Cada año, el último sábado de junio miles de personas salen a las calles de Chile y el mundo a marchar, protestar y celebrar el Día Internacional del Orgullo LGBTI+. Lo hacen en memoria de quienes se atrevieron a resistir aquella madrugada del 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn de Nueva York, cuando una violenta redada policial desató cinco noches de protestas, lo que se transformaría en el origen del movimiento por los derechos de esta comunidad.
Pero lo que para algunos podría leerse como una festividad, constituye al mismo tiempo una manifestación política profunda: una reivindicación de derechos que, lejos de estar garantizados de manera definitiva, más de medio siglo después siguen siendo objeto de disputa.
Logros y avances alcanzados: el desafío es no retroceder
En el plano nacional, los últimos años han estado marcados por transformaciones legales y sociales significativas. Rodrigo Lara Quinteros, Encargado de Diversidades Sexuales de la Dirección de Género de la Facultad de Medicina, releva el rol del movimiento LGBTIQ+, por ejemplo, en "la despatologización de las sexualidades diversas y el cambio cultural en términos de reconocimiento de la diversidad sexual en lo cotidiano". Para el especialista, si se comparan décadas recientes con la actualidad, "podemos ver un incremento en el reconocimiento y la aceptación, por decirlo de alguna manera, de la diversidad sexual". A su vez, estos avances han estado acompañados de "un conjunto relativamente robusto de leyes que velan por la protección de ciertos ámbitos de la vida de las personas LGBT, como la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario y los derechos filiativos”.
Este camino normativo contemporáneo cuenta entre sus hitos con la despenalizazión de la sodomía entre adultos el año 1999. De ahí en más, en poco más de dos décadas, el país construyó una arquitectura legal que parecía impensable en los años previos. El Acuerdo de Unión Civil de 2015 ofreció un primer reconocimiento para las parejas del mismo sexo; mientras que el 2021 se promulgó la Ley de Matrimonio Igualitario, que extendió a todas las parejas los mismos derechos y responsabilidades legales.
Previamente, en 2012 se promulgó la Ley Antidiscriminación, conocida como Ley Zamudio, que fortaleció la protección jurídica de las personas LGBTI+ y contribuyó a visibilizar las diversidades sexo-genéricas, promoviendo el reconocimiento de sus derechos. Luego, en 2018, la Ley de Identidad de Género permitió a las personas trans mayores de 14 años rectificar legalmente su nombre y sexo registral, y en 2025, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el límite de edad establecido previamente, abriendo la posibilidad de que menores de 14 años soliciten la rectificación de su sexo registral y nombre, siempre que acrediten la madurez suficiente para ejercer este derecho.
Ese mismo año, la Ley 21.760 amplió el acceso a la adopción para familias homoparentales, incorporó a las personas unidas mediante Acuerdo de Unión Civil, eliminó el orden de prelación y prohibió toda forma de discriminación arbitraria, situando como criterio central el interés superior y bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, estos avances legislativos coexisten con una realidad que preocupa a las organizaciones de diversidades.
El orgullo como acto político en tiempos de incertidumbre
Según el XXIII Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual del Movilh, el 2024 fue el año con los primeros retrocesos desde la recuperación de la democracia, con un 78,7% de aumento en casos y denuncias por discriminación, y regresiones expresadas en los tres poderes del Estado. El panorama en 2025 fue aún más sombrío, porque marcó un punto de inflexión más profundo:
“Hay una contra respuesta de ciertos grupos que han sindicado a las diversidades sexuales y a los feminismos como enemigos o chivos expiatorios. Esto ha legitimado y puesto en escena, sobre todo en los medios digitales, una serie de discursivas de odio -en particular contra las identidades y las personas trans- que permean culturalmente. Hay una amenaza muy concreta que tiene que ver con esta 'batalla cultural', con la que se pone en cuestionamiento el reconocimiento y la valoración de la diversidad sexual”, sitúa Rodrigo Lara.
Este escenario ha tenido consecuencias legales e institucionales. El pasado miércoles 17 de junio, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó un proyecto de resolución que solicita al presidente Kast instruir a todos los ministerios dejar sin efecto las circulares, resoluciones y actos administrativos que establezcan el uso del lenguaje inclusivo en los servicios públicos, y que prohíba por decreto cualquier alteración gramatical motivada por razones de género, etnia u otra clasificación identitaria.
Asimismo, otra acción institucional es que el gobierno del presidente José Antonio Kast decidió no adherir a la declaración de derechos LGBTIQ+ en la OEA. Sobre esto, explica Lara, el argumento esgrimido es que "estos temas generan división". Con ello, agrega, "estamos ante un retroceso que no es solo simbólico: es concreto, material, y tiene consecuencias tanto en políticas públicas como en el plano cultural. Porque cuando el Estado corre ese cerco, también se empieza a redefinir qué identidades son válidas y qué se puede o no decir en el espacio público".
Universidad de Chile: El desafío de reforzar y profundizar los logros alcanzados
En medio de este escenario tensionado, la Universidad de Chile ha apostado por consolidar sus políticas internas sobre diversidades sexuales y de género, con una mirada de largo plazo.
Uno de los hitos más concretos es la creación del Instructivo de Uso de Nombre Social Mara Rita, desarrollado en conjunto con organizaciones estudiantiles. Esta herramienta permite que estudiantes y personas trans, intersexuales y no binarias que trabajan en la institución puedan utilizar su nombre social en distintos ámbitos de la vida universitaria, fortaleciendo el respeto por su identidad de género.
A ello se suma la Política de Diversidades y Disidencias Sexuales y de Género, instrumento transversal que establece lineamientos para prevenir y erradicar la discriminación y las violencias basadas en orientación sexual, identidad y expresión de género. Su objetivo central es fortalecer la participación de las diversidades en la vida universitaria, promoviendo una convivencia libre de violencia y discriminación, con mecanismos de seguimiento para medir su implementación y resultados.
En el plano formativo, la expansión ha sido notable. Desde 2021, la Dirección de Igualdad de Género dicta diplomas de postítulo para el cuerpo académico y profesional con perspectiva de género, en los que han participado 270 personas en cinco versiones, el 60% perteneciente a la propia Universidad de Chile y el 40% a universidades del Consejo de Rectores.
Durante 2025, la oferta de programas con contenidos de género y diversidades alcanzó los 229 cursos —133 de pregrado, 23 de Formación General y 73 de postgrado—, lo que representa un crecimiento sostenido: en pregrado, los cursos se multiplicaron por seis, mientras que en postgrado se cuadruplicaron (Informe de Seguimiento Políticas de Igualdad de Género, 2025. Observatorio de Violencias e Igualdad de Género, Dirección de Igualdad de Género, Universidad de Chile)
Para Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, el actual escenario impone un giro en la agenda del movimiento por la diversidad. Si durante años el foco estuvo puesto en levantar políticas, estructuras e indicadores, hoy la prioridad es otra: sostener lo conquistado. "Creo que lo más importante ahora es consolidar, afirmar, hacer redes y fortalecer la fuerza social que tenemos para defender lo que hemos logrado", afirma, subrayando que el compromiso no puede limitarse a mejorar lo existente cuando lo existente está bajo amenaza.