La transición energética es clave para enfrentar el cambio climático, pero su implementación también implica nuevos desafíos: mayor demanda de materiales, presión sobre recursos escasos y acumulación futura de residuos.
A raíz de estas variables, un grupo de investigadores de la Universidad de Chile desarrolló una estrategia de aplicación de indicadores de economía circular en la planificación de la transición energética, tomando en cuenta factores como el uso de materiales críticos, impacto absoluto de la infraestructura y distribución territorial de cargas.
El trabajo fue publicado en la revista Industrial & Engineering Chemistry Research, titulado: Beyond Emission Reductions: Circular Economy Indicators for the Energy Transition of the Power Sector. La investigación fue liderada por el académico Dr. Felipe Díaz Alvarado, especialista en Economía Circular, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales. En colaboración con el Dr. Rodrigo Palma Behnke, profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Eléctrica. La primera autoría corresponde al estudiante de Magíster de la facultad Claudio López de Lérida Elías.
Más allá de la disminución del CO₂
En la discusión pública sobre transición energética, el foco suele estar puesto en metas climáticas: más renovables con menos emisiones. Sin embargo, el equipo advierte que este enfoque puede producir una “transferencia” de impactos si no se consideran las consecuencias materiales de la infraestructura.
“Uno podría decir ‘Voy a desarrollar toda esta tecnología’, pero estoy usando materiales extremadamente escasos o muy difíciles de obtener, y su obtención genera mucho impacto ambiental. De alguna manera uno está arreglando un problema ambiental, pero provocando otro”, señala el Dr. Díaz Alvarado.
La idea central del estudio es que la planificación eléctrica necesita métricas complementarias para evaluar límites físicos y presiones sobre recursos, especialmente cuando los escenarios de desarrollo incluyen grandes volúmenes de infraestructura (por ejemplo, expansión solar y eólica, redes de transmisión y almacenamiento).
“Antes de proyectar cambios, quisimos medir. La economía circular no es solo reciclar, sino reducir desde el inicio la cantidad de materiales y usar insumos menos escasos. Por eso definimos tres indicadores que ponen el foco en las entradas del sistema energético”, explica el investigador.
A partir de ese enfoque, proponen los indicadores:
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Impacto material relativo (REMI): Mide la “presión material” en relación con el servicio energético entregado. Es decir, no solo cuántos materiales se usan, sino cuánto material escaso se requiere por unidad de energía.
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Impacto material absoluto (AMI): Cuantifica el impacto total de materiales asociados a la infraestructura. La diferencia es clave: un sistema puede verse “eficiente” pero crecer tanto que su huella total aumente de manera significativa.
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Autosuficiencia energética con dimensión territorial: Busca reflejar cómo se distribuye la relación entre generación y consumo, incorporando una preocupación inspirada en justicia ambiental, evitar configuraciones donde algunos territorios concentran cargas e impactos sin recibir beneficios proporcionales.
Uso práctico de los indicadores y proyecciones
Para demostrar el uso práctico de estos indicadores, el equipo aplicó la propuesta a un caso de estudio en la Región de Tarapacá, ilustrando que dos planes que cumplen metas de transición pueden diferir considerablemente cuando se evalúan desde la economía circular.
Sobre estas situaciones, el académico explica: “Hay una zona que soporta mucha carga ambiental, mucho impacto ambiental, y no ve esos réditos, eso de alguna manera nos parece injusto. La definición de justicia ambiental sería que las cargas ambientales y los beneficios están igualmente repartidos”. En ese marco, el indicador territorial apunta a evitar que el diseño futuro del sistema consolide o cree nuevas zonas de sacrificio, incluso bajo escenarios de descarbonización.
Si bien el trabajo se desarrolló en el marco académico del magíster, el grupo de investigadores destaca que la propuesta ya ha inspirado aplicaciones en colaboración internacional, por ejemplo, ejercicios de evaluación y planificación en México, lo que pone a disposición estos indicadores en otros territorios y sistemas.
En Chile, el siguiente paso es avanzar hacia espacios donde estas métricas podrían incidir directamente, como organismos públicos vinculados a planificación energética.
“En temas de sostenibilidad muchas veces es difícil darse cuenta de cuál es el impacto de las cosas que hacemos. En sistemas eléctricos escuchamos mucho descarbonizar la matriz y reducir emisiones, y todo eso está muy bien. Pero el punto es: ¿a qué costo? No solo económico, sino en términos de otras consecuencias”, concluye el investigador.