Un año de trabajo cumple el Observatorio Constitucional Ambiental, perteneciente al Centro De Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ha sido un período de arduo trabajo para sistematizar, procesar y analizar los diferentes contenidos constitucionales que tengan relación con el medioambiente. Ello, con el ánimo y propósito de contribuir, desde la Casa de Estudios, a este trascendental tema en el marco de la crisis climática y ecológica que vive Chile y el mundo. Plasmar el resguardo del medioambiente en una nueva Constitución representa una oportunidad histórica, algo que -hasta ahora y como se ha ido desarrollando el debate- se está cumpliendo. De hecho, la primera señal clave que se dio en esa dirección fue la declaración de la Convención Constitucional en Emergencia Climática y Ecológica.
En esa dirección, el Observatorio Medio Ambiental ha desarrollado un completo seguimiento: primero del debate constitucional y ahora de las normas aprobadas. Una tarea que no ha estado exenta de dificultades. El trabajo se ha ido elaborando en base a las actas y los videos que quedan de cada comisión y pleno, primero a modo de registro y sistematización, pero también —ahora ya entrando en tierra derecha— en la elaboración de informes técnicos que puedan servir de insumo para el debate, en temáticas como técnicas legislativas o de redacción de articulados.
En lo cuantitativo, el análisis llevado a cabo da cuenta de que, hasta ahora, son 18 normas las que se han aprobado en el Pleno que dicen relación con materias medio ambientales, las que apuntan tanto a la consagración de derechos (como la naturaleza o los animales) como también a la institucionalidad.
Valentina Duran, directora del Centro de Derecho Ambiental, comenta cómo se han ido consolidando algunas materias, sobre todo en relación con los derechos de la naturaleza. “En Forma de Estado y Principios, por ejemplo, hay una transversalidad que nosotros preveíamos, y ya hay más de una norma, más allá de la Comisión de Medio Ambiente, y que sí tiene alusión al tema medio ambiental. En ese plano, queremos destacar lo que ha pasado con los derechos de la naturaleza. Se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente algo, pero sí sucedió que en otras tres instancias se aprobaron normas reconociendo los derechos de la naturaleza. El 2 de marzo, en el Pleno, se aprueba una norma sobre los sistemas de justicia y la función jurisdiccional que ejercen los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos indígenas, que dice que al ejercer la jurisdicción se debe velar por la tutela y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza. Por ahí, ya entraron los derechos de la naturaleza. Después, vino en Forma de Estado, cuando se dice que las entidades territoriales autónomas tienen como límite los derechos humanos y de la naturaleza. Acá, se está reconociendo, con ambas normas, que estos derechos existen. Luego, el 16 de marzo, el Pleno aprueba en el informe de principios constitucionales una parte del artículo 9 que dice que las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman un conjunto inseparable con ella, y que afirma que la naturaleza tiene derechos y el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerla y respetarla”, explica.
En esa línea, también en Sistemas Políticos se aprobó (en el Pleno) una norma que establece “la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos”.
En tanto, en Forma de Estado, se aprobó un articulado que afirma que “es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marino-costeros, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos, y asegurando, en todo caso, su preservación, conservación y restauración ecológica. La ley establecerá su ordenación espacial y gestión integrada, mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado, según corresponda, en base a la equidad y justicia territorial”.
Además, en temas institucionales regionales, es parte del texto constitucional la norma que establece la ejecución de “los planes de descontaminación ambientales de la región autónoma”, agregando que será competencia de esta comuna autónoma “la planificación, ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas, como así también la regulación y administración de los bosques, las reservas y los parques de las áreas silvestres protegidas y cualquier otro predio fiscal que se considere necesario para el cuidado de los servicios ecosistémicos". Similares atribuciones a las que también se incluyen las Asambleas Legislativas Regionales ya consagradas en la nueva Constitución.
En materia de derechos fundamentales, además, se aprobó la norma que establece que “el Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la Naturaleza”.
Sumado a eso, el pasado viernes la Comisión de Medio Ambiente logró aprobar 7 artículos en el Pleno, luego de que el primer informe de 40 normas fuera rechazado prácticamente en su totalidad. Las temáticas aprobadas corresponden a reforzar los derechos de la naturaleza, así como también a la protección del medio ambiente, la gestión de residuos, la democracia ambiental y los derechos de los animales.
De esta manera, ya forma parte de la nueva Constitución la norma que establece que el Estado debe "garantizar y promover los derechos de la Naturaleza, debiendo realizar todas las medidas necesarias de precaución, reparación, restauración y regeneración cuando exista o haya riesgo de degradación o daño ambiental". También se aprobó el articulado que establece que la “Ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente y la Naturaleza".
Sobre la gestión de residuos, la norma ingresada al texto señala que “es deber del Estado normar y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos, en la forma que determine la Ley”. Por otra parte, en el ámbito de principios ambientales, pasó la barrera de los 2/3 la norma que establece que “son principios para la protección de la Naturaleza y el medio ambiente, a lo menos, los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa”
Otra de las normas aprobadas, y que fue ampliamente bien recibida por la mayoría del Pleno, manifiesta que “los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato”.
Balance y las expectativas
Ya se está entrando en tierra derecha, quedan sólo semanas para que todas las comisiones despachen sus informes finales para la deliberación en el Pleno. Luego de que se hayan votado todas las normas recibidas se abrirá una nueva etapa clave en el proceso: la Comisión de Armonización.
La Comisión de Medio Ambiente ha estado con los ojos encima desde muchos sectores, sobre todo luego de que su primer informe fuera rechazado casi íntegramente por el Pleno. Al respecto, Valentina Durán hace una reflexión sobre lo que allí sucedió, explicando que el problema puede haberse dado por un informe que contenía muchos contenidos. “Lo que ha pasado en la Comisión de Medio Ambiente no se puede ver como un fracaso. El rechazo del primer informe se explica por todas las audiencias que recibió, había muchas expectativas sobre el trabajo de la Comisión, que trató de volcar todo lo que allí se recibió. En la comisión, hay una gran cantidad de activistas que vienen con ciertas banderas de lucha. Creemos que era predecible que se rechazara ese informe, que había algunos problemas de técnica y otros de fondo donde se lograron acuerdos, y otros temas que no necesitaban estar en la Constitución. Hubo un exceso de detalles, faltó algo de tiempo para una propuesta más reposada”, comenta.
Ahora la Comisión está en pleno proceso de elaboración del segundo informe y final que contiene temáticas como los estatutos medio ambientales y modelo económico. En el Observatorio han llevado a cabo un seguimiento de esta segunda etapa.
Benjamín González, abogado y coordinador del Observatorio, comenta el futuro que puede tener en el Pleno, cuando se presente. “Desde el Observatorio, hemos identificado, desde el día 1, que la temática medioambiental es una preocupación transversal de todos los sectores políticos de la Convención. En ese sentido, la Comisión de Medio Ambiente tiene un gran objetivo, que es proponer a la ciudadanía un texto constitucional que sea ambientalmente eficaz, que nos permita afrontar la crisis climática y ecológica de un modo adecuado a los desafíos que esta inspira. En ese sentido, es difícil evaluar el desempeño de la Comisión a medio camino. Sin embargo, vemos con preocupación que —si bien hay instancias aún para mejorar el texto— la estrategia del trabajo de la Comisión sea rezagar la mejora de los textos y dejarlos para etapas posteriores, como informes de reemplazo o segundas propuestas constitucionales o para la Comisión de Armonización, presentando informes que se sabe que no obtendrán los 2/3, teniendo la salvedad de que después se puede presentar otro informe. En ese sentido, hemos hecho un seguimiento a este segundo informe que se está preparando, y este informe también cuenta con varios ripios y el panorama puede ser similar a lo que ocurrió con el primer informe. Esto también se da porque tuvieron que discutir el primer informe en paralelo al segundo. Se acumula trabajo”.
En el Observatorio destacan la relevancia que tendrá prontamente la Comisión de Armonización, instancia que será conformada por 40 convencionales (elegidos mediante patrocinios en votación en el Pleno) y que será la encargada de afinar y dar estructura constitucional al texto que se presentará al país el próximo 4 de julio.
González profundiza sobre los pasos que vienen. “Desde el Observatorio, hemos visto que las normas aprobadas, si bien tienen un importante contenido medioambiental, están lejos de ser perfectas. Entonces, el llamado que estamos haciendo es que no tenemos que desesperarnos por esto, porque pese a que hay normas aprobadas en el borrador del texto constitucional, todavía quedan a lo menos dos etapas. Primero, la Comisión de Armonización, que está regulada en el artículo 100 del reglamento, y que establece que deberá velar por la calidad técnica y coherencia del texto constitucional. Son dos las patas de trabajo de esta Comisión, que le entrega una amplia cancha, y que será fundamental para afinar el texto constitucional y darle una coherencia sistémica a toda la propuesta que se haga a la ciudadanía. En ese contexto, hay dos etapas que tienen los convencionales para hacer indicaciones al texto: una intra-comisión, que pueden hacer los convencionales de la Comisión, pero después se abre una nueva etapa que es cuando la Comisión propone el texto final, y ahí los 154 convencionales pueden hacer nuevas indicaciones. Terminado el proceso, aun así, el texto no va a quedar perfecto, pero eso es sano y propio de cualquier debate democrático, pero eso no creo que genere grandes dificultades, porque todavía tenemos reformas constitucionales. Es posible tener un texto aprobado, pero que pueda ser perfeccionado con el tiempo a través de reformas constitucionales”, finaliza.