El 3 de septiembre de este año, el Ministerio de Desarrollo Social entregó los resultados de un informe elaborado respecto a los efectos sociales provocados por la pandemia en el país. Entre los principales hallazgos se encontró que el 19,4 por ciento de los hogares encuestados presentaban inseguridad alimentaria, representando un alza en comparación a los resultados que se obtuvo aplicando el mismo instrumento metodológico en la encuesta Casen de 2017, en donde el 13,1 por ciento de los hogares presentaban esta problemática.
Según datos del Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) contenidos en el informe SOFI 2020 para Chile, 2,9 millones de personas tenía algún tipo de inseguridad alimentaria (moderada o severa) y 700 mil padecía inseguridad alimentaria severa, sin considerar los efectos de la pandemia en el país.
La FAO establece que las personas tienen inseguridad alimentaria moderada cuando enfrentan incertidumbres respecto a su capacidad para obtener alimento o se ven obligadas a aceptar menor calidad o cantidad en los alimentos que consumen. Mientras que existe inseguridad alimentaria severa en las personas cuando se quedan sin alimento y pueden llegar incluso a pasar un día, o varios sin comer.
La seguridad alimentaria es un concepto que nació en la década de 1960 para definir la disponibilidad de comida que había a nivel planetario para mantener a toda la población y de esta forma, acabar con el hambre. En los últimos años se ha desarrollado un abordaje más complejo del concepto: para que exista seguridad alimentaria hay que tener en cuenta la disponibilidad de alimentación saludable y nutritiva, el acceso físico, social y económico a ellos, que estos sean utilizados y que todo lo anterior sea estable y sostenible en el tiempo; aspectos que se han visto trastocados –entre otros factores- por la pandemia.
Inseguridad alimentaria en Chile
El impacto al mercado laboral y con ello la disminución de ingresos en el 59,4 por ciento de los hogares del país, según la Encuesta Social Covid-19 del Ministerio de Desarrollo Social, ha sido una de las limitantes del acceso a alimentación saludable. Por una parte, el hecho de que ciertos territorios se encuentren en cuarentena ha afectado a los canales de distribución. Por otro lado, algunas comunas decidieron mientras estaban en cuarentena suspender temporalmente la realización de ferias libres para evitar el contagio por Covid-19. Lo Espejo, Puente Alto, Recoleta, Quinta Normal, Cerro Navia, son algunas de las que tomaron esta medida, disminuyendo la oferta de alimentación saludable a precios accesibles.
Para el académico del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, Dr. Daniel Egaña, es importante discutir estrategias en miras a no empeorar la inseguridad alimentaria en el país. Desde una perspectiva política, señala que es importante que se garantice un acceso económico y físico a una alimentación saludable en todo el territorio nacional: “Una cosa es que haya frutas y verduras en Santiago, pero otra es que también haya en regiones extremas con precios razonables para que la gente, por ejemplo, de Magallanes, pueda alimentarse de forma saludable”.
Según señala la académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Dra. Lorena Rodríguez, para resolver las problemáticas de la inseguridad alimentaria hay propuestas a corto y largo plazo. Entre las primeras y que tienen directa relación con la pandemia, señala que es importante reforzar el programa de alimentación complementaria con la finalidad de apoyar en la entrega de complementos para la alimentación familiar y en especial énfasis hacia adultos mayores, mujeres embarazadas e infantes hasta los seis años; y en segundo lugar, reforzando el programa de alimentación escolar dependiente de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), acercando estos recursos a quienes han visto suspendido su derecho durante la pandemia. “Tenemos estas dos grandes políticas que fortalecidas pueden constituir un elemento fundamental para garantizar el derecho a la alimentación”, indicó la Dra. Rodríguez.
A largo plazo, la académica señala que es importante que el proceso constituyente considere a la seguridad alimentaria dentro de su redacción. “Pensando en futuras crisis sería importante que la nueva constitución tuviera establecido el derecho a la alimentación adecuada que sirviera como marco para el desarrollo de leyes, políticas públicas y nuevos programas como estrategias al futuro, y que entre sus principales características considerara la alimentación saludable, nutritiva, cultural y geográfica pertinente y con perspectiva de género”.
Seguridad alimentaria en la comunidad universitaria
Desde el ámbito universitario, académicos de la Universidad de Chile están desarrollando una investigación que busca conocer cómo ha afectado la pandemia a la inseguridad alimentaria de los estudiantes y sus hogares, considerando todos los aspectos que se ha conocido a nivel nacional. En este sentido, el Dr. Egaña mencionó que “gran parte de la alimentación de los estudiantes universitarios se desarrolla en un espacio institucional (casino de las unidades académicas) que cuentan con una alimentación nutricional correcta en general, y puede que en sus hogares esa alimentación haya cambiado, esos son datos que no sabemos”.
Esta encuesta busca conocer información de los estudiantes tanto antes de la pandemia como durante, es por eso se consulta sobre alimentación saludable y aspectos nutricionales, además de caracterizar de manera socioeconómica a quienes participen. La encuesta está disponible para su aplicación está en curso a través de la plataforma U-campus en la sección “servicios generales”, y estará disponible hasta el 30 de septiembre.