Resultan reveladoras e inaceptables las declaraciones de la ministra de Educación, Carolina Schmidt, en "El Mercurio" del domingo pasado, donde acusa que "hay grupos de presión muy fuertes para que el financiamiento se concentre en instituciones estatales".
Reveladoras por el total desconocimiento que tiene sobre la educación pública, esto es, la estatal. E inaceptables porque el 58% del presupuesto fiscal destinado a universidades va a universidades privadas -tradicionales y nuevas-, sin fiscalización obligatoria de la Contraloría General de la República, sin sujeción a la Ley de Transparencia ni del portal Mercado Público. Y la ministra Schmidt no quiso patrocinar ninguna de estas medidas, denunciadas por el propio contralor general de la República, en la Ley de Presupuesto 2014.
Estas declaraciones coinciden con un reportaje de la agencia Bloomberg que informa que "en Chile, la educación con fines de lucro es técnicamente ilegal, pero Laureate dice que ha eludido legalmente la prohibición mediante la adquisición de los asientos en los directorios de las universidades y luego la venta de servicios a las universidades", y curiosamente la ministra Schmidt no realizó ninguna investigación seria y formal respecto de su venta y operación, pero sí mantuvo sus líneas de financiamiento público con recursos de todos los chilenos.
Prof. Víctor Pérez Vera
Rector U. de Chile
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