Exposición del Rector de la Universidad de Chile, profesor Luis A. Riveros en la Sesión del H.Consejo de rectores de Universidades Chilenas del 27 de abril de 2000.
Con motivo de la exposición de la señora Ministra de Educación doña Mariana Aylwin sobre aspectos de calidad y equidad de la educación superior.
Señora Ministra de Educación, señora Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio, Colegas Rectores.
Quiero expresar a nombre de la Universidad de Chile algunas ideas sobre el tema que la Ministra ha decidido incluir en la Tabla de este Consejo, cual es la calidad y la equidad de la Educación Superior Chilena. Lo hago en forma consecuente con el mandato de mi comunidad universitaria y para expresar junto con nuestro punto de vista, la satisfacción por haberse incluído este tema en la agenda de discusiones de este Consejo.
Nos parece que era necesario, desde hace mucho tiempo iniciar esta discusión que el país y las comunidades de nuestras instituciones universitarias esperan para enfrentar un sinnumero de problemas en cuanto al desarrollo del sistema. Como sabemos, ha sido ésa la demanda permanente de nuestros estudiantes, quienes ta,bién necesitan respuestas oficiales acerca de definiciones de política pública y sobre aspectos fundamentales para llevar adelante nuestros proyectos de desarrollo. Por ello, expreso a nombre de la Universidad de Chile nuestra satisfacción por esta señal auspiciosa que nos entrega la autoridad en torno a la decisión de impulsar esta discusión para analizar las propuestas que lleven a definiciones que es necesario adoptar. Estamos conscientes que ello debe implicar un debate amplio y honesto en torno a los principios y propuestas del Gobierno, pero también en función de las muy diversas realidades institucionales, nuestros proyectos y nuestras propuestas, que deben someterse a análisis en función de prioridades nacionales y del conjunto que representan las instituciones de este Consejo de Rectores.
Deseo establecer, como un aspecto preliminar, que nos parece indispensable separar en materia de políticas al plano universitario de aquél relativo a la Educación Técnica Superior, ya que su condensación en un mismo conjunto de problemas no constituye el mejor escenario para establecer políticas e incentivos apropiados frente a situaciones de muy diversa naturaleza. En este sentido, esperamos que el Ministerio aborde la manera conveniente de deslindar las estructuras y materias que tienen que ver con la separación de ambas realidades, y que potencien sus respectivos desarrollos.
En segundo lugar, nos parece que el tema de calidad y equidad pasa por una definición mucho mas radical en materia de acreditación que los pasos dados hasta ahora. Pensamos que ello requiere un ordenamiento y una evaluación, antes que nada, de las universidades miembros de este Consejo de Rectores, ya que ello entregará una señal sana y transparente frente al preocupante estado que en materia de calidad observa el sector universitario externo a este Consejo. No proponemos una Comisión acreditadora del Estado, pero sí la instauración de instancias de acreditación que puedan exhibirse como certificación de la calidad de nuestros proyectos en plazos determinados. Pensamos que el estado debe acordar con los interesados los estándares mínimos y los procedimientos, para luego descansar en comisiones técnicas académicas. Asimismo, y frente a los intentos de autoregulación de este Consejo, creemos que deben buscarse los mecanismos para incorporar a diversas instancias del mismo, a todas las universidades autónomas del país, terminando así con una segmentación que en nada ha colaborado a la mayor integración, efectividad y calidad integral del sistema.
En tercer lugar, nos parece que debe definirse una política distinta en materia de financiamiento. Eso se ha incorporado en de un tema que se ha abordado muy lentamente en el contexto del proyecto MECESUP, y que tiene que ver con la revisión de los aportes basales en función de criterios de política. Antes que nada, el Estado chileno debe definir su propósito de fondo en cuanto al financiamiento directo de las universidades, y al modo de implementar, como se había anunciado, los convenios de desempeño que nos permitan dar cuenta del uso de los recursos en materia de investigación y otras actividades no financiadas directamente por la via de los aranceles. Asimismo,y en segundo término, nos parece que proyectos universitarios diferentes deben financiarse con distintos instrumentos, sin alterar el propósito de otros fondos nacionales como los relativos al Arte y a la Investigación Científica y Tecnológica. El Estado debe apoyar proyectos de desarrollo universitarios, radicados en entidades que necesitan consolidarse y que deben especificar prioridades en torno a una política estatal de estímulo definido. Otras, precisan de instrumentos que premien exclusivamente la excelencia de su investigación y docencia, y que por la via de programas de apoyo académico se constituya en el fundamento de universidades maduras y asentadas. Aún otras necesitarán un énfasis regional mucho mas pronunciado y explícito en su trabajo académico, contando para ello con el apoyo de presupuestos de desarrollo regional. Creemos que el Ministerio debe contar con una batería de instrumentos diversos para financiar a diferentes proyectos universitarios, terminando con una situación actual que es crítica al considerarse en forma homogénea a las diversas realidades y estadios de desarrollo, siendo el único elemento en común la necesidad que las instituciones rindan cuenta del uso de sus recursos en términos de resultados académicos.
En general, nos parece que el Estado debe apoyar los proyectos innovativos en una realidad universitaria que debe cambiar en forma dramática de acuerdo a las necesidades productivas e intelectuales del mundo de hoy. Por ejemplo, siempre nos pareció que el proyecto MECESUP debió apoyar en forma explícita los proyectos que cambiaban la visión de la formación profesional que hoy día prevalece y que parece, en diversos aspectos, estar desvinculada con las exigencias del mundo actual, llevando a diseñar un nuevo sistema de ingreso y selección a las carreras.. Eso desafortunadamente no sucedió, a pesar de lo conveniente para Chile de poder efectuar una reforma de fondo en materia de desarrollo de pre y posgrado.
Lo anterior amerita una mención sobre el financiamiento de la investigación. Su Excelencia, el Presidente de la República, ha anunciado que se doblarán los recursos en este ámbito durante la duración de su mandato. Aplaudimos y apoyamos esa voluntad que es tan importante para el proyecto económico y social del país en cuanto al sustento en conocimiento que el mismo requiere. La decisión de radicar esos recursos en las universidades, nos parece acertada para poder maximizar la eficiencia en el uso de los mismos y ampliar las posibilidades de asociación y proyección al exterior. Pensamos, sin embargo, que la correcta implementación de esta política tiene dos consideraciones fundamentales en orden a garantizar su vigencia. Por una parte, requiere revisar los aportes basales en universidades complejas, para que efectivamente se complemente con la realización de programas de larga duración en áreas preferentes. Por otra, que se diversifiquen los instrumentos de financiamiento para el apoyo de universidades con programas o áreas de investigación en desarrollo.
En cuarto lugar, respecto a los temas de equidad, deben darse giros fundamentales para corregir los errores que alberga actualmente el sistema. Por una parte, postulamos la necesidad de reformas fundamentales en el sistema de crédito solidario, tanto desde el punto de vista de su administración, como en relación a los incentivos que han venido desarrollándose en el tiempo. Esto último tiene que ver con la necesidad de revisar en forma profunda los proyectos universitarios vigentes, algunos de ellos con serios problemas de sustentación ante un crecimiento justificado solo en base a posibilidades de financiamiento. Asimismo, postulamos la imperiosa necesidad de establecer criterios técnicos definidos e informados para el financiamiento del Fondo en las diversas instituciones, mientras la administración siga en el actual sistema descentralizado. Por otra parte, sostenemos la evidente necesidad de ayuda solidaria complementaria, y de revisión del AFI en función de objetivar a población estudiantil en situaciones sociales precarias. Finalmente, creeemos que el Estado debe continuar apoyando lineas especificas de interés en razón de principios de política pública, como es el caso de las Pedagogías, y quizás también de las Humanidades y las Artes.
En términos generales señora Ministra, señora Jefa de la División y colegas Rectores, creemos que hay una oportunidad para introducir revisiones a lo que hemos estado haciendo, y para dar lugar a una profundización en cuanto a la calidad de lo que hacemos en investigación docencia y extensión, tanto como en lo relativo a equidad. Nos disponemos como Universidad para participar en este debate, y manifestamos nuestra mas absoluto compromiso para apoyar las gestiones que en esta dirección efectue la autoridad educacional. En ese sentido, respaldaremos todas las acciones que emprenda este Consejo que pasa así a retormar, como en su orpigen, su carácter de organismo de debate para la toma de decisiones sobre aspectos de política universitaria, renovando el compromiso histórico con que fué creado.