Discurso del Prof. Luis A. Riveros, Rector de la Universidad de Chile, en Seminario "Impacto de la calidad de la Educación Pública en el desarrollo del país. Propuestas para una acción sostenible".

En el marco del 161º Aniversario de la Universidad de Chile.

(Transcripción)

Siempre la ventaja de hablar al último es que ya se ha dicho prácticamente todo. Me quiero referir a tres temas y lo voy hacer brevemente, porque muchos de ellos han estado ya ilustrados por las presentaciones de Cristián (1) y del Senador Parra (2). En primer lugar, a todos los retos que representa para el país el desarrollo de nuestra educación; en segundo lugar, específicamente, a los problemas de calidad en la Educación Superior y, en tercer lugar, al rol que le corresponde o debería corresponderle al Estado en esa materia.

Primer punto. El país ha escuchado en todos los discursos, de distintos sectores, que enfrentamos este desafío del crecimiento económico, que llegaremos a ser un país que ingrese (hay discrepancia en el número de años) al mundo industrial y que eso se hace mirando la experiencia de los últimos 15 años, probablemente descontando los 2 ó 3 últimos años de desaceleración económica y, por lo tanto, que el país debiera esperar para la nueva generación, probablemente, una situación mucho mejor que nuestra atávica situación de atraso, de pobreza y de problemas sociales y económicos. Pero poco se ha destacado el cómo se logra eso, eso significa efectivamente sostener una tasa de crecimiento probablemente del 6% por año durante unos 20 años para poder alcanzar el piso actual del mundo industrial. Es decir, dar un salto desde los 5 mil dólares per capita a los 17 mil dólares per capita, y eso solamente mirando el ingreso per capita. Mirando otras cosas que van más allá, tampoco es claro cómo vamos a lograr una mayor integración nacional, una modernización productiva que tiene que ir asociada con ese salto que tanto se anuncia, tanto se promete cada vez que empiezan a mejorar los indicadores económicos. Y por cierto, una de las cuestiones que aquí incide, fundamentalmente, es el tema de la productividad y, en consecuencia, el rol que en este aspecto debe cumplir la educación a todo nivel.

En segundo lugar está el tema distributivo. Como sabemos, Chile es uno de los países que exhibe una de las peores distribuciones de ingreso del mundo, medida de distintas maneras, y esta es una situación muy histórica (también hay debates sobre si esto se ha acentuado en los años recientes o ha sido permanente por lo menos en los últimos 50 años), pero la cuestión es que somos un país que tiene una distribución del ingreso bastante mala, comparable en Latinoamérica sólo al caso de Brasil. La cuestión es que, si queremos tener crecimiento, debemos tener inversión, y para tener inversión hay que tener un clima de estabilidad social y política, y no hay manera de sostener un clima de estabilidad social y política con disparidades distributivas del nivel de las que estamos hablando y que se reflejan de muchas maneras. Se refleja, por ejemplo, en las tremendas discrepancias en el desarrollo de las distintas regiones del país, de los distintos segmentos de nuestra sociedad; se refleja también en este hecho de que tenemos un país de primer mundo en telecomunicaciones, en servicios financieros, en infraestructura vial, aeroportuaria, pero somos país del tercer mundo cuando se mira la educación o la salud pública, o cuando se mira la inversión en temas sociales en muchas regiones del país. Y por cierto, enfrentar este tema distributivo, este tema que en definitiva tiene mucho que ver con el crecimiento y el potencial de inversión, también tiene que ver con educación, y sobre todo con la capacidad de proveer educación de calidad a los segmentos más carenciados y menos potenciados, para apoyar este proceso de crecimiento económico que todos esperamos.

Cuál ha sido hasta ahora la respuesta de la educación así vista. Creo que se sintetiza en una sola palabra: mala. La educación chilena es de mala calidad, la educación chilena tiene indicadores que son bastante pobres respecto a cualquier país del nivel de ingreso per capita nuestro, e incluso de menor ingreso per capita, y eso tiene múltiples manifestaciones, no sólo en los resultados ya sabidos en las pruebas nacionales tipo SIMCE, la propia Prueba de Aptitud Académica o ahora de selección universitaria, las pruebas de comparación internacional que nos colocan hoy día a la cola de países comparables, y esa es nuestra realidad educacional. Una educación de pobre calidad, de escasa proyección aunque de buena cobertura, pero la verdad es que el tema de la cobertura surge contradictorio con los resultados que estamos observando desde hace ya bastante tiempo. Todo esto se da en un ambiente en que existe una gran disparidad al interior del sistema educativo, porque hay colegios buenos y colegios malos. Los colegios malos se centran en la educación pública, como ha destacado el Senador Parra, porque el esfuerzo que hay ahí es todavía menor y porque la gestión que se realiza con la institución pública es todavía peor en un ambiente de municipalización, que todavía ni siquiera hemos discutido qué implicancias ha tenido en circunstancias que debiéramos probablemente revisar eso como el primer instrumento para organizar mejor la gestión del sistema. Un sistema educacional que en sus resultados tiene como protagonista número uno al profesorado, un profesorado mucho más desmotivado y de menor calidad de lo que fue tradicionalmente en el país y sobre el cual es necesario una iniciativa distinta. El país necesita una revolución en formación de profesores, una revolución en capacitación docente, y eso se ha emprendido con poco ánimo, pocos recursos y alegando siempre desde las posiciones de la autoridad que el crecimiento en la cobertura e iniciativas como la jornada escolar completa u otras satisfacen requerimientos, cuando en realidad a los niños les estamos dando más de lo mismo, y más de lo mismo significa tener al sistema completamente aplastado en función del potencial que debiéramos, por otra parte, requerir de él para el proyecto-país en términos de crecimiento y de mejorar la distribución del ingreso.

De manera que creo que el conjunto del sistema educativo sufre una gran crisis que se ha venido arrastrando, que necesita más recursos, pero que sobre todo necesita mejores políticas y orientaciones que no se han adoptado, porque ha habido una gran concentración en el tema de la cobertura que es evidentemente una de las necesidades, pero la profundización en calidad no ha sido abordada integralmente a pesar de todos los esfuerzos y, como Cristián lo ha destacado, a pesar de haberse triplicado el uso de recursos en el sector de educación de los últimos 12 años.

En segundo lugar, quiero referirme al tema de la calidad, y me voy a concentrar para esto en la Educación Superior. La Educación Superior ciertamente ha tenido una enorme expansión en los últimos años. La autoridad muchas veces señala con bastante satisfacción que los números han crecido de comienzos de los '80 de unos 100 mil estudiantes a unos 400 mil en el sistema. La pregunta es, qué ha respaldado ese crecimiento. Es un crecimiento naturalmente necesario para que el país cuente con más profesionales, más técnicos y más conocimiento para las tareas que tienen que ver con el ambiente económico y social, pero la verdad es que nadie podría decir que ha crecido en similar proporción la formación, por ejemplo, de posgrado, o que ha crecido en igual proporción la investigación básica o aplicada, o que ha crecido en igual proporción la inversión en laboratorios, en equipamientos, en bibliotecas, etc. Entonces, la verdad es que esta enorme expansión que ha experimentado la Educación Superior, ha estado bien fundamentada simplemente en la existencia de una demanda insatisfecha que, probablemente, se extiende bastante en el tiempo. Todos recordamos la época de la universidad para todos, hoy día hay universidad para todos, pero evidentemente que el crecimiento que ha tenido el sistema de Educación Superior y de universidades ha sido bastante insatisfactorio desde el punto de vista de su fundamento en términos de la inversión que se requiere en conocimiento, en docentes, en investigación. Probablemente eso es lo que explica que actualmente alrededor de un 25% de la oferta total que existe en el sistema esté explicado por las carreras de derecho, de sicología, de ingeniería comercial, de periodismo o de arquitectura. La pregunta es, ¿el país está preparado para recibir con condiciones de empleo a mil abogados por año, a mil periodistas por año, a mil ingenieros comerciales por año?. Naturalmente la respuesta, la reconozco, depende mucho del juicio que uno tenga respecto de la expansión del mercado laboral, y también un poco del grado de cinismo con el cual uno enfrente la respuesta, porque uno muy bien puede decir que los choferes de taxis estarán mucho más ilustrados en el futuro o que los vendedores tendrán también una formación mucho más sólida en las materias legales que estén envueltas en la transacción de que se trate. Pero la verdad de las cosas es que aquí hay un crecimiento que ha estado bastante desproporcionado, y eso tiene que ver mucho con la insatisfacción de demanda por una parte, una cultura de que un título es un título y la gente está dispuesta a pagar por eso para sus hijos, es una forma de movilidad social y eso es muy respetable; pero por otro lado ese crecimiento no necesariamente ha estado respaldado por calidad en docencia y en investigación. No estoy sugiriendo que toda universidad deba ser una entidad de investigación, por eso el mundo distingue universidades complejas que realizan todo el rango de trabajo universitario del pregrado al posgrado y la investigación básica y aplicada, y aquellas que son más orientadas a la formación profesional estrictamente. Pero incluso en aquellas, existen también dudas que no han sido abordadas con investigación sistemática respecto a la calidad en que se está realizando la docencia, porque todos sabemos que en el país existen universidades buenas y malas, y también hay otras que son muy malas.

En segundo lugar, naturalmente, todos creemos en la soberanía del consumidor. Es decir, las personas compran lo que quieren, y eso es cierto aplicado al pan, a la ropa, o a cualquier cosa, y evidentemente también podríamos aplicarlo al caso de la Educación Superior. Las personas estudian derecho porque quieren estudiar derecho, y los padres están dispuestos a financiar eso con esfuerzo poco o mucho, pero en definitiva esa es un poco la noción que tiende a persistir. Pero el problema es, y recojo aquí lo que ha dicho Cristián Larroulet, la información es inadecuada. Hoy día no sabemos qué es lo que ofrece cada una de las universidades, y no estoy ni siquiera hablando de las señales globales, en que hay universidades tradicionales y no tradicionales; déjenme decirles que hay bastantes universidades tradicionales que han entrado también en esta aventura de hacer crecer carreras, "carreritas" y ofertas de todo tipo en todo el país, independientemente del requerimiento de que se concentren en algunos nichos de desarrollo académico o de formación profesional o de investigación. De manera que esto no es aplicable solamente, como siempre se lee, a las universidades privadas, porque son nuevas, son todas malas y nosotros las antiguas somos todas mejores. No, la verdad es que aquí la información está tremendamente distorsionada. No existe un sistema, y para crearlo no necesitamos ni un proyecto de ley, ni una reforma a la Constitución, ni ninguna reforma a la LOCE, ni ninguna de estas justificaciones que se dan para no tener un sistema de información relativamente transparente y disponible. Es decir, han pasado casi 25 años desde la instauración de la nueva ley sobre universidades y Educación Superior y nunca hemos tenido un sistema, ni un intento serio para tener un sistema de información que diga efectivamente qué es lo que tenemos. Y creo que en pocos días más el Ministerio de Educación va a inaugurar recién una página web que va a contener información sobre carreras, sobre profesiones, sobre la oferta de profesionales, sobre empleos profesionales, sobre remuneraciones de profesionales, pero ya es bastante tarde, porque desgraciadamente la instauración de este tipo de cosas requiere también otra cuestión que es muy importante, que es la información al consumidor, y eso implica una difusión y una culturización respecto al sistema que hoy día tenemos, porque efectivamente este puede funcionar, pero sobre la base información, la cual debe ser provista de la manera más independiente posible.

En tercer lugar, en materia de calidad, hay una diversidad de ofertas en un sentido esencialmente formal, pero en términos de fondo, la verdad de las cosas es que se enseña el mismo derecho en todas partes donde se forman abogados, y se enseña prácticamente la misma ingeniería comercial y el mismo periodismo en todas partes. O sea, la innovación que está detrás de estas cosas, del crecimiento del sistema, es bastante pobre, es bastante incompatible con esta idea de una diversidad de ofertas que precisamente haga crecer y permita un desenvolvimiento de la actividad. Desde luego, esa diversidad de oferta siempre ha tendido a copiar programas. O sea, si vamos a hacer una carrera de periodismo, copiemos el programa de la universidad A y la universidad B y tratemos de hacer lo mismo, y la verdad de las cosas es que cada vez que uno compara los programas de estudios de distintas instituciones son prácticamente los mismos, si es que no se repiten también los mismos profesores. Es decir, la capacidad de innovación es muy baja, por lo tanto, la capacidad de innovación en términos de calidad del sistema es bastante pobre.

Qué es lo que falta por hacer. Yo creo que mucho. Necesitamos un sistema de acreditación, no estoy claro que necesitemos una ley para eso, pero de nuevo la pregunta es, por qué no nos hemos atrevido, como lo hicimos en el caso de posgrado, a tener un sistema de acreditación que empezara a caminar y a proporcionar resultados, información, a construir su transparencia, que no es un tema que se defina simplemente por un proyecto de ley. Se han puesto todos los esfuerzos en discutir ese proyecto de ley casi diciéndose "sin esa ley no puede haber acreditación", y eso no es así. Acreditación puede ocurrir o podría haber ocurrido con ley o sin ley, porque no es ilegal, por otra parte, una acreditación que necesita efectivamente acreditar primero que nada a todos aquellos que recibimos recursos del Estado. Eso en esta institución lo hemos sostenido por años: nosotros queremos un sistema de acreditación, porque es muy importante también para mejorar la gestión interna, porque si alguien me enciende una luz amarilla evidentemente que tengo que hacer correcciones, y eso me proporciona un instrumento muy importante para poder hacer mejor gestión institucional.

Y en segundo lugar, a mí me parece que lo único importante de la ley es poder permitir que existan agencias privadas que lleven a cabo el proceso de acreditación, pero así como se puede llevar a cabo la acreditación en posgrado o en pregrado con agencias privadas, me parece que es fundamental que alguien acredite a los agentes acreditadores, porque todos sabemos que en estos sistemas hay múltiples mezclas que se pueden realizar y que pueden comprometer al proceso de acreditación con la propiedad de las instituciones ya están siendo acreditadas, y es mejor tener un sistema transparente de acreditación de las agencias que lleven a cabo esas tareas. Y para eso sí que me parece importante el proyecto de ley que actualmente está en discusión. Qué es lo que se ha discutido efectivamente en torno a ese proyecto de ley. Yo diría que no es tanto el fondo del problema, no es tanto respecto de la necesidad o no de la acreditación, y ni siquiera respecto del tema de cómo se administra. La cuestión ha residido fundamentalmente en cómo se compone una comisión de acreditación que en esa ley ha estado como el elemento central que manejará toda la información, y por lo menos la discusión que yo vi en la comisión de la Cámara de Diputados -que fue bastante interesante porque habían distintas visiones sobre el problema- terminó siendo un empate cero a cero, porque cuando se llegó a un acuerdo de cómo se componía esta comisión, pasó entonces la discusión a ser mucho menos interesante y empezó a ser básicamente objeto de transacciones respecto a quiénes, qué instituciones o qué tipo de personas o individuos compondrían esa comisión.

A mí me parece que es muy fundamental tener una agencia acreditadora que esté responsabilizada en una superintendencia de educación. Del mismo modo, y lo he sostenido en muchas instancias, este no puede ser un rol radicado en un ministerio o en una agencia de Gobierno, tiene que ser una institución pública, ciertamente, pero no gubernamental, porque tiene que tener independencia. Yo creo que en el país hemos aprendido mucho respecto a temas de regulación en bancos, a temas de regulación en materias de seguros, en Isapres, en servicios, y la pregunta es, por qué no somos capaces de reproducir esas buenas experiencias para poder tener una regulación aceptable del sistema de Educación Superior, que es fundamental. A mí me parece que tiene que ver con una regulación de calidad, pero sobre todo en el tema de la información. Y también hemos sostenido acá lo que decía Cristián Larroulet, y también lo sostuvo el Consejo Universitario cuando fue consultado sobre esta materia, aquí no puede existir un proceso de acreditación que diga en el caso de las carreras de pregrado: "éstas están acreditadas y éstas no están acreditadas", sino que tiene que existir un rango de notas o un rango de calificaciones en el proceso de acreditación, porque esas son precisamente las luces amarillas o las luces rojas que permitirán que el sistema funcione con un poco más de transparencia y con un mayor grado de eficiencia. En todo esto, a mí me parece que el rol que tiene que cumplir el Estado en un sentido amplio, no el Gobierno, es central. El Estado tiene una gran responsabilidad en materia de información que no ha cumplido y tiene una gran responsabilidad en materia de regulación, que tampoco ha cumplido, porque es cierto lo que dice Cristián Larroulet, que cuando se puso este proceso de autonomización de las universidades en funcionamiento, al final pasaron todas a ser autónomas, porque nadie se atrevió a decirle a una universidad: "mire, usted no tiene estos estándares que aquí son requeridos". La verdad es que gastamos una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo en un proceso cuyo resultado fue prácticamente nulo. Eso no puede volver a pasar con un sistema de acreditación que el país necesita, porque la verdad es que hemos llegado a situaciones pintorescas, no es sólo el caso de esta universidad que abrió una carrera en Cañete, sino también está el caso de la escuela de derecho que se abrió en Cabreros y el caso de la escuela de periodismo que se abrió en Portezuelos, y hay aquí universidades de todo nivel que están buscando todo tipo de alternativas que en definitiva constituyen, en gran medida, un engaño a las personas, a las familias, a los eventuales estudiantes, porque después, prontamente como esta universidad que cierra su carrera al segundo año, o más tardíamente cuando los estudiantes van con el título de esta universidad a buscar empleo, se verifica que hay un engaño, una agresión a la fe pública que evidentemente el Estado no puede permitir.

Finalmente, el otro tema, en términos del rol del Estado, es el tema de la educación pública. La educación pública universitaria ha dejado de ser educación pública en un sentido financiero, porque en un sentido financiero las universidades del Estado son todas privadas: esa es la verdad, unas más, otras menos, pero no existen como un instrumento del Estado y los incentivos que uno tiene son en más de un 80% privados, desde el punto de vista de a quién tiene que responderle uno. Pero por lo menos, debe existir en estas universidades una responsabilidad, y la pregunta que a mí me parece más fundamental es qué es lo que al final interesa de la educación pública, en los niveles de la educación media, de la básica, pero me concentro en la universitaria. La educación pública debe ser un referente de calidad, no hay nada más difícil en educación que regular calidad. Qué es lo que es calidad, la calidad tiene muchas connotaciones y, por lo tanto, no existe una regla escrita que uno pueda poner para decir, aparte de los casos obvios, esto es de calidad o esto no es de calidad. Y a mí me parece que hay una gran responsabilidad en las instituciones de educación pública en cuanto a ser referentes de calidad en el sistema. Por lo tanto, no tiene sentido, desde el punto de vista de la política pública, que existan instituciones públicas de educación que sean de mala calidad, porque eso, esencialmente, en un contexto profundo, no sirve para los objetivos últimos de la tarea que tienen que desarrollar. Y garantizar calidad evidentemente significa asumir un compromiso con los procesos de acreditación, pero significa también compromisos desde el punto de vista del financiamiento que el Estado tiene que poner en investigaciones que han de desarrollar trabajo de docencia de primer nivel y de investigación.

De manera que a mí me parece que el Estado ha ido dejando de lado la discusión de estos temas, pero sobre todo el Estado o el Gobierno ha ido abordando tardíamente problemas que son de extraordinaria urgencia, y creo que los resultados los vamos a ver pronto, si es que no los estamos viendo ya, en términos de la tremenda desilusión de tantos estudiantes formados y hoy día con título, que efectivamente no han sido informados de que el mercado podría no reconocerlos como profesionales con algún tipo de acreditación o certificación.

Yo me he fijado siempre en el caso de los países industriales, creo que hay muchas cosas que no debemos aprender de ellos y otras cosas que sí debemos aprender. En los países industriales, en todos ellos: Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Israel, la educación pública existe, es una educación de buen nivel, por eso algunos van a universidades privadas como Cristián Larroulet, que fue a Chicago, y otros vamos a una entidad pública como la Universidad de California, pero son ambas entidades de gran nivel y de primer nivel. La pregunta es por qué no podemos crear en Chile un sistema, desarrollarlo, alentarlo, que permita la subsistencia de las buenas instituciones privadas y de las buenas instituciones públicas con una regulación que sea adecuada para proveer calidad, pero sobre todo para garantizar la fe pública. Creo que esa es la gran pregunta que tenemos que resolver. Desgraciadamente no lo hemos visto en los discursos políticos recientes, pero a mí me parece que es la gran pregunta que está en definitiva sirviendo como respuesta también a la gran pregunta sobre el potencial del crecimiento económico y de mayor equidad para Chile.

Muchas gracias.

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