Según los recientes informes de Naciones Unidades la tierra se enfrenta a una triple emergencia: “El clima se calienta a un ritmo demasiado rápido para que las personas y la naturaleza se adapten; la pérdida de hábitat y otras presiones sobre la naturaleza han conllevado a que aproximadamente 1 millón de especies estén en peligro de extinción; y la contaminación continúa envenenando nuestro aire, tierra y agua”.
En medio de esta crisis, ¿en qué posición se encuentra Chile?
Hablamos con la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, ex directora del Centro de Derecho Ambiental y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Valentina Durán.
¿Qué se puede decir de la situación actual a nivel país sobre el medio ambiente?
Todos sabemos que estamos viviendo una triple crisis. Una crisis climática, una crisis ecológica y una crisis de contaminación, entonces como lo ha explicado muy bien la ministra Maisa Rojas, estamos transitando por una década en que se nos está cerrando la posibilidad de actuar, en el sentido de lograr que el aumento de la temperatura de la atmósfera no supere los 1.5 grados, y esa es una tarea que se está haciendo muy difícil de abordar. Nosotros como país, a pesar de que representamos un porcentaje muy bajo de las emisiones, igualmente podemos contribuir con esfuerzos de mitigación, sobre todo en el contexto de la nueva Ley Marco de Cambio Climático. Y también podemos hacer un esfuerzo importante en materia de adaptación. Como país hay varios esfuerzos que se han hecho de reportes del estado del medio ambiente, en los cuales la Universidad de Chile también ha contribuido.
Este gobierno se instala en esta realidad tan compleja.
En ese contexto de crisis, tenemos por primera vez un gobierno que se plantea como un gobierno ecológico y desde mi mirada es primera vez que la protección del medio ambiente está en un nivel tan prioritario, porque sin duda hemos llegado a un momento en que la protección del medio ambiente no es una barrera al desarrollo y al crecimiento, sino que por el contrario es una condición del desarrollo sostenible, y lo mismo podemos decir de la evaluación de impacto ambiental, que es lo que me toca a mí en mi papel de directora del Servicio y de la participación ciudadana.
Pero creo también que estamos transitando un momento de muchos consensos. En la discusión que se ha dado en la Convención Constitucional podemos ver la importancia y la transversalidad que ha tenido la protección del medio ambiente y de la naturaleza en los distintos capítulos del texto que hoy día se está proponiendo a la ciudadanía. Así que estamos en un momento de cambio de paradigma en el que ya nadie puede pretender que hay una dicotomía entre la economía y la protección del medio ambiente y la preocupación por el clima. Y en ese sentido vienen desafíos importantes de integración y coordinación dentro del sector público con el sector privado y con la ciudadanía.
En una entrevista reciente mencionó que había que entregarle cierta “paz a la ciudadanía” para que tuviese confianza en las instituciones.¿Cómo se logra eso, cómo se revaloriza no sólo el Servicio sino que el sistema completo?
Mi papel, como directora del Servicio de Evaluación Ambiental, es desarrollar tres ejes centrales. Lo primero es asegurar una evaluación técnica y de excelencia, y eso significa asegurarle a la ciudadanía y a los titulares que nosotros vamos a hacer cumplir la normativa ambiental, y eso no solamente tiene que ver con que se cumplan cada una de las normas que integran todo este sistema ambiental, sino también cumplir con los procedimientos establecidos, porque nosotros tenemos que dar garantías de igualdad ante la ley, o sea que vamos a tratar a todos los titulares por igual, por más grande o pequeñas que sean las inversiones. Y también tenemos que darle certezas a la ciudadanía, y eso se traduce en ser predecibles, lo que significa que si uno observa un proyecto pueda entender qué es lo que va evaluar el Servicio y qué es lo que va a recomendar. La ciudadanía tiene que tener la certeza de que aquí no van a ver excepciones.
El segundo eje es la implementación del Acuerdo de Escazú (recientemente aprobado por el Senado), que implica tres derechos de acceso que son derechos humanos y cuya implementación queremos asegurar: el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación y el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, además de por supuesto la protección de los defensores de derechos ambientales. Para nosotros, esos tres derechos de acceso que forman parte del concepto de democracia ambiental son muy importantes también en el contexto de las certezas y de la confianza que tenemos que dar. Porque esto se trata finalmente, de construir una sociedad pacífica y justa, que es el ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) número 16, que tiene que ver con el Estado de Derecho, con que las instituciones funcionen, y con que seamos predecibles y confiables para poder finalmente tener un clima de paz que es el que todos necesitamos para desarrollarnos.
Y el tercer eje tiene que ver con incorporar las variables de cambio climático a la evaluación de impacto ambiental, porque tenemos una nueva Ley Marco de Cambio Climático que considera la incorporación de estas variables en la evaluación de impacto ambiental. Es decir, en la crisis climática, las predicciones que tenemos que nos da la ciencia es información que tenemos que incorporar y ahí hay un gran desafío técnico.
Pareciera entonces que si bien el contexto es más que adverso, el Acuerdo de Escazú y la Ley Marco de Cambio Climático son dos oportunidades muy importantes en materia ambiental.
Por supuesto. El presidente Boric está honrando sus compromisos en el sentido de seguir una política de Estado en materia de acción climática, con un trabajo que viene desde hace ya algunos años. El gobierno anterior avanzó y dejó prácticamente terminada esta Ley Marco de Cambio Climático, por lo que afortunadamente acá hay políticas de Estado. Y en ese sentido, el presidente Boric ha cumplido con su palabra de lograr la adhesión al Acuerdo de Escazú, entonces apenas se haya depositado este instrumento vamos a ser parte. Tenemos esas dos herramientas que son fundamentales y que nos van a permitir desarrollar instrumentos adicionales para poder enfrentar esta situación de crisis. Así que creo que es un momento esperanzador, sin perjuicio de que evidentemente hay personas que viven en territorios que han sido más castigados que otros. Y aquí hay una cuestión de derechos humanos que es muy importante de entender. Cada vez está más claro que cuando se afecta el medio ambiente se afectan también derechos humanos y por eso que como parte de un organismo de la administración del Estado, dentro de nuestro rol, tenemos que atender también a las necesidades y a la voces de la ciudadanía.