IV.7.2 La Gestión universitaria (La Época, Abril de 1997)
"Muchos observadores se sorprenden por la inexistencia de compromisos efectivos por parte de las instituciones de educación superior, como contrapartida de los recursos directos que ellas reciben del Estado.
Instituciones públicas y privadas no están obligadas a declarar programas de desarrollo ni acciones de corto plazo, que justifiquen el financiamiento que les proporciona la ciudadanía.
En particular, en el caso del sector privado, esto sienta un precedente que no existe en otros ámbitos, y que parecería indicar que, por una definición que resulta desconocida, el Estado tiene la obligación de financiar sus actividades, sean cuales fueren.
A la sombra de una mal entendida autonomía, tanto instituciones privadas como públicas utilizan dichos recursos con plena libertad, requiriendo además el pago de aranceles para financiar la docencia. ¿ Cuáles son las acciones que efectivamente financian los recursos estatales? ¿Donde se observan los déficits de contribución estatal? ¿ Cuáles son los planes de desarrollo que justifican las demandas por mayores recursos?
En el tema anterior se envuelven dos aspectos poco considerados en la discusión sobre el tema universitario. Por una parte, la inexistencia de un verdadero control de gestión universitaria, que permita al Estado implementar una asignación más eficiente en función de resultados, no de simples juicios políticos. Esto requiere el diseño de una verdadera política universitaria, mucho más allá que de un cuerpo legal que parcialmente imponga normativas destinadas a homogeneizar una parte del sistema.
Por otra parte, el débil estado de los sistemas de gestión interna en las universidades, particularmente en cuanto a la toma de decisiones con proyección de largo plazo. Estamos llenos de ejemplos sobre la improvisación, el cortoplacismo, el excesivo énfasis en las finanzas de corto plazo, la promoción de un competencia desleal, la falta de apego al rol trascendente que universidades estatales y privadas han de cumplir en el país. El cambio en mentalidad, que resulte en una universidad comprometida con una más eficiente función social, requiere de un liderazgo responsable en el ámbito de la gestión académica y financiera, no sólo de buenos gestores políticos.
El diálogo universidades-Estado debe ampliarse para considerar el proyecto-país y los requerimientos del mismo en relación al proyecto universidad. Esto requiere voluntades distintas y un compromiso que vuelva a colocar al quehacer universitario en el papel digno que permitió que Chile, merced a su producción profesional e investigativa, pueda figurar hoy día como un país que se moderniza aceleradamente".