En un contexto donde la seguridad pública ocupa un lugar central en la agenda política y donde proliferan enfoques punitivos en la opinión pública, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de seguridad y en el sistema penal se ha transformado en una discusión abierta. Pese a que se impulsaron avances institucionales en esta materia, como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, persisten tensiones respecto de cómo el Estado comprende y enfrenta las distintas expresiones de violencia y las desigualdades estructurales.
Para la coordinadora del Diploma en Criminología, Género y Sistema Penal e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Monserrat Díaz, uno de los principales desafíos sigue siendo superar la idea de que seguridad y género constituyen ámbitos separados; temas que aborda en esta entrevista.
-En el Chile reciente, ¿en qué medida la violencia contra las mujeres ha sido abordada como un problema de seguridad pública y de Estado?
Históricamente, la violencia contra las mujeres y la seguridad pública han sido tratadas como ámbitos separados. Esto responde no solo a un problema técnico, sino también conceptual: la seguridad ha sido entendida desde una lógica androcéntrica, centrada en delitos tradicionales y en el control del orden público, mientras la violencia de género fue relegada al ámbito privado o abordada como un problema sectorial. Sin embargo, en Chile esta separación ha comenzado a modificarse, especialmente a partir de cambios legislativos y de una mayor visibilización pública del problema.
Esta desvinculación tiene efectos concretos. Las políticas de seguridad que no incorporan perspectiva de género no son neutras: pueden invisibilizar violencias específicas, reproducir desigualdades e incluso restringir derechos. El debate actual ocurre, además, en un contexto marcado por el resurgimiento de enfoques punitivos asociados a la “mano dura”, que prometen respuestas rápidas pero suelen simplificar fenómenos estructurales.
Un ejemplo claro es la política de drogas: la evidencia criminológica muestra que las estrategias de “guerra contra las drogas” han impactado de forma desproporcionada a mujeres en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellas ubicadas en los eslabones más bajos del tráfico, generando encarcelamiento, fragmentación familiar y debilitamiento de redes de cuidado sin afectar significativamente los mercados ilegales.
-¿Por qué considera importante incorporar la perspectiva de género en las políticas de seguridad?
Porque las decisiones en seguridad no tienen efectos iguales para todas las personas. Hoy existe una disputa política y cultural en torno a los avances en igualdad de género, y en ese escenario las políticas públicas pueden contribuir tanto a reproducir desigualdades como a transformarlas. Cuando las políticas ignoran las dimensiones de género, sus consecuencias suelen profundizar vulnerabilidades preexistentes.
Además, persisten mandatos culturales profundamente naturalizados, como la asociación de los hombres con la violencia, el riesgo y el sacrificio, y de las mujeres con el espacio doméstico y las tareas de cuidado. Incorporar perspectiva de género no implica competir sobre quién sufre más violencia, sino comprender cómo estas construcciones producen experiencias diferenciadas y cómo las políticas pueden responder de manera más efectiva. Retroceder hacia explicaciones simplificadoras empobrece el debate público y limita la capacidad del Estado para enfrentar las violencias de forma integral.
-¿Qué limitaciones tienen los sistemas de información actuales para dimensionar la violencia de género, y orientar respuestas del Estado?
Uno de los principales problemas es que los sistemas de información disponibles no logran captar la complejidad de la violencia de género. Encuestas de victimización y registros administrativos suelen limitarse a distinciones binarias entre hombres y mujeres, y muchas veces esa información ni siquiera se integra con otras variables relevantes, reduciendo las posibilidades de análisis.
Esto afecta directamente la capacidad del Estado para diseñar políticas efectivas, porque aquello que no se mide difícilmente puede gestionarse. Por eso resulta clave avanzar hacia un “feminismo de datos” , entendido como la producción de información desagregada y sensible al género, capaz de visibilizar desigualdades y orientar de mejor manera las intervenciones públicas.
-Considerando estos desafíos, ¿qué capacidades deberían fortalecerse en quienes diseñan e implementan políticas públicas en seguridad, particularmente en la intersección entre criminología, género y sistema penal?
Una capacidad central es incorporar la perspectiva de género como un marco analítico transversal y no como un elemento accesorio de la política pública. Esto implica que quienes diseñan e implementan políticas comprendan no solo herramientas técnicas, sino también los fundamentos conceptuales que orientan diagnósticos, intervenciones y evaluaciones.
Otro desafío es superar la tendencia a utilizar el derecho penal como respuesta casi exclusiva frente a las violencias. Aunque la sanción es necesaria, resulta insuficiente para abordar fenómenos estructurales y, en algunos casos, puede incluso reproducir dinámicas de exclusión. Incorporar una perspectiva de género exige desarrollar capacidades para pensar respuestas más amplias, centradas también en prevención, cuidado y enfoques como la justicia restaurativa. Esto obliga, además, a tensionar ciertas respuestas punitivas que depositan en el sistema penal expectativas que difícilmente puede resolver por sí solo.
Precisamente, estos debates son parte de los desafíos que aborda el Diploma de Postítulo en Criminología, Género y Sistema Penal del CESC de la Universidad de Chile, que busca fortalecer capacidades críticas y aplicadas para comprender cómo las desigualdades de género atraviesan las políticas de seguridad, las instituciones penales y las respuestas del Estado frente a las violencias contemporáneas.