Desde el inicio del estallido social se han conocido numerosos casos de atentados a la libertad de expresión, tanto en el trabajo realizado por comunicadores de medios e independientes como en las publicaciones de personas particulares. Esta situación fue alertada preliminarmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 11 de noviembre en Quito, durante la audiencia pública sobre Chile que abrió el organismo, a través de un informe elaborado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos.
El trabajo, impulsado por académicas de la Universidad de Chile e investigadores de otras instituciones, continuó recopilando antecedentes sobre vulneraciones al derecho a la libertad de expresión y agresiones contra comunicadores/as, periodistas, fotógrafos/as, fotoreporteros/as y particulares, tanto en manifestaciones como en internet. Esta labor generó un informe ampliado sobre este tipo de casos ocurridos entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, estudio que este martes 21 de enero fue presentado por la Universidad de Chile en la Casa Central de este plantel.
El informe da cuenta de vulneraciones a la libertad de expresión referidas a obstrucciones en el acceso a la información pública; bloqueo de cuentas en redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube; presiones sobre medios de comunicación; cuestionamiento de profesionales y audiencias al tratamiento informativo de los medios de alcance nacional; amenazas a periodistas, comunicadores y medios de comunicación, entre otras vulneraciones en el ámbito online y offline.
En la elaboración de este documento se registraron 138 casos que van desde ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas, profesionales apartados de sus funciones, conferencias de prensa sin derecho a preguntas, ausencia de publicación de decretos de toque de queda, filtrado automático y bloqueo de cuentas en redes sociales, además de seguimientos a comunicadores por parte de servicios de inteligencia, entre otros casos. Del total, 90 casos de lesiones fueron por armamento disuasorio (balín, perdigón lacrimógenas), junto con un caso de trauma ocular, 21 denuncias de golpizas y hostigamientos, 19 detenciones y 2 casos de mujeres periodistas obligadas a desnudarse en comisaría.
Censura en línea
Durante los días 18 al 22 de noviembre, la Fundación Datos Protegidos registró también cerca de 283 casos vinculados a baja de cuentas y bloqueo de acciones en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Los datos recopilados mostraron que la mayor cantidad de incidentes se produjeron en Instagram, con un 65,72% de las denuncias; seguido de Facebook, con un 23,32%; Twitter con un 21,2 y Youtube, con un 1,7%.
El contenido censurado corresponde en gran parte a publicaciones que daban cuenta de imágenes, videos y registros audiovisuales sobre las diversas situaciones de vulneración y violación a los derechos humanos durante el estado de emergencia. Uno de los casos más polémicos en noviembre ocurrió con la publicación de la cantante Mon Laferte en día que asistió a los premios Grammy Latino, donde realizó una performance con exhibición de un desnudo de su torso con un mensaje de denuncia de lo ocurrido en Chile.
Cabe destacar que parte importante de las cuentas afectadas habían subido este contenido para amplificar la difusión y realizar denuncias públicas vía redes sociales de lo que estaba ocurriendo en diversas ciudades de Chile bajo el toque de queda. La baja de este material implica la pérdida de estos registros para su futura visualización y para sus diversos usos públicos a modo de evidencia, registro, testimonio y memoria de los acontecimientos ocurridos relativos a violaciones de derechos humanos.
Al respecto, la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI) y directora de la Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña, plantea que “a este respecto la evaluación de responsabilidades es compleja, pues observamos la responsabilidad de agentes privados, en este caso las empresas prestadoras de servicios y sus algoritmos, como un factor a incluir en la ecuación final”. La investigadora agrega además que este trabajo es sólo una muestra de lo que ocurrió y sigue ocurriendo con la libertad de expresión en el país.
Antecedentes
Respecto al estado actual sobre el derecho a la libertad de expresión, Javier García, del Observatorio del Derecho a la Comunicación, hace referencia al informe sobre Chile que publicó en abril de 2017 la Relatoría de la libertad de expresión de la CIDH, producto de la visita oficial de Edison Lanza en 2016. Sobre dicho informe, señala que si bien en éste se reconocían avances notables en Chile desde el retorno a la democracia, también se alertaba de la persistencia de normativas y prácticas que podían entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado.
“El presente informe muestra que todo aquello alertado hace dos años respecto de vulneraciones en Chile al derecho de acceso a la información pública, el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación y el rol de los comunicadores en contextos de protesta social, lo hemos visto exacerbado estos días. El respeto a la libertad de expresión no se encuentra asegurado”, afirma García. Ante las evidencias registradas por este trabajo, comentó además que aún existen muchos casos que no se han denunciado, sobre todo en regiones, y enfatizó la necesidad de no normalizar la vulneración de derechos.
El lanzamiento del estudio contó también con la participación de la académica del ICEI y coinvestigadora del informe, Chiara Sáez, y el coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash.
El informe completo puedes revisarlo en el sitio de la Fundación Datos Protegidos o pinchando aquí. La línea de estudio sobre censura online mantiene además hasta la fecha una plataforma para denunciar situaciones de este tipo en https://es.surveymonkey.com/r/PN7VPKW