Este viernes 29 de octubre se llevó a cabo el seminario “La economía política del agua”, organizado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos en el marco de la conmemoración del 20° aniversario de la institución.
El encuentro contó con la participación de la académica del Doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, Verónica Delgado Schneider, el ex Delegado Presidencial para Recursos Hídricos , Reinaldo Ruiz Valdés y el investigador del Centro de Análisis en Políticas Públicas, César Morales Estupiñán.
En la charla se abordó la problemática de la crisis hídrica en Chile, desde sus causas, efectos como también se analizaron propuestas y acciones a seguir para enfrentar este fenómeno.
Crisis hídrica en Chile
En cuanto a la crisis hídrica a nivel mundial, el ex Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz Valdés, menciona que la mayoría de las cuencas hídricas y fuentes de agua están sobreexplotadas o al límite de sus capacidades y que según estudios internacionales, se estima que en 2050 el 45% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 52% de la población mundial se encontrará en riesgo.
“Acá hay un problema del agua que está vinculado con el modelo productivo y con el nivel de consumo. Nosotros hemos hecho algunas estimaciones de cómo el propio aumento de los ingresos de las familias y los sectores medios, va alterando la dieta alimentaria, lo que significa consumir más agua”, explicó.
Chile actualmente se ubica en el número 18 de 164 países con estrés hídrico. Existe un aumento en la demanda de agua en la agricultura, estructuras productivas altamente dependientes de este recurso, efectos del cambio climático que aumenta la vulnerabilidad del país, entre otras.
“Lo que estamos presenciando hoy día es un drama, una tragedia, una crisis (...). Las preguntas que tenemos que hacernos es si lo que estamos viviendo es un problema técnico o es un problema de la política. Probablemente vienen desde ambas esferas. Pero lo más importante es saber desde qué orden hay que empezar a abordar este problema”, dijo Ruiz.
De esta forma, propone que es necesario establecer que las aguas (terrestres y marítimas) son bienes plurinacionales de uso público y que en la Nueva Constitución se debe explicitar sin ambigüedades el dominio público de este recurso.
“Esto es muy importante que quede establecido en la constitución, este bien es un recurso finito entonces hay que asegurarlo para la actual y futuras generaciones. Su uso no puede ni debe estar definido por decisiones que se tomen fuera de la esfera del mercado”, afirmó.
Para la profesora del Doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, Verónica Delgado Schneider, “el derecho ha sido parte del problema y cuando hablo del derecho, hablo de la Constitución de 1980 y su hermano Código de Aguas de 1981”.
Además, agregó que “las normas de protección ambiental que deberían haber cubierto a las aguas, son muy limitadas, se establece un deber del Estado pero no de las empresas para tutelar la preservación de la naturaleza”.
Por ello, y ante el escenario de una nueva Constitución, señaló: “Hay que abrazar con el derecho ambiental a nuestra agua, reconocer lo valioso, consagrar un modelo de desarrollo hacia la sustentabilidad y consagrar un derecho más amplio y hablar de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente sano como otros 20 países del mundo”.
El investigador del Centro de Análisis en Políticas Públicas, Cesar Morales Estupiñán, presentó el estudio “Concentración de los derechos de aprovechamiento de aguas”, donde analizó el panorama nacional y regional de los Derechos de Aprovechamiento del Agua (DAA).
En este documento, se señalaron las principales solicitudes de DAA consuntivos donde el Fisco tiene alrededor del 19% mientras que el sector privado un 80%.
En cuanto a los titulares de DAA a nivel nacional, se centra principalmente en unidades productivas agrícolas, fisco, Endesa, hidroeléctricas, inmobiliarias e inversiones, Colbún, entre otros.
“Lo que tenemos ahora es una situación compleja, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), organismo técnico de la Universidad de Chile, ha calificado esta como la peor sequía en los últimos dos mil años. Eso va a ser peor todavía (...) por eso tenemos que ordenar, planificar y gestionar adecuadamente un recurso que tiene esas características”, explicó.
Asimismo, hizo énfasis en lo urgente que es acceder a este tipo de información para poder planificar y llevar a cabo políticas públicas. “Esa información debe ser fidedigna, con estándares preestablecidos, oportuna, veraz y de libre acceso”, sentenció.
Para el coordinador del Magíster en Ciencia Política en INAP, Antoine Maillet, quedan desafíos importantes por resolver: “Esto no va a ser fácil, hacer cambios en el tema del agua ha demostrado ser muy difícil (...) y eso que venimos desde hace décadas intentando modificar el código de agua, de movilizaciones importantes y levantamientos sociales por el agua”, aseguró.
En cuanto a una nueva constitución, el académico del INAP, aseguró que “el Estado va a tener que expropiar y siempre lo ha podido hacer. Eso es lo central. Existen las posibilidades y soluciones pero hasta el momento no ha cambiado. Hay que poner ojo para hacer que esta vez sí cambie”.
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