El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, cuestionó los privilegios de las universidades privadas que reciben "$528.000 millones de dineros públicos sin control fiscal" y llamó a los ministros de Educación, de Hacienda y a los senadores y diputados a asegurar que todos los dineros públicos sean fiscalizados.
"Hay que asegurar que ningún peso público pueda terminar incrementando el lucro que está prohibido o en contratos de lobistas para tráfico de información, influencia o dinero que solo beneficien a unos pocos a costa de todos", sostuvo.
La máxima autoridad universitaria recordó que "en el último informe de la Contraloría sobre financiamiento fiscal a la educación superior, correspondiente al 2012, se constata que durante el año pasado de los recursos contemplados en la respectiva Ley de Presupuestos del sector público, se destinó un total de $ 910.522 millones para las universidades".
De ese total, el 58% se destinó a las universidades privadas ($ 528.868 millones) y solo 42% a las universidades estatales ($ 381.654 millones), acotó.
DOBLE ESTÁNDAR
El rector llamó a los ministros de Educación, de Hacienda "y a los honorables senadores y diputados aterminar con el doble estándar entre universidades estatales y privadas que reciben fondos públicos de todos los chilenos, donde solo las estatales tenemos un sistema totalmente transparente".
"Hay que asegurar que el uso y manejo de todos los dineros públicos entregados directa e indirectamente a universidades sean fiscalizados por la Contraloría a través de auditorías administrativas, así como que su uso y manejo esté sujeto a los mecanismos de control y transparencia establecidos tanto por la Ley de Compras Públicas como por la Ley de Transparencia", indicó.
Pérez agregó que "pese a que las universidades privadas reciben el 58% del presupuesto público -es decir, más que las estatales- las universidades privadas no tienen ninguno de los mecanismos obligatorios de control y fiscalización que tenemos las estatales, lo que implica que las universidades privadas no garantizan necesariamente el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Seamos claros: el único control que tienen las universidades privadas es de carácter indirecto y circunstancial, a través de las fiscalizaciones de las distintas partidas presupuestarias, de carácter aleatorio, que la Contraloría realiza al respectivo organismo público que les transfiere los recursos".