“Este proyecto para nosotros es importante desde todo punto de vista”, señaló la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, al iniciar su exposición frente a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia que la convocó especialmente a opinar sobre un tema que la Casa de Bello ha impulsado activamente: la conciliación de las labores de cuidado de estudiantes que son madres o padres con sus deberes universitarios.
La conversación se abrió gracias a un proyecto de ley presentado por las diputadas Emilia Schneider y Camila Rojas, apoyado también por sus pares María Francisca Bello, Claudia Mix, Erika Olivera, Maite Orsini, Daniela Serrano, Carolina Tello y de los diputados Eduardo Cornejo y Juan Santana. El objetivo de la iniciativa es regular los derechos de estudiantes de educación superior en situaciones de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de niños, niñas, adolescentes o personas dependientes.
El proyecto, opinó la Rectora Devés, promueve “la conciliación entre la vida familiar y las actividades académicas”. En su redacción, la iniciativa hace un reconocimiento explícito a la labor efectuada por la Casa de Bello en esta materia con la Política de Corresponsabilidad Social en la Conciliación de Responsabilidades Familiares y las Actividades Universitarias, mención que la máxima autoridad universitaria agradeció. “También es un reconocimiento a las madres y los padres universitarios que conformaron el movimiento MAPAU, organización importante y activa en la Universidad, que fue creada en 2013 y ha sido impulsora de todos estos cambios. Es, realmente, un reconocimiento a nuestros estudiantes”, dijo.
La Comisión de Mujeres y Equidad de Género –integrada por su presidenta Carolina Tello, y por las diputadas Chiara Barchiesi, María Francisca Bello, Ana María Bravo, Marta González, Karen Medina, Carla Morales, Erika Olivera, Maite Orsini, Emilia Schneider, Consuelo Veloso y Flor Weisse– recibió previamente a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y a la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, quien también destacó lo abordado en el proyecto y señaló que se trata de una materia frente a la cual el Estado aún se encuentra al debe.
La Rectora Devés, además, destacó que la redacción del proyecto de ley no pone la carga del cuidado en los hombros de las mujeres, como se suele hacer, sino que se enfoca en un “principio de corresponsabilidad social, que es el concepto que inspira, guía y orienta este proyecto, y que considera al cuidado como un derecho que debe ser resguardado bajo un modelo de corresponsabilidad social y de género, en el que participan no solo las mujeres, sino el Estado, los hombres, la sociedad civil, los integrantes de la familia, y -por cierto- las instituciones de educación superior”, dijo.
En el caso de la Universidad de Chile, la Política de Corresponsabilidad Social fue aprobada por el Senado Universitario en 2017. Este marco normativo “busca garantizar lo mismo que este proyecto, están muy de la mano, inspirados por los mismos principios y también aplicando muy parecidas soluciones, como garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en su desarrollo profesional, académico y estudiantil”, apuntó.
De esta forma, la Universidad ha avanzado en generar becas de apoyo preescolar destinadas a estudiantes padres y madres con situación socioeconómica deficitaria y se están instalando cuatro jardines infantiles –dos de ellos en pleno funcionamiento– en un convenio con JUNJI. Destacó, también, la importancia de realizar censos estudiantiles para mantener la información y el diagnóstico actualizados. “Las medidas adoptadas han facilitado efectivamente la continuidad de estudios y han reducido la sobrecarga de trabajo”, sostuvo.
En el reglamento asociado a la política, que fue aprobado un año después, se consagran también permisos de pre y post natal y diversos derechos parentales, como la postergación de estudios, algunos permisos especiales -por ejemplo, para controles médicos obligatorios, enfermedad o alimentación-, además de incluir mayor flexibilidad académica. “Hemos avanzado en infraestructura y equipamiento, estamos todavía inaugurando distintos lactarios en los campus y facultades e institutos, hay rebaja de arancel, postergación de calendarios máximos, y hemos ido flexibilizando aquello como corresponde”, detalló.
En su exposición, la Rectora también hizo algunas propuestas a la Comisión sobre temas para incluir en el debate en torno al proyecto de ley. La primera de ellas fue respecto a la relación con los establecimientos educacionales para niños y niñas. “Sin perjuicio de que se suscriban convenios de colaboración con JUNJI, que es algo que propone el proyecto y que es lo que nosotros también hemos hecho, se sugiere extender a estudiantes de educación superior el mismo criterio de ingreso utilitario que actualmente existe para estudiantes de básica o media: estándares de calidad. En caso de que se instalen salas cunas y jardines infantiles privados, como se sugiere en algunos casos, especificar que deben cumplir con las regulaciones que establece JUNJI para garantizar los estándares”, planteó.