IV.3.2 Financiamiento Universitario (b) (La Época, Enero de 1997)
"La ausencia de una política universitaria del Estado, en particular en relación a la política de financiamiento, está provocando una serie de problemas derivados. En efecto, el subsidio fiscal se dirige tanto a Corporaciones públicas como a entidades privadas, sin que exista una clara respuesta a la simple pregunta de ¿qué es lo que específicamente financian tales recursos? Muchos piensan que con eso se financia (parte de) la docencia; pero en estos días hemos visto que los aumentos de los aranceles para 1997 se han justificado en los costos actuales de las carreras. Otros creen que con tales recursos se financia la investigación y la extensión artística y cultural, un marco en el que no cabría la práctica observada, en el sentido de que todas las entidades universitarias serían igualmente elegibles para obtener los recursos que adicionalmente pueda colocar el Estado. En este caso, los recursos deberían dirigirse hacia donde sean más productivos para la sociedad, es decir donde se estén al menos realizando dichas actividades; mejor aún si se puede elegir donde ellas se estén llevando a cabo de la mejor manera.
No hay claridad sobre estas materias. No existe siquiera un debate que proponga arrojar luz sobre las mismas. En justificación de los mayores aranceles se ha dicho que las universidades públicas necesitan recursos para invertir. Públicas y privadas argumentan que los costos de la docencia son más altos que los precios. ¿ Qué incluyen tales costos en términos de las tareas universitarias?, ¿Cómo juega el financiamiento del Estado en dicho contexto? Se ha insistido en que los recursos son insuficientes para solventar los gastos de las universidades ¿Hay alguna forma en que el Estado evalúe los resultados y la gestión de los entes que está financiando? Sobretodo aquéllas que han empleado significativos recursos en crear carreras nuevas (duplicando las que actualmente ya entrega el Estado), sienten que se les debe apoyar en sus aventuras financieras. ¿Cuáles son las respuestas de la autoridad?
Nos han dicho que resulta inconveniente seguir ajustando hacia arriba los aranceles. Nada más apropiado, si queremos seguir manteniendo la diversidad social que necesita tener una verdadera universidad. Pero, ¿hay alguna forma en que tal fin se garantice actualmente, independientemente del alza en aranceles? ¿No sería mejor que el Estado, por intermedio del Gobierno y de la autoridad en materia de educación superior, explicite una clara política financiera que exprese los fines específicos de las asignaciones directas, el modo en que se evaluará el cumplimiento de tales fines, la forma en que se buscará asignar los recursos donde exista la mayor excelencia académica? En tiempos en que se habla de la modernización del Estado, ¿no será conveniente que conversemos sobre esta materia para definir una política que el país requiere urgentemente?".