16 normas sobre materias indígenas engrosan el borrador de la Nueva Constitución hasta ahora, contenidos que plantean —desde diferentes perspectivas— un reconocimiento a los pueblos y naciones originarias existentes en el país. A estas normas, además, prontamente se sumarán artículos aprobados en particular durante la semana pasada, en la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas, los que deberán ser deliberados y votados por el Pleno. De esta manera, el avance hacia la instauración de principios constitucionales sobre pueblos originarios no solo se queda en grandes lineamientos, sino también en acciones concretas con la creación de una nueva institucionalidad en diferentes materias.
Para aportar al desarrollo de este importante debate constitucional, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile dio vida, el año pasado, a la Plataforma Constitucional Indígena. La iniciativa, impulsada con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha brindado apoyo técnico a las y los convencionales de escaños reservados en el marco de este proceso, pero también ha trabajado en la difusión de las distintas propuestas y normas que se están discutiendo y aprobando en materia indígena. En este contexto, la plataforma llevó a cabo un consolidado de los 170 artículos que, hasta ahora, conforman el texto borrador de la nueva Constitución, estableciendo que en un total de 16 normas está presente el reconocimiento a los pueblos y naciones indígenas.
¿Qué se ha aprobado?
Dentro de estas normas, aparecen artículos relacionados a principios, pero también a acciones más prácticas que apuntan hacia un reconocimiento integral de los pueblos originarios. Por ejemplo, desde Sistemas Políticos, ya es parte de la Constitución la norma que establece el estado plurinacional y el reconocimiento de las naciones indígenas: “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk'nam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley”, dice la norma.
Desde Principios constitucionales, en tanto, se reconoce el concepto de interculturalidad: “El Estado es intercultural. Reconocerá valorará y promoverá el diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país con dignidad y respeto reciproco. El Estado deberá garantizar los mecanismos institucionales que permitan ese diálogo superando las asimetrías existentes en el acceso, distribución y ejercicio del poder y en todos los ámbitos de la vida en sociedad”, expresa el articulado.
Por otra parte, en Forma de Estado, se reconoce la plurinacionalidad e interculturalidad con la que deberán contar las distintas instituciones regionales que se están creando en el marco de la conformación de un Estado Regional y descentralizado. “Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales”, plantea la norma.
Otro elemento que pasó la barrera del Pleno dice relación con la participación de los pueblos originarios en las distintas decisiones que se puedan tomar y que afecten su territorio o diario vivir. En esta línea, la norma establece que “Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”.
Para el sistema judicial, además, ya se consagró —como concepto constitucional— el pluralismo jurídico, que establece un sistema para contar con tribunales indígenas en los que estos pueblos puedan resolver sus propios conflictos. “El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”, señala el artículo.
Por último, también en materia cultural, se aprobó una norma que reconoce el derecho a recuperación del patrimonio indígena, que establece que “El Estado, en conjunto con los pueblos y naciones indígenas preexistentes, adoptará medidas positivas para la recuperación, revitalización y fortalecimiento del patrimonio cultural indígena”.
Sobre el desarrollo de este proceso, Abel Piñones, abogado de la Universidad de Chile y coordinador ejecutivo de la Plataforma Constitucional Indígena, comenta la importancia de estos avances que se están produciendo en el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, algo que nunca se había visto en un proceso constitucional en la historia de Chile. “Ha sido muy importante y relevante la participación de los escaños reservados. Creemos que sin los escaños reservados estos temas no estarían hoy en discusión, no existiría un reconocimiento plurinacional a todas las demandas de los pueblos indígenas. Las normas que se han ido aprobando, en su gran mayoría, expresan un reconocimiento que no existió durante todos los años de Republica. Hoy se está avanzando en eso y las cosas negativas, que podríamos señalar han ocurrido, son el racismo que se está generando por parte de algunos convencionales, donde se ataca a los pueblos originarios, hablando de que se está instrumentalizando la Convención para tener privilegios. Y eso no es así. Las normas que se están aprobando son pasos mínimos que, además, la mayoría están reconocidos en tratados internacionales para poder dar dignidad a pueblos que han estado permanentemente excluidos de la palestra política y social”, comenta.
Piñones agrega que todos los conceptos que se están consagrando, como autonomía, participación, reconocimientos, son temas que se vienen desarrollando internacionalmente y que no deben causar temor. “Es increíble que hoy estemos discutiendo y aprobando este tipo de conceptos que antes estaba restringido solo al debate de las comunidades o al ámbito académico, y hoy estamos debatiéndolos para incorpóralos a una nueva Constitución. Son conceptos que, muchas veces por su desconocimiento, generan miedo para la economía o los sistemas jurídicos, pero la mayoría de estos conceptos son temas que se vienen trabajando durante décadas en el campo internacional y que han sido reconocidos por nuestro propio Estado, y marcan una agenda de evolución y desarrollo de los derechos humanos para que se garanticen los derechos de todas las personas que han estado excluidas en la institucionalidad. Hoy existe una oportunidad para que los pueblos indígenas puedan tener el reconocimiento de que ellos son poseedores ancestrales de sus tierras o que donde habiten no se puedan generar, sin su consentimiento, algunas industrias que puedan afectar sus territorios, también que se les otorgue participación efectiva política, generar escaños que puedan surgir en el Congreso”, explica.
Uno de estos miedos ha girado en torno a la instauración de un nuevo modelo de justicia bajo el principio de pluralismo jurídico, pero el abogado cree que las normas establecen límites claros para su accionar. "Los límites están claros, no se van a abarcar todos los temas (judiciales), no se van a vulnerar derechos humanos, además, esto está reconocido en otros ordenamientos jurídicos y funciona perfectamente. Lo único que estamos haciendo es que los pueblos puedan solucionar sus conflictos de una manera distinta a lo que se hacía tradicionalmente en occidente, a través de un tribunal, sino que se puedan hacer a través de diálogos. Creemos que reconocer el pluralismo jurídico es parte del esfuerzo que ha hecho la Convención en reconocer una nueva arista para reconocer derechos, y es algo que no se está creando, sino que reconociendo su cultura, la que han desarrollado en el tiempo, y eso sirve para avanzar como país”.
Respecto a las normas referidas a los territorios, muchas de ellas se han caído en el Pleno, siendo rechazadas. Para Abel, esto se ha dado porque se busca especificar de mejor forma qué significa la recuperación de territorios. "No se ha limitado el mecanismo, la forma, los tiempos. Creo que no es necesario describir todo eso en la Constitución, puede ser materia de ley, pero -por los miedos que se instalan para que se puedan aprobar- va a ser necesario aclarar todos estos límites".
A estas normas ya aprobadas e ingresadas al texto constitucional, deberán agregarse los artículos provenientes de la Comisión de Pueblos Indígenas, que el viernes recién pasado aprobó, en particular, 54 artículos relacionados con distintos derechos indígenas. Este paquete de normas deberá ser deliberado y votado por el Pleno en las próximas semanas.
Seminario sobre Plurinacionalidad
La Plataforma Indígena Constitucional llevará a cabo el próximo lunes 18 de abril, a las 18:00 horas (vía zoom), el seminario “La Constitución Plurinacional: Significancias del Estado plurinacional”, actividad que contará con la participación de Salvador Millaleo (coordinador académico de la Plataforma Constitucional Indígena); Felipe Ajenjo (coordinador área gobernanza y territorio PNUD Chile); Luis Jiménez (convencional constituyente); Isabel Godoy (convencional constituyente); Ericka Ñanco (diputada); y Jorge Aillapán (académico). ¿Qué significa adoptar la plurinacionalidad en nuestra Constitución? será una de las preguntas centrales que se abordarán en la actividad.