Entre el 2 y el 13 de diciembre de 2024 tuvieron lugar los alegatos del caso «Obligaciones de los Estados con respecto al Cambio Climático» ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, ocasión en que 96 Estados y 11 organizaciones internacionales pudieron presentar sus alegatos.
En este contexto, el miércoles 4 de diciembre se presentó el libro «State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation», editado por el Dr. Ezio Costa Cordella (subdirector del Centro de Derecho Ambiental y director ejecutivo de FIMA) y por la Dra. Pilar Moraga Sariego (directora del CDA y del CR2) en un trabajo conjunto del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y la ONG FIMA de la mano de la Editorial Tirant Lo Blanch.
La presentación del libro, a cargo del Dr. Ezio Costa Cordella, contó con los comentarios del Dr. Marcelo Kohen (Profesor Emérito de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra), Kristin Casper (General Counsel de Greenpeace International) y la Dra. Margaretha Wewerinke-Singh (Profesora Asociada de Derecho de la Sostenibilidad en la Universidad de Ámsterdam).
El libro se compone de los siguientes capítulos: «The role of law in achieving climate justice: A call for accountability and equity» (Ezio Costa Cordella & Pilar Moraga Sariego), «Evolving law of state responsibility for climate accountability through ICJ’s Advisory Opinion on climate change» (Aditi Shetye & José Daniel Rodríguez Orúe), «Full seas, floods & fortunes? Fathoming the impact of the ITLOS advisory opinion to climate justice for climate vulnerable populations in large ocean states» (Alana Malinde S.N. Lancaster), «Use of Advisory Opinions in environmental protection: An analysis of Africa’s engagement with the ICJ AO process» (Nomasango Masiye-Moyo & Nomakhosi Masiye-Moyo), «Limiting state discretion: A principled due diligence framework for preventing human rights violations arising from climate change» (José Daniel Rodríguez Orué), «Climate refugees and non-territorial autonomy» (Jorge Piñera Álvarez & Antoni Abat i Ninet), «The challenges presented by climate change at the nexus of Tort Law and Environmental Law» (María Valeria Berros), «An analysis of the obligations of states for an effective loss and damage funding mechanism, in light of the principle of common but differentiated responsibilities» (Macarena Martinic Cristensen), «International liability of states for acts and omissions causing significant damage to the climate system and other elements of the environment» (Marisol Anglés Hernández), «Defending the defenders: State responsibilities to respect climate justice, rule of law and rights of counsel in climate litigation worldwide» (Marie-Claire Cordonier-Segger, Thalsa-Thiziri Mekaouche, Zunai-da Moosa-Wadiwala, Tejas Rao & Hugh Travis), «Climate obligations of states from the perspective of climate justice» (Susana Borràs-Pentinat) y «The duty to protect the intrinsic value of nature to tackle the climate crisis» (Silvia Bagni).
Junto a la presentación del libro tuvo lugar el lanzamiento del «Massive Open Online Course» (MOOC) «Responsabilidades Estatales en la Crisis Climática», el que cuenta con 2 módulos, en inglés, dedicados a los estándares legales y a la litigación global, el primero, y a la acción climática a través de opiniones consultivas, el segundo.
Las preguntas realizadas en 2023 por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia son: “(1) ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los Estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en favor de los Estados y de las generaciones presentes y futuras?; y (2) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de esas obligaciones para los Estados que, por sus actos y omisiones, hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente, con respecto a: (i) Los Estados, incluidos, en particular, los pequeños Estados insulares en desarrollo, que, debido a sus circunstancias geográficas y a su nivel de desarrollo, se ven perjudicados o especialmente afectados por los efectos adversos del cambio climático o son particularmente vulnerables a ellos; y (ii) Los pueblos y las personas de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático?”.
Los alegatos de la República de Chile ante la Corte Internacional de Justicia estuvieron a cargo de la Dra. Ximena Fuentes Torrijo (Profesora Asociada del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile y Embajadora de Chile en Reino Unido) y de la abogada Valeria Chiappini Koscina (Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores).
El caso ante la Corte Internacional de Justicia se discute luego de la Opinión Consultiva entregada por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en mayo de 2024 (tras la solicitud presentada en diciembre de 2022 por la Comisión de los Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional que buscaba conocer las obligaciones específicas de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) y ad portas de la entrega de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la solicitud realizada por la República de Colombia y la República de Chile en enero de 2023 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.
Respecto a la última OC, una nota reciente del sitio Hiperlatidos destaca que “A juicio de Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, en estos años y a nivel mundial, se ha establecido el vínculo ineludible entre los derechos humanos y el cambio climático producto de los efectos que está produciendo. Y en ese sentido ha habido un llamado muy fuerte y se han formulado recomendaciones a los Estados latinoamericanos para adoptar políticas públicas que puedan fortalecer la protección de los derechos humanos en este contexto de crisis climática”.