Estos días hemos estado asistiendo como espectadores al despliegue de una serie de titulares de prensa escrita, entrevistas en televisión y radio y un flujo de mensajes incesante en redes sociales que avizoran, advierten y hasta prometen un futuro oscuro en el ámbito de la salud, si es que los convencionales del pleno aprueban esta semana el borrador de Norma (artículo 18).
El borrador de Artículo indica básicamente que la salud debe entenderse como un derecho del cual el Estado debe ser garante no sólo a través de la provisión de asistencia sanitaria sino también en su rol como promotor de una sociedad equitativa y digna en distintos ámbitos (vivienda, alimentación, trabajo, etc).
Propone organizar la atención de salud en un Sistema Universal en que confluyan tanto prestadores públicos (consultorios, hospitales de mediana y alta complejidad, hospitales de las Fuerzas Armadas y de Orden), como instituciones privadas (hospitales universitarios, fundaciones, laboratorios, clínicas y centros médicos) y también consultas médicas y de otras profesiones sanitarias.
El hilo que hace posible esta nueva forma de organizar la atención de salud (provisión) está anclado a dos elementos fundamentales: por una parte la ¨inteligencia sanitaria¨ -o sea, para el caso, la organización de la atención de acuerdo a las necesidades de salud de la población- debe ser de naturaleza pública, independiente de la propiedad de los proveedores de salud; por eso es que se aceptan proveedores tanto públicos como privados. Por otra parte, el financiamiento de la salud -la bolsa que usaríamos para costear esta provisión- debe estar mancomunado y componerse de lo recaudado a través de impuestos generales o específicos, en vez de que sean únicamente las cotizaciones de cada individuo las que se lleven el peso de tal costo; pues si algo ha quedado claro en Chile con el financiamiento en base a cotizaciones exclusivamente, es que repercute y genera una profunda inequidad. Mientras casi el 80% de los chilenos usamos FONASA, el resto utiliza seguros privados (ISAPRES) o seguros especiales de las fuerzas armadas. Mientras FONASA asegura a la población envejecida, pobre y con más carga de enfermedad; las ISAPRES descreman a sus afiliados cuando estos envejecen o enferman, como un alto ejecutivo del sector indicó con toda transparencia hace un par de años en la prensa.
Pero… ¿qué es lo público en salud?. La pandemia que aún nos golpea ha permitido recordar y por tanto evidenciar que la sociedad que nos acoge lo hace desde una penetrante desigualdad: la mayor carga de enfermedad y muerte la tuvieron y siguen teniendo los sectores menos dotados de recursos económicos, laborales y culturales. Pero también nos ha consentido observar que a pesar de estas diferencias con que los y las habitantes de Chile nos paramos en el mundo, seguimos estando vinculados por fenómenos naturales que superan las construcciones sociales. Si bien el ejemplo de la pandemia es extremo, en lo cotidiano vivimos siempre entrelazados, interdependientes, conectados por conductos invisibles: formamos parte de un todo, nos guste o nos desagrade. Lo público se manifestó con fuerza en el contexto pandémico en la respuesta sanitaria, y sobretodo en dos ámbitos que tienen mucho que ver con la reflexión que todos debemos hacer cuando los medios de comunicación hoy intentan enlodar el trabajo de la Constituyente y los colectivos ciudadanos que hemos estado aportando a este debate en el proceso.
Retomo entonces la idea: lo público estuvo puesto en la campaña de vacunación –sí, público porque no hubo discriminación entre afiliados a FONASA o ISAPRES- ya que todos hemos sido beneficiados con la misma, mediante un esfuerzo que no es sino de naturaleza pública –por el bien de todos- (notemos que en ese esfuerzo se mancomunaron instituciones de diverso tipo, entre ellas las universitarias). Por otra parte, el manejo de camas críticas con criterio integrado, logró atención de emergencia y cuidados intensivos a miles de ciudadanos tanto en la red de prestadores públicos como en las instituciones privadas que tuvieran capacidad instalada o instalable. ¿Cómo se pagó esa integración?: con fondos públicos… bajo el espíritu de que la capacidad instalada debía estar al servicio de un interés mayor.
Es ese mismo espíritu el que anima al inciso 12 del borrador sobre Derecho a la Salud. Introduce si un factor de corrección en los proveedores de salud, pues para que haya equidad y acceso igualitario a la atención sanitaria, los mismos deben concebirse como instituciones o personas profesionales sin fines de lucro. Ello no significa nada más que deben percibir por sus servicios clínicos una retribución justa –cuyos criterios serán de discusión muy posterior a la Convención Constitucional y en los cuales debemos poder participar todos en igualdad de condiciones- pero sin generar excedentes que perpetúen los privilegios de algunos sectores de la población en base a sus ingresos, y de algunas sociedades médicas o gremios profesionales de la salud, acostumbradas a entender el ejercicio profesional como un sinónimo de lucro.
Parte del temor que algunos medios han expresado en estos días ha sido intentando ponerse ¨en el lugar¨ o el interés directo de los enfermos. Así lo han expresado por ejemplo los centros de diálisis privados, que aún existiendo gracias a haber logrado incluir estas patologías dentro del GES y por ende viviendo gracias a los aportes públicos, se presentan como amenazados por la norma 18. En este caso no es el interés de los pacientes sino el de las sociedades médicas y empresas de servicios de diálisis que hay tras este negocio. El parapetarse detrás del interés de los pacientes tan dañados y vulnerables como los usuarios de diálisis, es inmoral y completamente poco ético.
Ningún cambio de la magnitud que el descontento social ¨estallado¨ el año 2019 instaló vendrá de la noche a la mañana. Al contrario, en salud será un cambio gradual, paulatino, consensuado y con todas las fuerzas reales actuando en escena. Primero a través del proceso de Armonización al interior de la Constituyente, y luego muy largamente a través de los acuerdos societales que nos demos construyendo leyes y otros mecanismos graduales y culturales. Por eso el mismo borrador del artículo en cuestión debe estipular incisos transitorios que permitan tal gradualidad: no podemos construir una cultura de lo público sin respetar a todos los actores, favoreciendo sistemáticamente la instalación de formas que nos permitan en efecto ir superando las inequidades. Nadie quedará sin atención en ese proceso, no nos dejemos amedrentar.
Ya habiendo resuelto qué es lo público, sólo baste decir que se hace necesario que cada uno de nosotros reflexione sobre lo privado. Hoy por hoy consultando la campaña de desprestigio pareciera ser algo así como una ¨marca registrada¨, sinónimo de bueno, prestigioso, elegante y cualitativamente superior a lo público. Ese imaginario no es sino el resultado del impacto de una cultura y una política que ha derivado de la constitución de 1980 y que tantas décadas después sigue repercutiendo en una sociedad fraccionada en dos grandes polos como si de una naturaleza se tratara. ¿No será el arrinconamiento de lo público por la vanagloria de lo privado lo que nos mantiene enfermos y enfermas?. No nos dejemos confundir y seamos sujetos racionales al servicio de lo común.
Valentina Fajreldin Chuaqui
Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas
Facultad de Odontología Universidad de Chile
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