De acuerdo al informe "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo", dado a conocer en julio de 2020 por la Organización de las Naciones Unidas, la inseguridad alimentaria en Chile alcanzaba a 15,6 por ciento de la población antes de la pandemia y un 3,8 por ciento (700 mil personas) padecía inseguridad alimentaria severa. Esto significa que casi tres millones de personas en nuestro país no tienen acceso regular a alimentos suficientemente nutritivos.
La actual crisis sanitaria ha profundizado este fenómeno. La Encuesta Social COVID del Ministerio de Desarrollo Social de julio de 2020 mostró un preocupante aumento de esta cifra a un 19,4 por ciento. Este mismo estudio en noviembre 2020 muestra que 71 mil hogares en Chile sufren de inseguridad alimentaria severa. Por otra parte, la última Encuesta Nacional de Salud reveló que 74,2 por ciento de la población adulta en Chile tiene sobrepeso u obesidad, cifra que nos posiciona como el segundo país de la OCDE con mayor prevalencia de esta condición, apenas superado por México con un 75,2 por ciento.
Estos datos reflejan solo una parte del problema alimentario-nutricional que enfrenta nuestro país, fenómeno complejo que un equipo transdisciplinario de la Universidad de Chile busca abordar mediante la incorporación del Derecho a la Alimentación en la nueva Carta Magna. La propuesta incluye no sólo la reflexión sobre garantía del acceso a los alimentos, "también plantea la disponibilidad de alimentos saludables, inocuos y pertinentes a las culturas y producidos de manera sostenible, atendiendo tanto las necesidades del presente como las de generaciones futuras", sostiene Lorena Rodríguez, académica de la Escuela de Salud Pública que lidera esta iniciativa.
La propuesta surge del trabajo realizado por el Grupo Transdisciplinario de Obesidad de Poblaciones (GTOP), integrado por profesores y profesoras de distintas unidades académicas de la Universidad de Chile, quienes en el marco del proceso constituyente están impulsando la formación de un Núcleo Sobre el Derecho a la Alimentación. El proyecto busca convocar a la mayor cantidad de participantes de toda la Universidad para el debate y definición de una propuesta en esta materia, desde distintas disciplinas, saberes y experiencias. Para ser parte de ella, puedes completar el siguiente formulario o escribir a derechoalaalimentacion@uchile.cl.
Seguridad y soberanía alimentaria
El Derecho a la Alimentación, aunque se desprende de pactos internacionales a los que Chile adhiere, no aparece de manera explícita en la actual constitución, “hecho que nos parece indispensable subsanar, teniendo en cuenta el impacto de la alimentación en la salud, en el modelo de desarrollo país y en el bienestar de las personas y las comunidades, más aún con el impacto producido por la pandemia por COVID-19” plantean los investigadores firmantes de este núcleo en una carta abierta a la comunidad universitaria.
“El derecho a la alimentación no es solo decir que la gente tenga derecho a tener comida. La alimentación tiene que ver con un modelo de desarrollo del país”, afirma Gerardo Weisstaub, profesor del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA). El académico explica que este derecho plantea -por una parte- el tema de la seguridad alimentaria, relacionada con la accesibilidad de la población a alimentos saludables, inocuos y culturalmente pertinentes, y -por otra- el de la soberanía alimentaria que pone el foco en quienes son los proveedores de alimentos. Todos estos temas, agrega, están imbricados con el principio de subsidiariedad de la Constitución actual, en la que los alimentos están considerados como una mercancía más que puede ser regulada por la oferta y la demanda. “Esperamos que la incorporación de este derecho en la Constitución obligue al Estado a protegerlo de manera activa”, afirma.
Patricia Gálvez, profesora del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina, agrega que la consagración constitucional de la alimentación como derecho fundamental es el primer paso. “Después viene la generación de una ley marco para respaldar el respeto de este derecho, en la que se tendrán que amparar todos los programas e iniciativas que ayuden a la seguridad alimentaria. Hoy es necesario que este derecho esté en la Constitución para hacerlo ley. En este momento, solo tenemos una política de alimentación y nutrición que no está respaldada por una ley, por lo que solo se queda en bonitas intenciones”, señala.
El trabajo del núcleo, en esta línea, está enfocado en una mirada integral de la alimentación como derecho. “Nuestro objetivo es que a partir de una reflexión profunda, de la discusión y del consenso o disenso podamos desarrollar un documento con una propuesta concreta que incluya incluso uno o más artículos redactados, en el que se explique la definición e implicancias de este derecho”, detalla la profesora Rodríguez. No obstante, indica que el trabajo es a mediano y largo plazo, ya que parte en esta consagración constitucional y continúa con al menos una ley de alimentación y nutrición. Después de eso, “vienen muchos pasos más porque también las leyes necesitan un mecanismo de implementación a través de regulaciones, normativas, orientaciones o guías para poder implementar el derecho con todas las características que esperamos definir y que contribuya al desarrollo sostenible”.
Sostenibilidad alimentaria
Otro de los puntos importantes es abordar la sostenibilidad del sistema alimentario actual. De acuerdo a Gerardo Weisstaub, el sistema alimentario contribuye con el 20 a 30 por ciento del total de las emisiones de gases con efecto invernadero. “No tenemos recursos naturales para vivir con este modelo de desarrollo extractivista y de consumo que hemos generado. Es muy difícil pensar en un mundo sostenible a largo plazo”, sentencia.
Hoy vemos el desarrollo de una “sindemia”, plantea el investigador del INTA, una sinergia de epidemias que se presentan de manera simultánea (obesidad, desnutrición y cambio climático), que interaccionan entre sí y que comparten conductores comunes como los determinantes sociales. Por esta razón, es necesario incorporar en el debate la sustentabilidad y la sostenibilidad asociada a la seguridad y soberanía alimentaria del país, desde la producción, hasta la distribución y el consumo. “Este derecho a la alimentación se imbrica con una mirada de salud planetaria a largo plazo. Tenemos que tener un sistema sanitario y alimentario que pueda convivir con los ecosistemas”, plantea el investigador del INTA.