El pasado 13 de octubre, el Ministerio de Minería sorprendió con el llamado a licitación de 400 mil toneladas de litio metálico, que se resolverá en enero del 2022. Se trata de Contratos Especiales de Operación con empresas privadas nacionales o extranjeras hasta el año 2050 para vender el litio como materia prima, en forma de carbonato de litio o hidróxido de litio. El objetivo sería “incrementar el desarrollo de la industria de litio en Chile, con el objeto de reforzar la participación estratégica de nuestro país en los mercados internacionales atendida una creciente demanda proyectada por esta sustancia mineral”.
Chile posee una de las mayores reservas de litio del mundo, y este mineral tiene un estatus jurídico similar a los hidrocarburos: por su importancia estratégica es una sustancia no-concesible. Actualmente, es explotado en el Salar de Atacama -donde está la mayor concentración de litio- por Albemarle y SQM. Estas dos empresas renovaron sus contratos con Corfo un par de años atrás, acordándose un pago de royalty de hasta el 40% de las ventas, aportes para la investigación y desarrollo por aproximadamente 12 millones de dólares al año, retribución económica a las comunidades locales, así como unas medidas precisas de fiscalización y monitoreo del salar. Sin embargo, aun así hay graves incumplimientos ambientales, y se sigue vendiendo como materia prima, sin agregar valor.
Como lo estableció la Comisión Nacional del Litio el año 2015, al reafirmar el carácter estratégico de este elemento, el litio adquiere valor para Chile cuando es considerado como un material estratégico para la transición energética. Venderlo como materia prima es un grave error, pues lo que se obtiene es muy poco: las exportaciones de 2019 representan solo unos 900 millones de dólares, la mitad de la exportación de vinos, 1.800 millones de dólares, y 35 veces menos que el cobre. La única forma en que el litio es económica y socialmente rentable para el país es tratarlo como un energético y subir en la cadena de valor: hacer elementos de baterías, cátodos, ánodos, pastas y, por qué no, también baterías. Eso no es una quimera, sino un emprendimiento que puede y debe desarrollar el Estado chileno en alianza estratégica con empresas interesadas en electromovilidad, tales como Tesla, General Motors, Nissan, BMW, entre otras. Estas empresas requieren un proveedor seguro, de largo plazo de litio, y podrían establecerse en nuestra región, no como un enclave, sino abiertas, como parte del ecosistema científico tecnológico del país. Eso potenciaría a emprendedores, Pymes, y aumentaría la complejidad de los productos del país, abriendo paso a un desarrollo soberano.
El llamado a licitación del gobierno nada de esto considera. Peor todavía, podría significar la destrucción de los salares, su biodiversidad y sus comunidades. El Salar de Atacama, cuyas cuotas de extracción contemplan más de 700 mil toneladas hasta el 2042, no resiste nuevos proyectos. Seguramente la licitación serán los restantes 60 salares, para los cuales, por la baja concentración de litio que poseen, 400 mil toneladas es una cifra muy alta para salares tan pequeños. Los salares son ecosistemas muy frágiles, y para cualquier intervención debe tenerse un modelo hidrogeológico, un estudio ambiental detallado y, por cierto, la opinión de las comunidades. Este llamado a licitación, más que “incrementar la industria del litio”, pareciera que su objetivo es dejar amarrados todos los salares con contratos de operación por 30 años más, obstaculizando así el trabajo de la Convención Constitucional, que muy probablemente establecerá un nuevo modelo de desarrollo para el país, en el cual el emprendimiento del Estado en el litio, con pleno respeto a las comunidades y al medio-ambiente, debería ser una palanca fundamental.