La académica presentó este y otros resultados preliminares del estudio en el que indaga acerca de las barreras que deben enfrentar las mujeres que requieren interrupción voluntaria del embarazo por tres causales. El equipo investigador de dicho proyecto está compuesto, además, por las profesoras Mirliana Ramírez, del Departamento de Enfermería, en calidad de coinvestigadora; Lidia Casas, como parte del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que es institución asociada; la doctora Paz Robledo, pediatra con formación en políticas públicas que contribuyó a la redacción del reglamento de acompañamiento que implementa la ley 21.030 o de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales; y Lieta Vivaldi, abogada de la Universidad de Chile y académica de la Universidad Alberto Hurtado.
La doctora Montero explica que, como parte del proyecto, recabaron información tanto en el Ministerio de Salud como mediante solicitud directa a instituciones de salud pública de todo el país. “La literatura dice que en la implementación de la ley la objeción de conciencia es la principal barrera con la que se enfrentan las usuarias. Obtuvimos información de 57 hospitales públicos, con un total de 4.378 funcionarios que podrían objetar en conciencia, pues la ley permite que lo haga el médico o médica requerido/a para realizar el procedimiento y el personal sanitario que se desempeñe al interior del pabellón. Para ese total de contratados, el 12,7 por ciento objeta en la primera causal, como es peligro de vida de la madre; el 17 por ciento en la segunda, sobre inviabilidad fetal de carácter letal; y un 25,7 por ciento en la tercera, es decir, embarazo por violación. Si solo se analizan los datos de los profesionales ginecobstetras, el 19 por ciento objeta en la primera causal, el 27,6 por ciento en la segunda, y el 49 por ciento en la tercera”.
De los 57 centros asistenciales que respondieron, añade, “21 nos dieron datos anonimizados y desagregados respecto de los objetores, tales como rango de edad, género y nacionalidad, los cuales se detallan en el formulario cuando una persona se declara como objetora de conciencia. Lo que encontramos fue que en esos 21 hospitales públicos hay 443 objetores de conciencia en total; el 54 por ciento objeta en primera causal, el 68 por ciento en la segunda y el 94 por ciento en la tercera. El 49,9 por ciento objeta en todas las causales”.
Lo llamativo, añade la especialista, es que del total de objetores el 63,8 por ciento son mujeres. “Entre los médicos ginecobstetras, el 38 por ciento son mujeres y el 62 por ciento hombres, así como entre los anestesistas el 43 por ciento son mujeres y el 56 por ciento hombres. Es decir, los profesionales médicos corresponden en mayor proporción al género masculino. Pero esto cambia entre profesionales no médicos, porque allí el 88 por ciento son mujeres; y entre los Técnicos de Enfermería de Nivel Superior, el 95 por ciento son mujeres y solo el 4 por ciento hombres. Sin duda, hay profesiones más feminizadas; sin embargo, respecto del género, se podría esperar que en ellas hubiera menor proporción de objetores, pero los datos no permiten deducir eso”.
No hay “filas de mujeres” esperando abortar
La especialista añadió que, entre otras cosas, al equipo investigador le llamó la atención que desde que se implementó la ley han habido muchos menos casos de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales de los que se esperaban. Se estimaban alrededor de 2.500 casos anuales en todas las causales, y que la mayoría fueran por la tercera, “pero en el período 2018 y 2020, de los datos que nosotros obtuvimos, contabilizamos un total de 2.207 casos. Por eso es que nuestra hipótesis es que no están llegando las mujeres debido a que hay barreras para acceder. Por ejemplo, en otro estudio en el que estoy participando, nos hemos dado cuenta que en la atención primaria no se pesquisa violencia, sobre todo cuando es al interior de la pareja. Lo otro, específicamente respecto de la tercera causal, es que las mujeres probablemente no la consignan por temor al estigma, a que duden de ellas y su relato, a tener que contar la violación, por lo que también es una barrera que actuaría como elemento disuasivo para concurrir a los servicios de salud. El riesgo cuando hay barreras o no se hace seguimiento para ver cómo está funcionando la implementación de la ley es que la mujer que no tenga acceso garantizado probablemente va a interrumpir el embarazo en condiciones inseguras”.
En ese mismo sentido, la doctora Montero recuerda con cierta ironía que “cuando se estaba haciendo el debate respecto de esta ley dijeron que iban a haber filas de mujeres esperando abortar por violación, nos trataron de que íbamos a usar la interrupción voluntaria del embarazo como método anticonceptivo: estas cifras demuestran todo lo contrario, lo equivocados que estaban quienes nos estigmatizaron. Y que las mujeres no están teniendo acceso, tal como señala la literatura, por temor al estigma, el miedo a ser juzgadas, la vergüenza, la culpa, porque no es fácil revelar el contexto de una violación, sobre todo en las menores de edad”.
La importancia del factor pobreza
El estudio muestra que de las 2.207 mujeres que pudieron acceder a la constitución de cualquiera de las tres casuales entre 2018 y 2020, el equipo investigador pudo obtener la variable edad para 2.189 de ellas. Así, detectaron que 161 mujeres tenían menos de 18 años y 2.028 eran mayores de edad. En las 2.189 mujeres, 682 correspondían a la primera causal; 1.093 a la segunda, y 414 en la tercera.
La doctora Montero añade que entre las 414 mujeres con embarazo por violación durante los tres años estudiados, el 15 por ciento tenía menos de 14 años (64 niñas); el 16 por ciento tenían entre 14 y 17 años (67 adolescentes) y el 68 por ciento tenían 18 y más años.
“Además, pudimos detectar que entre las menores de 14 años, el 7,8 por ciento son migrantes; el 36 por ciento viven en la zona centro y solo un 11 por ciento reside en la Región Metropolitana. El 98 por ciento está en Fonasa y, de ellas, casi un 60 por ciento en el nivel A de este sistema”. Estas mismas variables arrojan que entre las 67 menores de 14 a 17 años el 11,9 por ciento son migrantes, casi un 41 por ciento vive en la Región Metropolitana, el 91 por ciento está en Fonasa y el 59 por ciento de ellas en el nivel A. En las 283 mujeres sobre los 18 años, el 26,7 por ciento son migrantes, el 47 por ciento vive en la Región Metropolitana, el 86 por ciento está en Fonasa y 38 por ciento en nivel A. Incluso, hicimos el cálculo según el nivel de pobreza multidimensional por comuna y nos encontramos que las adolescentes presentaban un mayor indicador de esta vulnerabilidad respecto de las mayores de 18”.
La doctora Adela Montero cuenta que estos datos están en vías de publicación y que el estudio prosigue. Actualmente, están en la etapa de captura de la información cualitativa, mediante entrevistas a actores relevantes, como directivos de recintos asistenciales secundarios y terciarios, así como a integrantes de sus equipos de salud, como médicos, matronas, enfermeras y técnicos, además de actores de la sociedad civil. “Pero también a los integrantes de la dupla psicosocial que realizan acompañamiento cuando una mujer solicita la interrupción del embarazo, y que está conformada por un/a asistente social y psicólogo/a. Nos hemos dado cuenta que son el motor fundamental para la implementación de esta ley, porque son quienes acogen a las mujeres, realizan el acompañamiento y demuestran que la mirada psicosocial es indispensable en la atención gineco obstétrica en todos los servicios de salud”.