, discriminación y violencia. En Chile, el camino ha sido más pedregoso. Si bien se aprobaron dos leyes que sirven como marco de apertura hacia un cambio social esperado –la ley de Acuerdo de Unión Civil y la ley Antidiscriminación; emergen sólo como luz en una punta de un iceberg, quedando bajo el agua, las múltiples violencias que viven cotidianamente las personas lesbianas.
En la investigación Fondecyt que hemos llevado a cabo, vemos como en nuestro país no está garantizado el reconocimiento al acceso a derechos sexuales de este colectivo y en la práctica van viviendo diferentes violencias lesbofóbicas: desde aquellas más directas como fue la grave agresión sufrida por Carolina Torres hace unos meses, hasta aquellas más sútiles, del día a día, que pasan a veces desapercibidas y que se basan en prejuicios y estereotipos (como la broma lesbofóbica, el insulto callejero, la discriminación velada, entre otras). Pero estos prejuicios y violencias también, muchas veces, emergen en el trato directo de funcionarios/as públicos, en diferentes ámbitos como los policiales, de la salud, espacios educativos, laborales, municipales, entre otros. Pese a tener una ley antidiscriminación, se destaca constantemente una inexistencia de una política pública efectiva que garantice un trato igualitario independiente de la orientación sexual.
En las entrevistas y grupos de discusión llevados a cabo en esta investigación, se denuncian constantemente no sólo las violencias directas que pueden experimentar en su tránsito por servicios públicos, sino también, por ejemplo, la paralización y el “no saber qué hacer” de funcionarios/as cuando se enuncia la orientación sexual; que todavía en algunos/as profesionales se les considere bajo la idea de “confusión” sexual y un estatus transitorio que con el tiempo pasará; un constante desconocimiento de las prácticas sexuales, destacando cómo incluso desde dispositivos médicos, se les ha señalado en ocasiones que al ser lesbianas les aleja del riesgo de ITS, o bien, pueden ser tratadas desde el primer contacto, como mujeres heterosexuales dándolo por supuesto. Esto a la larga, va generando desconfianza y alejamiento de las instituciones y de los saberes que transitan en los diferentes dispositivos públicos.
De los resultados de la investigación, llevada a cabo en diferentes centros urbanos de Chile, emerge como necesidad urgente, una educación afectivo-sexual que se sitúe desde una mirada integral y feminista, que cuestione el sistema sexo-generizado para posibilitar una sociedad más abierta y reconocedora de todas las experiencias de vida, de las diferentes prácticas, deseos, maneras de ser y hacer, evitando dar por supuesto en las relaciones cotidianas y en las formas de articulación de las políticas públicas, la heterosexualidad de las personas.
En ese sentido, el país requiere dar un giro sociocultural y dar garantías sociales, desde unas políticas públicas que no estén planteadas desde un enfoque heteronormado. Se requieren acciones que generen un cambio cultural respecto de un sistema sexo-generizado y patriarcal que funciona por defecto y que tiene su expresión directa, muchas veces, en el mal trato que reciben algunas personas lesbianas en diferentes espacios públicos. Pero además cabe considerar también, desde una mirada interseccional, que las mujeres lesbianas no son un colectivo homogéneo, sino que viven diferentes situaciones de opresión también considerando otras desigualdades derivadas de la posición de clase, el color de piel, la etnia, el origen nacional, la edad…lo que incide en las formas que adquieren sus trayectorias de vida. Cuestionar al sistema sexo-generizado es importante para evitar situar la problemática de violencia lesbofóbica sólo a nivel interpersonal y como un conficto identitario entre sujetos individuales, invisibilizando en ello, las desigualdades que operan desde los contextos sociales y estructurales que provocan la vulnerabilidad que viven algunas mujeres lesbianas.