La docencia clínica es el espacio donde quienes estudian carreras de la salud deben integrar, por primera vez, teoría y práctica. Es el momento en que todo lo aprendido se articula con la atención real de pacientes, integrando competencias técnicas, éticas y socioafectivas. A veces, estos escenarios formativos no se desarrollan en condiciones que aseguren el respeto, el acompañamiento y el bienestar, lo que tensiona la experiencia educativa del estudiantado.
En este contexto, la Norma de Carácter General N° 4 de la Superintendencia de Educación Superior (SES), que entró en vigencia el 1 de enero de 2026, constituye un avance relevante al establecer principios de derechos humanos, enfoque de género, participación estudiantil y resguardo del bienestar en los campos clínicos. No obstante, persisten brechas en su operacionalización pedagógica, en la definición de estándares verificables y en los mecanismos de monitoreo, lo que dificulta su aplicación homogénea entre instituciones.
Estos desafíos son abordados en el policy brief "Buen trato en la docencia clínica: Recomendaciones para fortalecer e implementar la Norma de Sana Convivencia y Protección de la Salud Mental en Campos Clínicos", documento público y de libre circulación publicado por la Universidad de Chile, a través de su Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID).
Para Ximena Lee Muñoz, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y autora del documento, el alcance del problema excede el ámbito interno de las instituciones. "El buen trato en la formación en salud no es solo una preocupación interna de las universidades o de los equipos docentes; es un asunto de política pública porque incide directamente en la calidad de la formación profesional, en la salud mental de quienes aprenden y, finalmente, en la calidad de la atención que recibirán las personas", señala. La académica agrega que los campos clínicos son espacios donde se aprende "no solo conocimiento técnico, sino también formas de relación, de toma de decisiones, de ejercicio de autoridad y de cuidado", por lo que promover ambientes formativos respetuosos es también "una forma de resguardar el derecho a una educación de calidad y a una atención en salud más humana".
Las brechas detectadas
A partir del diagnóstico y de la evidencia internacional sobre estándares mínimos para organizar la docencia clínica, el documento identifica seis brechas principales: el ejercicio de la tutoría clínica sin formación docente específica ni condiciones adecuadas; condiciones formativas precarias y desalineadas con los objetivos de aprendizaje; una débil traducción pedagógica de los principios de derechos humanos, equidad de género e inclusión; una participación estudiantil aún limitada en el monitoreo del clima formativo; una evaluación docente insuficiente en dimensiones de buen trato y acompañamiento; y la ausencia de mecanismos compartidos de monitoreo y aprendizaje entre universidades.
El texto advierte que estas condiciones afectan la salud mental del estudiantado, debilitan el aprendizaje significativo y deterioran dimensiones fundamentales de la formación profesional, como la empatía, el juicio ético y la calidad del vínculo con pacientes y equipos de salud.
Paula Soto Reyes, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y autora del documento, explica cómo las condiciones de los campos clínicos inciden en el aprendizaje. "El contexto asistencial asume que las y los estudiantes manejan toda la información necesaria para un adecuado rendimiento, sin embargo esto se va configurando a través de la experiencia, donde la figura del tutor o tutora clínica es fundamental", afirma, describiendo esa función como una mediación entre la experiencia y el conocimiento. En esa línea, advierte que "las jornadas extensas y la alta carga asistencial no permiten el espacio reflexivo para procesar toda la información", y sostiene que quien ejerce la tutoría debe seleccionar las experiencias y promover lo reflexivo, "regulando la jornada y la carga de trabajo". De ese modo, explica, las y los profesionales en formación "van ganando seguridad y confianza, lo que les permite ir asentando aprendizajes y experimentando su rol profesional, en un contexto seguro, acompañado, donde gradualmente puede desarrollar la autonomía necesaria hasta su egreso".
De los principios a la práctica
Desde una perspectiva de política pública, el documento plantea que el principal desafío ya no radica en la formulación general del problema, sino en su implementación efectiva: la Norma ofrece un marco orientador robusto, pero requiere instrumentos operativos capaces de traducir sus principios en criterios observables, procedimientos comunes y mecanismos de seguimiento. Sobre qué significa esa traducción, Ximena Lee precisa que implica "pasar de las declaraciones generales a conductas observables, criterios compartidos y procedimientos concretos". En concreto, dice, supone "que los equipos clínico-docentes sepan cómo retroalimentar sin humillar, cómo corregir errores sin exponer innecesariamente a los estudiantes, cómo actuar ante situaciones de maltrato y cómo construir ambientes en los que sea posible aprender con seguridad psicológica". Para la académica, ese proceso "requiere formación, acompañamiento, liderazgo institucional y herramientas simples que ayuden a tomar mejores decisiones en la práctica diaria".
El documento subraya que la sola existencia de la Norma no asegura transformaciones homogéneas: en ausencia de lineamientos comunes, su aplicación queda sujeta a arreglos locales y culturas institucionales heterogéneas, lo que puede profundizar las desigualdades entre programas e instituciones.
Las recomendaciones
Sobre esta base, el documento propone una agenda de implementación organizada en torno a siete líneas de acción, sustentadas en instrumentos ya disponibles en el marco institucional vigente. Entre ellas se cuentan las siguientes: definir un perfil nacional del tutor o de la tutora clínica junto a un sistema de formación obligatoria; establecer estándares mínimos de condiciones formativas y bienestar en los campos clínicos; incorporar los derechos humanos, la equidad de género y la inclusión como competencias evaluables; fortalecer la participación estudiantil efectiva; implementar sistemas de evaluación docente integral centrados en buenas prácticas; desarrollar mecanismos interuniversitarios de monitoreo y transparencia; y disponer de guías técnicas y repositorios abiertos para transferir buenas prácticas. Respecto de la formalización del perfil del tutor o de la tutora clínica, Ximena Lee plantea que permitiría reconocer que "enseñar en un campo clínico no depende solo de la experiencia profesional, sino también de competencias pedagógicas, éticas y relacionales". Para el estudiantado, ello significaría "contar con referentes más preparados para acompañar su aprendizaje", mientras que para los docentes implicaría "mayor claridad en su rol, mejores condiciones para ejercerlo y una formación que respalde su labor". No se trata, aclara, "de burocratizar la docencia clínica, sino de reconocerla como una función altamente especializada y socialmente relevante".
La importancia de que los estándares de bienestar sean verificables es enfatizada por Paula Soto, quien señala que "el piso mínimo o la línea de base debe ser igual para quienes están iniciando su formación clínica, y esta debería establecerse en forma graduada de acuerdo al nivel formativo de las y los estudiantes". Por eso, agrega, la coordinación entre el centro formador y la unidad clínica resulta clave, de manera que el estándar "no debería quedar como un criterio aislado de quienes forman, de acuerdo a su experiencia docente, sino como lineamiento institucional". Esa coordinación remite a la corresponsabilidad entre universidades y servicios de salud que propone el documento: la académica detalla que el centro formador "aporta la mirada curricular y estrategias metodológicas y evaluativas, mientras que la unidad clínica ofrece la experiencia en una determinada área o especialidad".
Finalmente, las autoras vinculan el buen trato durante la formación con la calidad de la atención futura. Según Paula Soto, la evidencia muestra que el maltrato en la formación en salud "genera desgaste y desconexión de las y los estudiantes con su aprendizaje y también se transforma en un mal modelo para la interacción en el contexto sanitario, arriesgando la relación empática con sus usuarios y compañeros del equipo de salud en el futuro". En la misma línea, Ximena Lee resume el aporte del documento al debate nacional: "Desde la Universidad de Chile, proponemos que la discusión sobre la convivencia en los campos clínicos no se limite a la prevención del maltrato, sino que avance hacia una cultura formativa centrada en el respeto, la responsabilidad institucional y la calidad del aprendizaje".
Lanzamiento
El documento fue elaborado por un equipo de académicas y académicos de la Facultad de Medicina y la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, junto a colaboradores de otras instituciones. Su lanzamiento se realizará el miércoles 22 de julio, de 10 a 12 horas, en el Auditorio Alberto Donoso, segundo piso de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina.