A pesar de lo que muchos pueden haber imaginado, el fenómeno de los micro campamentos se mantuvo presente en nuestro país, a pesar de las fuertes campañas y programas desarrollados por el Estado durante la década de los 90 y 2000, que destacaron por el alto número de viviendas sociales construidas.
Después del año 2011, el déficit habitacional cuantitativo “reporta un alza producto de varios procesos cruzados, pero que en lo fundamental responden a un divorcio creciente de los precios de las viviendas y los salarios, que se combinó en ciudades mayores con cambios de la estructura de oferta privada que se concentró en departamentos para arriendo residencial”, explicó Camilo Arriagada, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la U. de Chile, contabilizándose actualmente 1220 campamentos en el país.
El académico enfatizó que esta concentración de la oferta habitacional pasó desde personas naturales a grandes capitales inmobiliarios que ofertaban torres que se vendían, desde su diseño, en un 100 por ciento para arriendo. Esto se combinó con un aumento sostenido de las personas allegadas en viviendas que tenían la ventaja de tener redes familiares, pero que presentaban problemas de habitabilidad.
Una de las consecuencias de esta situación fue “la explosión del negocio del subarriendo para los sectores de menor ingreso en múltiples formas: piezas en conventillos y cités, casonas e incluso suelos industriales, y piezas compartidas en departamentos”, aseguró Arriagada, quien destacó que según varios estudios los residentes de campamentos provenían de situaciones de arriendo que no podían seguir financiando, afectados además por mercados informales y sub arriendo bajo dinámicas abusivas que afectaron también a muchos migrantes.
En la misma línea, la profesora Yasna Contreras, académica del Departamento de Geografía de la FAU, explicó que el déficit habitacional en Chile se encumbra a casi 500 mil viviendas, y que entre las razones detrás del aumento de los campamentos se encuentran “las limitaciones y restricciones que imponen los subsidios habitacionales, especialmente a los grupos de menores ingresos, y a los procesos de especulación que imperan en este país. Todos están negociando con lo que sea: con una pieza, una bodega, una casa, con el valor de un departamento. Y también a las limitaciones del propio Estado en capturar terrenos para la producción de viviendas de interés social”.
El factor que hizo explotar la crisis fue la pandemia, que generó una serie de desalojos de arrendatarios o subarrendatarios que no podían seguir pagando debido a la cesantía. En este escenario, el hacinamiento se instaló como un factor de riesgo de contagio, por lo que el allegamiento, que había contenido el déficit habitacional, se hizo menos sostenible ante las largas cuarentenas.
Consultado sobre la meta del gobierno de conseguir el cierre de 100 campamentos al año, el profesor Arriagada recordó que los altos números en la construcción de viviendas sociales de los 90 se lograron bajo un esquema de ejecución directa del SERVIU que hoy no existe, y que el programa “Chile Barrio” enfrentó la existencia de estos asentamientos con una tasa de alrededor de 100 campamentos al año, tras 2 o 3 años de trabajo en los 972 campamentos catastrados en ese momento.
“Atender la situación de los campamentos es posible, pero se tienen que cumplir varias condiciones que hay que evaluar en sus tiempos y esquemas de implementación. Mientras tanto, debe existir una capacidad de oferta de vivienda de emergencia transitoria y organizada que haga factible un proceso de estas características, de forma similar al tratamiento de zonas con catástrofe natural como el 27 F, ya que la ejecución de proyectos no es inmediata”, remarcó el académico, quien cree que debe priorizarse la situación de familias con hijos, muchas a cargo de mujeres, sin importar que sean chilenos o inmigrantes, y en situación de campamento versus hogares unipersonales de adultos, lo que sería posible con la colaboración de municipios y fundaciones.
Junto con ello, resultaría central apuntar al mejoramiento de las viviendas en las que habitan personas en situación de allegamiento, miles de las cuales se ubicarían en zonas adyacentes al centro, muy afectadas por el COVID-19, por lo que es urgente descomprimir la situación y así evitar el surgimiento de nuevos campamentos.
“En Renca vimos lo peor de nosotros”
No cabe duda de que las imágenes del desalojo del campamento en las faldas del cerro Renca fueron las que pusieron nuevamente sobre el tapete la crisis habitacional que se vive en nuestro país, disimulada por las restricciones impuestas por la pandemia.
Al respecto, la profesora Contreras aseguró que las familias que se encontraban en el lugar “se cansaron de que los racializaran, los violentaran. Muchos/as se fueron a una toma en Renca porque llevan años esperando su vivienda, porque les ofrecieron una casa donde el diablo perdió el poncho o porque les dijeron que no cumplían los requisitos del Registro Social de Hogares”.
La académica tuvo duras palabras para la cobertura de prensa de los hechos, acusando a Chilevisión de criminalizar a las personas involucradas. “Ojalá Julio César Rodríguez o Montserrat Álvarez hubieran llevado la lucha de algunos/as del campamento de Renca a una lectura política y territorial compleja: ¿A qué precio nos están arrendando y en qué condiciones? ¿Quiénes venden terreno? ¿Dónde viven los delincuentes que siguen abusando de familias vulnerables que no saben dónde vivir? Ojalá los dos periodistas se cuestionaran dónde van a vivir quiénes fueron brutamente desalojados de ese campamento. El problema no se acabará ni contando la cifra exacta de personas que viven en campamentos, ni llevándolos a barrios transitorios, ni comprándoles votos, porque ojo, la cosa se agravará más en contexto de pandemia y eleccionario”.
En este sentido, hizo un llamado a dejar de culpar a los migrantes por el aumento del número de campamentos, y aseguró que en ellos habitan tanto personas que nacieron y se movieron dentro de Chile, como también otras provenientes de Latinoamérica, y que por azar o necesidad llegaron al país.
“En los campamentos habitan muchas mujeres jefas de hogar, solas, aguerridas, luchadoras, que no pueden pagar arriendos abusivos ¿creen que ellas están felices? Muchas quieren elegir donde vivir. No quieren que los curas les digan que habiten un barrio transitorio”, remarcó la profesora de FAU.
Finalmente, la académica recordó que muchos sectores de Renca tuvieron su origen en tomas de terrenos, y que muchos de los vecinos son hijos de gente que fue protagonista de esos procesos y que con esfuerzo, y sin la especulación del precio del suelo y del valor del inmueble, construyeron su casa. “Esto es complejo de entender, porque cada uno de nosotros se siente superior al otro. Cada uno culpa a los migrantes. Como si tú, yo no fuéramos sujetos que se mueven por diferentes razones”, finalizó.