IV. 3.1 Financiamiento Universitario (a) (La Época, Septiembre de 1996)
"La asignación de recursos para el desenvolvimiento de las universidades constituye un tema relevante, que aviva un debate de periódica ocurrencia. El trasfondo es la responsabilidad que tiene el Estado en cuanto a financiar docencia e investigación universitaria. Sin tal apoyo, la docencia tendría lugar sólo en forma muy sesgada del punto de vista disciplinario (es decir, ocurrirían sólo aquellas carreras financieramente "rentables") y de equidad distributiva (es decir, sólo para quienes pueden pagar en el corto plazo), o podría conducir a que determinada investigación -no "rentable" de acuerdo al mercado no se llevase a cabo. La necesidad de una Universidad Nacional y de compromiso con el desarrollo del país, obligan a profundizar en los mecanismos de financiamiento.
En Chile prima un subsidio fiscal para universidades tanto privadas como públicas. Esta es una institución que muestra el compromiso que el Estado ha históricamente asumido en términos del desarrollo de la educación superior el cual debe ahora hacerse más eficiente y profundo que nunca. En efecto, el Estado no puede seguir otorgando financiamiento público para el desarrollo de tareas privadas, como la extensión "rentable", la "medicina de mercado" o la investigación de apoyo a áreas productivas que tendría lugar con o sin financiamiento público. Al revés, el Estado debe financiar mucho más aquella educación e investigación trascendentes para el país, aunque no necesariamente "rentables" del punto de vista de corto plazo. Para cumplir este propósito, el Estado necesita una política explícita sobre las tareas que se desea apoyar a través del financiamiento público, para distinguirlas de aquellas otras que pueden financiarse a través de la acción privada. Sin ninguna duda, esto necesita de una política de Estado sobre Educación superior, que el país echa de menos, y que se hace presente cada año en torno al debate presupuestario.
Hasta ahora, el Estado asigna recursos a las Universidades sin pedir siquiera un plan de desarrollo o una cuenta específica de los objetivos que se han ido alcanzando. ¿Es esto posible? El subsidio directo que se da a las universidades públicas y privadas precisa de un contexto asignativo que permita evaluar resultados y establecer financiamientos contra planes y programas. Sin una estrategia universitaria, no existe una política. Sin ésta, no habrá mecanismos apropiados para entregar recursos a la educación superior, y se continuará con una práctica guiada por la "costumbre", sin reflejar las prioridades que la sociedad establezca.
Una universidad nacional que responda al interés público no tiene porque contradecirse con la mayor eficiencia asignativa del recurso fiscal. Por el contrario, una buena política de desarrollo de las universidades ha de constituir una base para la expansión económica, a la vez que un efectivo mecanismo de movilidad social. Hay que entenderlo así, antes de que sea demasiado tarde".