Con el objetivo de realizar un trabajo colaborativo y sumar esfuerzos para lograr el éxito de los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la Universidad de Chile y la Subsecretaría de Derechos Humanos firmaron un convenio de cooperación y colaboración interinstitucional este jueves 6 de junio en la Casa Central del plantel universitario. El acto, realizado en la Sala Amanda Labarca de la Casa de Bello, fue encabezado por la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.
"Concurrimos a sellar este acuerdo desde nuestro mandato misional de contribuir al desarrollo espiritual y material de la nación. Lo hacemos honrando la memoria de aquellos muchos miembros de nuestra comunidad que sufrieron la desaparición forzada, así como reconociendo la fortaleza de sus familias que les han buscado sin descanso, mientras que el Estado que provocó su desaparición no se hacía cargo", indicó la Rectora Devés, quien también dedicó este momento "a quienes siendo parte de nuestra institución defendieron sus valores, soñaron un mundo distinto y perdieron la vida en ello. Ellos y ellas guiarán nuestros pasos cuando avancemos, con razón y con emoción, en esta causa noble".
El ministro Cordero, en tanto, destacó que "hoy firmamos un convenio, pero en realidad estamos firmando un compromiso. Sé que realizaremos un buen trabajo, especializado, concreto, asociativo y virtuoso … Pero además fortaleceremos nuestro trabajo, incorporando la visión intergeneracional y diversa de las y los estudiantes que investigan y recrean los saberes. Gracias a este valioso aporte estamos incorporando nuevas perspectivas de lo que hoy significa la búsqueda”.
El convenio suscrito permitirá avanzar en las diferentes áreas y temáticas a desarrollar en el marco del Plan Nacional de Búsqueda. La Universidad de Chile, a través de su comunidad universitaria, aportará los conocimientos y experiencias para que el Programa de Derechos Humanos avance en este importante desafío. En esta línea, la alianza permitirá la elaboración de documentos de trabajo, orientaciones técnicas, material comunicacional, formación, seminarios, cursos o jornadas de trabajo e impulsar mecanismos de apoyo al plan, como la implementación de prácticas y pasantías profesionales con carreras afines y establecer mecanismos interinstitucionales para generar espacios de intercambio y formación académica.
Las contrapartes de cada institución en el convenio firmado este jueves serán, por parte de la Universidad de Chile, la profesora asociada de la Facultad de Derecho, Rocío Lorca Ferreccio, quien cuenta con una destacada trayectoria y experiencia en los temas abordados por el acuerdo. La contraparte desde el Plan Nacional de Derechos Humanos, en tanto, será la jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría, órgano ejecutor de esta política pública, Paulina Zamorano Valenzuela.
"Hay muchas cosas que se necesitan hacer en el gran desafío de saber cuál fue el destino de las personas. Hay cuestiones de análisis de datos, el lado judicial, información en archivos judiciales y en el aparato administrativo, de carácter científico, de salud, medicina, antropología forense. Existen muchos desafíos desde un punto de vista psicológico, de acompañar a los que están ejecutando el plan, a las agrupaciones y a las víctimas", señaló la profesora Lorca. Destacó, asimismo, que "la Universidad de Chile tiene muchas aristas desde las que puede contribuir, pero la más importante es ser un canal de participación de la ciudadanía con el plan y darle una estabilidad institucional en el tiempo".
La jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, sostuvo que "a través de este convenio, estamos invitando a toda la comunidad de la Universidad de Chile a sumarse a la búsqueda. Es un camino de reconstrucción, de verdad y de justicia. Es también un trabajo del cual todos deberíamos sentirnos orgullosos, porque con él estamos acompañando a quienes, con voluntad y dignidad, han buscado a sus familias por más de 50 años".
A la ceremonia de firma del convenio asistieron el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba; el vicerrector de Asuntos Académicos, Claudio Pastenes; la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Josiane Bonnefoy; así como autoridades y profesores de diferentes unidades académicas de la U. de Chile que serán parte del trabajo del Plan de Búsqueda. También estuvo presente Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y Medalla Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Chile, entregada en septiembre de 2023, en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Además, asistieron las y los coordinadores de las diferentes áreas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio.
Una política de Estado
En la presentación del Plan Nacional de Búsqueda, el pasado 30 de agosto de 2023, en un acto público frente a La Moneda, el Presidente Gabriel Boric aseguró que “con esta política pública, que es permanente, nos hacemos cargo como Estado, no solo como Gobierno, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de lo que nos han dicho que es posible para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y el destino final de las y los compatriotas víctimas de desaparición forzada, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”.
En aquella ocasión, la ceremonia comenzó con palabras de la Rectora Rosa Devés, quien señaló que la Casa de Bello “es parte de la institucionalidad que le da continuidad a la historia de este país (...) Tenemos el deber de acompañar el proceso, aportando todos los saberes que conviven en la Universidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos de este Plan de Búsqueda. Lo entendemos como un pacto con la verdad y la reparación, en contraposición al pacto de silencio que ha entorpecido la justicia”, dijo.
El Plan Nacional de Búsqueda se constituye como una política de Estado con la misión de dar las respuestas que la institucionalidad no ha entregado. Así lo indicó el ministro Cordero, quien planteó que “el Estado ha mostrado un alto grado de indolencia. No hemos hecho todo lo que debíamos hacer para saber dónde están y hoy estamos haciéndonos cargo de esa falta de responsabilidad y de empatía con tantas familias que han sufrido y siguen sufriendo esa desidia del Estado”.
El equipo detrás del Plan Nacional de Búsqueda está integrado por documentalistas, expertos en investigación social, psicología, historia, sociología, arqueología, antropología y judicial, entre otros. Todas estas áreas trabajan contra la impunidad y contra el tiempo. Dado que el principal obstáculo es el tiempo y pese a que la búsqueda se mantendrá cuanto sea necesario, coincidir con el apoyo del mundo académico es esencial. En ese sentido, el convenio tendrá una duración de dos años, que será renovable automáticamente por períodos de un año.
Desde el inicio del trabajo del Plan Nacional de Búsqueda se han dado contactos directos desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con algunos académicos y académicas. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas ha tenido conversaciones para ayudar en análisis de datos para determinar tendencias y cruzar información con archivos judiciales y de otros organismos del Estado para diseñar y observar patrones generales de desaparición forzada. En tanto, la Facultad de Gobierno ha sido invitada a participar en el desarrollo de planes de ejecución y trabajo. Además, han diseñado un curso de pregrado en el que se incorporará la participación de manera formal y académica a estudiantes.
Estado de avance del Plan Nacional de Búsqueda
Entre los avances en sus áreas de trabajo, se evidencia la agilización de acciones judiciales. En 2022, del total de presentaciones del Programa de Derechos Humanos, el 25% correspondió a acciones de búsqueda; mientras que el año 2023 esta cifra aumentó a un 58%, y solo en los tres primeros meses de 2024 ya ha alcanzado el 75%.
Respecto al trabajo de búsqueda en terreno, el equipo del programa ha elaborado un catastro de sitios de interés para el desarrollo de los trabajos en terreno. Si bien esta información es dinámica y se irá amplificando en los próximos meses, a la fecha se contabilizan 47 lugares prioritarios para la búsqueda, de los cuales 17 ya cuentan con investigaciones en curso, a los que se sumarán 13 sitios en el segundo semestre .
En el ámbito documental, en tanto, se proyecta el lanzamiento de la plataforma web del Plan Nacional de Búsqueda. Esta página alojará la nómina oficial de las 1.469 personas víctimas de desaparición forzada, la cual se visualizará a través de una base de datos georreferenciados que incluirá parte de las trayectorias de las víctimas. La información que entregue esta plataforma será el resultado de la digitalización, organización y cruce de archivos de una base informática mayor, creada especialmente para el equipo de investigación del Programa de Derechos Humanos.