Señor Director: Nuestro país tiene un sistema de educación superior del cual enorgullecerse. Entre sus logros destaca una amplia cobertura de la población a lo largo del territorio nacional, una menor segregación respecto del sistema escolar, un posgrado pujante, y una capacidad de producir conocimiento de alto nivel. En estos logros han contribuido tanto instituciones públicas como privadas, compitiendo y colaborando entre sí. Sin embargo, las ideas y mecanismos que nos trajeron hasta acá no son los que necesitamos para avanzar hacia el siguiente estado de desarrollo. Es más, hay signos de desgaste y estancamiento. Las causas son diversas; por un lado la matrícula ya no crecerá como lo hizo en las décadas pasadas, y por otro, los desafíos sociales y tecnológicos exigen apuestas formativas y de investigación más ambiciosas.
Varios engranajes del sistema requieren ajustes. Uno de ellos es el del financiamiento estudiantil, y en particular el CAE. Mientras el sistema crecía y se consolidaba, un grupo de jóvenes y sus familias se vieron perjudicados, con altos niveles de deuda y una educación que no les brindó las oportunidades esperadas. La mayoría de las personas deudoras del CAE tienen ingresos promedios menores a $750 mil mensuales, son mujeres, y pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos. Además, el CAE ha significado una gran transferencia de recursos públicos a la banca, por ejemplo, 1,35 billones de pesos solo en pagos de recargas por licitaciones de carteras de crédito. Todo indica que es hora de terminar con el desgastado CAE. Y condonar la deuda sería una forma de responderles a quienes han sido más desfavorecidos.
Ahora, que la condonación del CAE responda a un principio de justicia social, dependerá del diseño que presente el Gobierno, y de un debate sin tabúes, que tenga en mente lo alcanzado y los grandes desafíos de las generaciones presentes y futuras.