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Cuando ocurren grandes incendios forestales en zonas en las que se unen terrenos urbanos y rurales, la diferencia entre la vida y la muerte es de solo minutos. Se han implementado alertas y estas llegan a los dispositivos de los habitantes, pero no todos saben hacia dónde deben ir.
Para responder a este desafío, un equipo interdisciplinario de investigadoras e investigadores del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), del cual es patrocinante la Universidad de Chile -encabezado por Gabriela Azócar, Alejandro Miranda, Pablo Sarricolea, Ana María Ugarte y Pilar Moraga-, elaboró el reporte Policy Brief "Incendios de interfaz y evacuación: hacia un marco operativo basado en evidencia", publicado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID).
Los incendios de interfaz urbano-rural se han convertido en una de las principales amenazas socioambientales en Chile, especialmente en la zona centro-sur, donde ocurre más del 90% de estos eventos. Entre 2014 y 2023, los grandes incendios se triplicaron respecto de la década anterior, superando 1,7 millones de hectáreas quemadas. Episodios como la "Tormenta de Fuego" de 2017 en el Maule, los incendios de Biobío en 2023, la catástrofe de Viña del Mar y Quilpué en 2024 y el incendio de Penco-Lirquén de enero de 2026 revelan tanto la magnitud creciente del fenómeno como los límites de la respuesta institucional disponible.
Fallas en el terreno ante la emergencia
El estudio advierte que, si bien el país ha logrado modernizar sus instituciones de respuesta a través de Sinapred, Senapred y Conaf, aún existen vacíos críticos en la fase de evacuación. La evidencia técnica demuestra que la pérdida de vidas y viviendas no responde únicamente a la velocidad de las llamas, sino también al colapso de las vías de escape, la falta de señalética y la demora o imprecisión en los avisos de alerta.
Las emergencias en zonas de interfaz -donde las viviendas colindan directamente con bosques y matorrales- exigen decisiones en segundos. Si la instrucción de huir no va acompañada de rutas despejadas y puntos de encuentro claros, la evacuación puede transformarse en una trampa de tráfico e incertidumbre.
La normativa actual ofrece orientaciones amplias que no distinguen entre tipos de amenaza ni consideran las dinámicas propias de los incendios de interfaz, lo que incrementa el riesgo de evacuaciones tardías, descoordinadas e inseguras.
Gabriela Azócar, investigadora del CR2 y académica de la Universidad de Chile, explica que el problema de fondo es la incertidumbre inherente a este tipo de eventos: "El comportamiento de los incendios que se producen en la intersección entre zonas rurales y zonas pobladas se caracteriza por una alta incertidumbre, ya que la propagación del fuego puede cambiar de dirección rápidamente. Por ello, se requieren protocolos específicos que permitan a los actores encargados de la gestión del riesgo y la emergencia tomar decisiones efectivas sobre cómo orientar la evacuación de la población afectada".
El análisis del incendio de Viña del Mar y Quilpué de 2024 ilustra estos problemas con precisión. Un estudio basado en datos de movilidad de alta resolución mostró que la respuesta inicial a las alertas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) fue rápida, pero su efectividad cayó abruptamente al registrarse una caída del 80% en la conectividad móvil a los 90 minutos del primer mensaje. El mismo episodio evidenció brechas socioeconómicas: los hogares de menores ingresos evacuaron más tarde y permanecieron desplazados por más tiempo, mientras que los de mayores ingresos lo hicieron antes y retornaron con mayor rapidez.
Frente a esto, Gabriela Azócar señala que garantizar la llegada de instrucciones claras a la población requiere diversificar los canales de comunicación. "Se recomienda activar el modo roaming en los teléfonos móviles para captar señales de distintas compañías, involucrar a las radios locales en la difusión de información oficial y recurrir a la comunicación satelital por parte de los distintos actores que trabajan en la respuesta a este tipo de incidentes".
El problema de la delimitación y la planificación territorial
Alejandro Miranda, investigador del CR2 y académico de la Universidad de La Frontera, destaca que una condición previa a cualquier protocolo de evacuación es delimitar con precisión las zonas de interfaz urbano-forestal, algo que actualmente Chile no tiene resuelto. "La interfaz urbano-rural pareciera algo relativamente intuitivo de definir, donde hay personas y casas expuestas a incendios forestales; sin embargo, en Chile no podríamos trazar un mapa con parámetros objetivos que nos permita delimitar dónde comienza y termina la interfaz". Esta definición, agrega Miranda, es necesaria incluso antes de pensar en la evacuación, pues permite establecer políticas de control de combustibles, limitar actividades generadoras de riesgo y precisar el rol de los organismos públicos con competencias territoriales. Por eso, advierte: "La población debe informarse sobre las condiciones de los territorios que habita y tomar decisiones informadas respecto de qué proyectos inmobiliarios resultan seguros y cuáles no".
Las recomendaciones
El Policy Brief organiza sus recomendaciones en dos niveles. A nivel nacional, propone optimizar el SAE con mensajes más breves y canales redundantes; desarrollar protocolos diferenciados para incendios de propagación rápida que estandaricen decisiones críticas (como cuándo ya no es seguro evacuar y cuándo orientar hacia un refugio temporal); integrar factores psicosociales en los planes de evacuación; e incorporar puntos de activación basados en modelos de propagación del fuego y simulación de tráfico.
Para Azócar, esto significa "generar protocolos especializados para emergencias por incendios de interfaz, que incluyan indicadores secuenciales que sustenten la decisión del llamado a evacuar, la definición de zonas seguras para este tipo de eventos y la capacitación comunitaria en distintas estrategias de evacuación, adaptadas a diferentes contextos según la cercanía del fuego". A nivel local, el documento recomienda diseñar mapas de evacuación específicos para zonas de interfaz, desarrollar microrutas peatonales a escala barrial, fomentar planes comunitarios de emergencia y realizar simulacros multiescala anuales.
El documento concluye que la eficacia de estas medidas depende de la articulación entre los niveles nacional, local y comunitario, y de la colaboración entre la academia y los sectores público y privado, con el propósito de transitar de protocolos genéricos hacia una gestión de la evacuación fundamentada en evidencia científica, características territoriales y saberes locales.