A mediados de julio de 2022, el Ministerio de Agricultura decidió tomar medidas urgentes para enfrentar la proliferación de proyectos de loteos en áreas rurales, una acción que normalmente vulnera la normativa vigente al simular la continuidad del uso agrícola de un terreno cuando en realidad se destina a fines habitacionales.
El instructivo fue remitido a todas las direcciones regionales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y obliga a paralizar el proceso de certificación que realiza este organismo cuando la solicitud pudiera “dar cuenta que el proyecto importa un eventual cambio de destino de los lotes, una vulneración de la prohibición asociada a los artículos 55 y 56 de la LGUC, o una inviabilidad en su ejecución conforme la normativa que deba respetar”. Es decir, cuando se trate de proyectos con evidentes fines habitacionales.
La decisión fue tomada, además, por el aumento exponencial que han tenido las solicitudes de subdivisión de predios agrícolas. Según datos del SAG, el año 2019 hubo un promedio de 10 mil requerimientos de este tipo, el año 2021 se pasó a 19 mil, un alza de 90%, y este año se espera recibir unas 20 mil solicitudes.
La rigurosa aplicación de la normativa busca preservar el suelo rural para fines agrícolas y evitar los efectos de un desarrollo inmobiliario al margen de la planificación territorial, ya que estas prácticas han implicado un deterioro de los sistemas agroproductivos y del equilibrio ecológico donde se desarrollan, amenazando la sustentabilidad local. Ejemplo de ello es la sobredemanda que se produce de los sistemas de Agua Potable Rural (APR), el aumento de concentración de residuos domiciliarios, la demanda de nuevos servicios de recolección y de la presión para desarrollar nueva infraestructura energética y vial, entre otros aspectos.
Urbanización neoliberalizada
La académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile, Natalia Escudero, experta en urbanismo sustentable, valora la decisión tomada por el gobierno. Sin embargo, explica que lo que ha permitido esta política de parcelación y la “instalación del modelo de ciudad extendida en Chile, es el Decreto Ley N°3.516 del Ministerio de Agricultura promulgado el año 1980”.
Dicho decreto estableció las normas de subdivisión de predios rústicos y su cambio de destino, permitiendo unidades de hasta 5000 m2. “En el año 1979, se había promulgado el Decreto Supremo N°420 del MINVU que eliminó el límite urbano establecido por el Plan Regulador Intercomunal de 1960 y, además, se había instaurado la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Se dio así inicio al desarrollo de un nuevo modelo de ciudad en Chile: la urbe extendida y dispersa, cuyos negativos efectos fueron ya advertidos por los planificadores chilenos en el Seminario del Gran Santiago de 1957”, puntualiza la académica.
El Seminario del Gran Santiago fue un evento organizado por la Universidad de Chile en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas en el año 1957, donde se convocó a diversos especialistas para abordar los problemas y desafíos urbanos de la capital. La actividad constituyó un momento significativo para la planificación de la ciudad.
Para la urbanista, el Decreto Ley de 1980 “fue funcional al modelo neoliberal radical impuesto en Chile a partir de 1979, conduciendo a la liberalización del desarrollo urbano y rural en nuestro país, con graves impactos”. Entre ellos señala algunos como el fraccionamiento de predios agrícolas de alta calidad, y cambio de su uso de suelo para generar urbanizaciones de baja densidad y zonas industriales que van eliminando áreas de cultivo tan necesarias en la cercanía de grandes masas de población; la disminución y destrucción de bosque nativo por ocupación urbana, produciendo alteraciones en los ecosistemas; crecimiento urbano disperso en suelos de gran calidad para la agricultura; agotamiento del agua disponible tanto a nivel superficial y subterránea debido a la propagación de urbanizaciones sin control y; alteración del proceso de infiltración natural del agua de lluvia por la pavimentación de los suelos.
Finalmente, en relación con la reciente determinación del gobierno, la experta señala que “el instructivo emitido el 12 de julio de 2022 por el Ministerio de Agricultura constituye un primer paso para evitar que el territorio nacional continúe en un proceso de fragmentación de la matriz geográfica con la consiguiente insustentabilidad en materia de desarrollo urbano y rural. Hace más de cuatro décadas, se inició un proceso de desplanificación urbana regional en Chile y se configuró una realidad insustentable para el campo y las ciudades, la que es urgente de revertir para el logro de la transición ecológica que hoy se busca frente a la era del Antropoceno".