Uno de los problemas largamente reconocidos es la veracidad de la información respecto de la real calidad de las instituciones y de sus programas, así como del cumplimiento de la ley en cuanto a la prohibición del lucro. La experiencia ha demostrado que no hay suficiente transparencia para los estudiantes al momento de elegir carrera y universidad. Por otra parte el país deposita una enorme fe pública en la formación universitaria y confía en que cualquier institución llamada universidad cumple con buenos estándares de calidad. Por ello, es vital garantizar una calidad mínima e informar verazmente de la calidad real de las instituciones a todos los estudiantes de la educación superior chilena.
Para superar esta falencia se propone crear una Superintendencia de Educación Superior, a cargo de garantizar la fe pública en educación superior, así como del cumplimiento de las regulaciones y los compromisos adquiridos, de la transparencia y rendiciones de cuentas de fondos los públicos. Esta Superintendencia debe garantizar en particular que los procesos de acreditación conduzcan a grados y títulos homologables dentro del sistema nacional y en el ámbito internacional; la información al público sea completa y fidedigna; y se garantice la fe pública y la transparencia cuando participan agentes acreditadores privados respecto de los estándares de acreditación otorgados.
La constitución de esta entidad será definida por ley con la participación de representantes de los rectores de las universidades complejas y del Estado.