Con el objetivo de incidir en la tramitación de la Ley sobre Normas Generales para el Uso de la Fuerza (Ley RUF), el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile coorganizó una mesa técnica junto al Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) y el Instituto Libertad (IL). La instancia contó con la participación de la diputada Lorena Fries –de la Comisión Mixta revisora de la iniciativa–, miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad, representantes de la Unidad Consultiva para la Reforma a las Policías, think tanks especializados y organismos internacionales como el BID y Amnistía Internacional.
Durante la jornada se abordaron los nudos críticos del proyecto legislativo, actualmente en tercer trámite constitucional, como la ambigüedad en los principios rectores del uso de la fuerza, la falta de mecanismos de control efectivos y la ausencia de disposiciones que refuercen la protección de grupos en situación de vulnerabilidad.
“Avanzar normativamente en la regulación del uso de la fuerza es una necesidad imperiosa que no puede obviar las obligaciones en materia de derechos humanos”, manifestó la Coordinadora de Investigación del CESC, María José del Solar. En esta línea, el director del CESC y académico U. de Chile, Claudio González, recalcó la importancia de fortalecer el debate legislativo desde una mirada técnica, plural y basada en evidencia.
Durante el debate legislativo, diversas disposiciones del proyecto han generado reparos técnicos entre organismos especializados, organizaciones de la sociedad civil y el ámbito académico. Entre los principales puntos de discusión, se encuentran los alcances del marco normativo propuesto, los principios rectores del uso de fuerza y la incorporación efectiva de estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En esta línea, el comisionado del CPT, Daniel Soto, advirtió que la evidencia científica internacional demuestra que marcos normativos ambiguos o con múltiples excepciones facilitan abusos sistemáticos. “Este proyecto presenta riesgos institucionales cuantificables que contradicen décadas de investigación sobre prevención efectiva de tortura y uso proporcionado de fuerza", agregó.
La mesa técnica no solo identificó los vacíos del actual articulado, sino que también propuso lineamientos orientados a fortalecer la eficacia policial bajo principios de legalidad, necesidad y rendición de cuentas.
Los nudos críticos del proyecto
Uno de los puntos críticos del encuentro fue la proporcionalidad en la defensa de infraestructura crítica, así como la ausencia de disposiciones específicas para la protección reforzada de grupos en situación de vulnerabilidad.
En esa línea, el director ejecutivo de IL, Luis Pardo, manifestó que “creemos fundamental promover una discusión técnica, para así aportar insumos que se traduzcan en que las reglas del uso de la fuerza sean una herramienta para las policías, que favorezca la eficacia policial, como así también para las Fuerzas Armadas en estados de excepción, y que su diseño se base en argumentos técnicos, libre de dogmas o motivaciones políticas”.
La organización de esta mesa técnica de trabajo representó una oportunidad significativa para incidir en el debate legislativo de una normativa altamente sensible, contribuyendo, desde una perspectiva académica e integral a la construcción de un marco regulatorio sólido, legítimo y alineado con los principios del Estado de derecho y los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza.